Apenas conocida para la sociedad hasta entonces, la subasta eléctrica CESUR certificó su final en su 25ª edición al saltar al primer plano de la actualidad informativa con la subida de más de dos dígitos (11,5%) del recibo de la luz anunciada para el primer trimestre de 2014. El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), anuló la subasta y el Gobierno reemplazó su función por un sistema vinculado directamente al pool eléctrico.

Ésta es la crónica jurídica de la reforma eléctrica, en la que los recursos, arbitrajes y otros conflictos jurídicos contra las medidas puestas en marcha por el Gobierno no han hecho más que empezar y plantean un horizonte muy complejo para el Ejecutivo. Una escalada judicial que implica a todas las partes del sector eléctrico e invita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a realizar una reflexión sobre su modo de proceder.

Estamos en semana de presentación de resultados por parte de las empresas energéticas y, bajo el denominador común de una fuerte reducción de los beneficios globales de las mismas, la evolución de las compañías españolas se sostiene por su diversificación exterior y presentando pérdidas en el mercado interior debido a las “reformas” del Gobierno, al caos y a la incertidumbre regulatoria en el sector energético. Cuestión, en este sector, que además es indiscutible y en la que existe consenso desde la perspectiva de todos los analistas y desde todos los sectores y susbsectores energéticos.

No ha sido un año más para las instituciones dentro del sector energético: la Comisión Nacional de la Energía (CNE) encontró su final, después de 15 años, dentro del proceso de desguace llevado a cabo por el Gobierno de los órganos reguladores sectoriales y que precedió a la puesta en marcha de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el nuevo macrorregulador, cuestionado desde su polémica gestación.

Ya se intuía desde la elaboración de una desastrosa Ley para los Sistemas Extrapeninsulares, que pone en riesgo la inversión en generación y la calidad del suministro. Pero la protesta es generalizada: las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, han dado un paso al frente en materia energética y plantan cara al Gobierno. En pie de guerra por la reforma Soria-Nadal, los recursos al Tribunal Constitucional no cesan mientras la oposición al fracking es frontal y cobra fuerza una evidencia: en Madrid, el ministro manda (y mucho) pero no gobierna.