Impuestos autonómicos en España: un país, 17 mercados

El panorama para el sector eléctrico deja datos significativos: a través de estos impuestos, la recaudación de las autonomías se aproxima a los 300 millones de euros. Según la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), sus empresas pagan 264 millones de euros a través de estos tributos.
Veamos la situación de cada comunidad autónoma, caso por caso.
Galicia. La comunidad gallega fue pionera, en tiempos del bipartito entre PSOE y BNG, en gravar el daño medioambiental causado por los embalses de agua que se aprovechan para la producción de energía hidroeléctrica. El PP votó en contra de este impuesto en el Parlamento gallego pero, cuando regresó al poder con Alberto Núñez Feijóo, no sólo no lo retiró sino que el propio presidente de la Xunta reclamó el pasado octubre nuevos proyectos hidroeléctricos para la cuenca hidrográfica del Miño-Sil. Por este impuesto, que recae mayoritariamente sobre Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola, se recaudan aproximadamente 14 millones de euros cada año.
Además, el Ejecutivo de Núñez Feijóo también fue pionero en materia tributaria autonómica al crear el canon eólico que grava el impacto paisajístico de los aerogeneradores. En este caso, el canon se introdujo dentro de una Ley más amplia para regular el conjunto del sector eólico y que fue rechazada por el PSOE y por el BNG. Por este impuesto se recaudan 23 millones de euros anuales.
Por último, desde 1996 existe un impuesto sobre la contaminación atmosférica que grava la emisión de cualquier compuesto oxigenado de azufre o nitrógeno. Por este concepto se recaudan 3,5 millones de euros anuales.
Asturias. El Gobierno de Vicente Álvarez Areces (PSOE) aprobó en los Presupuestos de 2011 un impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medioambiente por su impacto visual en el paisaje; entre ellas, se encuentran las actividades de transporte y distribución eléctrica. Por el conjunto del impuesto, la recaudación apenas supera el millón de euros.
Cantabria. Durante 2013 se tramitó y aprobó una Ley eólica para Cantabria que copiaba el modelo gallego de canon por cada aerogenerador. Finalmente, el propio Ejecutivo, del PP, llegó a un acuerdo con la patronal del sector para aprobar la Ley sin el citado canon.
Castilla y León. El segundo semestre de 2010 marcó un antes y un después en las relaciones de esta comunidad con el sector eléctrico. Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa recurrieron el Real Decreto de incentivos al consumo del carbón nacional y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP), calificó este recurso como «un acto de hostilidad que no olvidaremos». Enseguida se activaron los mecanismos para poner en marcha lo que se denominó eufemísticamente como «canon ambiental»;. El parón electoral de 2011 hizo que no se pudiera aprobar hasta comienzos de 2012. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, señaló como modelos a seguir para fijar estos impuestos el gallego y el extremeño: en consecuencia, impuestos a la producción hidroeléctrica, canon eólico e impuesto al transporte eléctrico; el resultado, 55 millones de euros anuales de recaudación.
La Rioja. El Ejecutivo de Pedro Sanz (PP) aprobó en los Presupuestos de 2013 un impuesto que grava el impacto visual y medioambiental de las infraestructuras necesarias para el transporte eléctrico y también para otras estructuras vinculadas a las telecomunicaciones. La recaudación es de 2,4 millones de euros cada año por el conjunto del impuesto.
Aragón. En tiempos del socialista Marcelino Iglesias como presidente de Aragón, esta comunidad introdujo un impuesto a las emisiones de gases contaminantes en la línea de lo que estaban haciendo otras autonomías socialistas como Castilla-La Mancha y Andalucía. La recaudación por este concepto asciende a 6 millones de euros aproximadamente.
Cataluña. El objetivo de déficit que el Gobierno marca a las autonomías siempre tiene un detractor: Cataluña se resiste a cumplirlo y a la vez se muestra incapaz de hacerlo. Los recortes aplicados por el Govern de Artur Mas (CiU) no alcanzan y actualmente se encuentran en fase de alegaciones los dos impuestos verdes anunciados por la Generalitat y que afectan a la actividad eléctrica con el objetivo de incrementar la recaudación: uno que grava la emisión de gases y partículas a la atmósfera y que reportará más de 2 millones de euros; y, el más importante, a la producción termonuclear de energía eléctrica que supondrá para las arcas catalanas el ingreso de aproximadamente 43,2 millones de euros anuales.
