2013 (III): Rebelión a bordo en las comunidades autónomas

Murcia, Extremadura y Navarra ya han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que la reforma energética azarosamente puesta en marcha por el equipo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo vulnera principios consagrados en la Carta Magna como la seguridad jurídica, la confianza legítima o la irretroactividad de la Ley. Los productores solares han encontrado en dos barones autonómicos del PP, Ramón Luis Valcárcel y José Antonio Monago, a dos grandes baluartes en la defensa de sus intereses. A nadie se le escapa que el primero agota su poder autonómico enfilando el rumbo hacia las instituciones comunitarias europeas; el segundo, especialmente contestatario hacia el Gobierno central en reformas como la energética pero también otras como la del aborto, es el primer presidente del PP en Extremadura y gobierna gracias a la omisión de Izquierda Unida.
2013 ha sido en el sector eléctrico el año de la reforma Soria-Nadal; pero las Cortes también han aprobado la Ley de los Sistemas Insulares y Extrapeninsulares: una normativa específica para los sistemas eléctricos aislados que conforman Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y, especialmente, Canarias. El archipiélago canario ha sido el territorio que ha estado en el punto de mira a la hora de redactar la nueva Ley: un texto sobre el que ha planeado la influencia de Red Eléctrica de España (REE). La primera redacción del Ministerio suponía un auténtico retroceso en la liberalización.
Posteriormente, a raíz de la negociación emprendida con el Ejecutivo autonómico canario, se maquillaron levemente las medidas. Se pasó de expropiar las futuras centrales hidráulicas de bombeo a su adjudicataria en concurso público, Endesa, a exigir a esta compañía un calendario leonino de ejecución para estas centrales que en caso de incumplirse daría paso al traspaso de su titularidad a REE, culminando una de las clásicas aspiraciones del actual operador del transporte y operador del sistema de entrar en una tercera actividad, la generación, contraviniendo las directivas europeas que propugnan la separación de actividades eléctricas. Además, se imponen trabas a la inversión que quieran realizar los actuales operadores (principalmente Endesa) en el sistema eléctrico canario, lo que es ajeno a las necesidades de los ciudadanos y resulta increíble para sus propias autoridades. Por su parte, Repsol sigue encontrando la oposición de las autoridades políticas canarias para llevar a cabo sus prospecciones petrolíferas en el archipiélago.
Regulación dispar en las autonomías
Una de las principales partes damnificadas dentro del sector por las nuevas medidas puestas en marcha en 2013 por José Manuel Soria son las energías renovables: todo un lastre para estas instalaciones tal y como evidencian las dificultades de la Xunta de Galicia para conseguir que se cumpla con lo adjudicado en el último concurso eólico de 2010. Lo cierto es que los promotores han ido perdiendo las ganas de invertir a medida que aumentaba la presión fiscal y disminuían sus ingresos con los cambios previstos en su remuneración. En este sentido, Alberto Núñez Feijóo se ha visto obligado a anunciar una revisión del concurso eólico para facilitar la renuncia de los promotores a sus parques al tiempo que ha ofrecido una bonificación importante del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los que decidan seguir adelante con sus proyectos. La Xunta también se plantea recurrir la reforma energética de Soria en defensa de los intereses de los parques eólicos gallegos.
En enero del año pasado se conocía una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a Castilla-La Mancha a devolver 10 millones de euros a las compañías eléctricas recaudados por la llamada «ecotasa» a la energía nuclear, creada en tiempos de José Bono; una evidencia más del mal uso de la potestad regulatoria de las Administraciones y, particularmente, de la voracidad fiscal de las autonomías, ávidas de ingresos para sus arcas y capaces de articular todo tipo de impuestos y figuras tributarias genuinamente «made in Spain». Sobre todo en lo que se refiere a energía, cuyo gravamen es ciertamente fácil.
Por las mismas fechas se produjo un nombramiento en Cataluña que puede cobrar especial realce durante 2014 en la medida en la que el movimiento secesionista continúe dando pasos hacia la independencia: Pere Palacín tomaba los mandos de la Dirección General de Energía de la Generalitat y su labor va encaminada por los designios marcados por Artur Mas. A finales de año, Palacín presentaba un informe de su departamento en el que explicaba las supuestas ventajas que la independencia traería en materia energética para Cataluña.
Oposición a la fractura hidráulica
El cambio geoestratégico que han traído al mundo las nuevas técnicas de fracturación hidráulica ha propiciado que Estados Unidos se convierta en el primer productor mundial de hidrocarburos. Mientras, Europa se resiste a la llamada «revolución del fracking«. En primer lugar, únicamente Polonia parece el país con auténticas posibilidades de albergar unas reservas notables. Pero es que, además, otros países con potencial como Francia y Alemania ya han anunciado que renuncian a esta técnica, sobre la que existen no pocas sospechas de tener un impacto negativo en el medioambiente. El premier británico David Cameron ha sido de los pocos líderes europeos que se han manifestado abiertamente a favor del fracking , encontrando gran contestación social en el condado de West Sussex.
España tampoco ha escapado a la polémica. Desde el Gobierno central, el Ministerio se ha mostrado favorable al uso de la técnica; de hecho, José Manuel Soria ha manifestado que lo que realmente le preocupa del fracking es que finalmente no se encuentren hidrocarburos en España (o que no se encuentren bajo su mandato). Y las Cortes han aprobado, únicamente con el voto del PP, la Ley de Evaluación Ambiental, que contiene la primera regulación del fracking en España. La competencia para otorgar permisos que utilicen la fractura hidráulica es de las comunidades autónomas si solamente implica a su territorio; lo cierto es que la competencia pasa al Ministerio si los permisos son para áreas que afectan a más de una autonomía, lo que facilita que se puedan burlar las diferentes prohibiciones. Este punto ha puesto en pie de guerra a las instituciones territoriales hasta llegar al absurdo. Municipios sin reservas se han declarado como «libres de fracking» aunque no tengan opciones de que en su territorio se ponga en práctica esta técnica.
Al igual que con la reforma energética, la comunidad que ha encabezado la rebelión contra el uso de la fractura hidráulica es de su mismo color político: Cantabria, presidida por el popular Ignacio Diego, fue la primera comunidad que prohibió por Ley el fracking en su territorio. Después lo hicieron la también popular La Rioja y Navarra; además, Cataluña anunció que procedería a prohibirlo en su territorio mientras en Asturias y en Andalucía han sido sus parlamentos los que han proclamado el rechazo al fracking