Comunidad Valenciana. La situación económica que atraviesa esta comunidad gobernada por el PP desde 1995 ha hecho que sus dirigentes abran nuevas vías recaudatorias para incrementar sus ingresos. De esta forma, el Ejecutivo de Alberto Fabra introdujo, con los Presupuestos de 2013, un impuesto que grava las emisiones a la atmósfera y la generación eléctrica, con tasas mayores para la producción termonuclear y más reducidas para otras fuentes, especialmente para la hidroeléctrica. Las energías renovables como la eólica, solar o biomasa, como es habitual en estos impuestos a la producción, quedan exentas. El objetivo inicial para 2013, recaudar 28,6 millones de euros, fue muy ambicioso: se recaudaron 15,6 millones de euros. Para 2014, el Presupuesto de la Comunidad Valenciana contempla recaudar 21 millones de euros.
Extremadura. La era de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) como presidente de la comunidad extremeña dio para mucho; entre otras cuestiones, fue uno de los pioneros en introducir la fiscalidad autonómica sobre actividades eléctricas en 1997. Eso sí, no hay que omitir que el impuesto que se creó sobre instalaciones que afectan al medioambiente era idéntico a uno creado por Baleares en 1991 y anulado por el Tribunal Constitucional en 2000. La misma suerte corrió el extremeño con la salvedad de que, después de diversas sentencias en contra y desencuentros con los sucesivos Gobiernos centrales, Extremadura lo ha mantenido a través de sucesivas modificaciones que buscan diferenciarlo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para justificar que no existe una doble imposición sobre estas instalaciones.
Por ello, se grava a la producción de energía eléctrica y al transporte en alta tensión. Además, desde el comienzo de la crisis económica, se ha incrementado considerablemente la recaudación: el socialista Guillermo Fernández Vara triplicó la tasa a la producción termonuclear y el posterior pacto entre el popular José Antonio Monago e Izquierda Unida para gobernar en Extremadura se saldó con otro notable incremento. En consecuencia, aproximadamente 95 millones de euros para las arcas autonómicas.
Castilla-La Mancha. Ríos de tinta sigue ofreciendo el impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medioambiente, la ecotasa puesta en marcha en tiempos de José Bono que gravaba, al igual que Galicia, la emisión a la atmósfera de compuestos oxigenados de azufre o nitrógeno ; pero también la producción termonuclear de energía eléctrica así como el almacenamiento de residuos nucleares, imposición anulada por el Tribunal Constitucional.
Además, la comunidad manchega siguió los pasos gallegos e instauró para el ejercicio 2012 el canon eólico; pero lo hizo con actores diferentes y con la pugna electoral autonómica de fondo, ya que fue el PSOE quien aprobó el canon eólico y el PP ejerció de oposición asegurando que era «un parche más del Gobierno de Barreda» y que era «inoportuno». Con la llegada de María Dolores de Cospedal a la presidencia manchega, el panorama no ha cambiado y la recaudación por el canon eólico manchego asciende a 12 millones de euros anuales.
Región de Murcia. Esta comunidad uniprovincial, que ve las últimas semanas de Ramón Luis Valcárcel (PP) en el poder después de 19 años, puso en marcha en los Presupuestos de 2006 un impuesto que grava la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. La recaudación anual apenas supera el millón de euros.
Hay que reseñar que la Región de Murcia también llegó a tener, únicamente en 2012, un impuesto verde que afectaba a la producción de electricidad a través de los ciclos combinados de gas que se encuentran en el valle de Escombreras. Finalmente, este impuesto se retiró porque la infrautilización que afectaba a esta fuente de generación en España, debida a la caída de la demanda y la prioridad que se da a la producción a través de fuentes renovables, hizo que la producción fuera mucho menor de lo esperado, lo que afectó negativamente también a la recaudación.
Andalucía. La comunidad andaluza, siempre en manos del PSOE, aprobó en los Presupuestos de 2004 dos impuestos relacionados con la protección del medioambiente. En primer lugar, gravó la emisión a la atmósfera de gases contaminantes, que reportó en 2013 más de 4 millones de euros. El otro impuesto, sobre el depósito de residuos radiactivos en vertederos situados en Andalucía, quedó en suspenso a partir de 2013 con la introducción de un impuesto similar por parte del Gobierno a nivel estatal.
Islas Canarias. El archipiélago canario cuenta desde el segundo semestre de 2012 con un impuesto que grava el impacto visual que provocan infraestructuras necesarias para a las actividades eléctricas del transporte y distribución en alta tensión así como el impacto de otras instalaciones necesarias para las telecomunicaciones. Aprobado por el bipartito formado entre Coalición Canaria y el PSOE y con la oposición del PP, según la Consejería de Economía y Hacienda, la recaudación superó las expectativas y se aproxima a 2 millones de euros.
También hay, desde 1987 y con incidencia sobre el sector energético, un impuesto especial para los combustibles derivados del petróleo que afecta a los comerciantes mayoristas de estos productos. Reporta casi 300 millones de euros a la comunidad canaria.
En las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra, Islas Baleares, la Comunidad de Madrid así como la citada Cantabria, no existen impuestos de carácter autonómico a la actividad eléctrica.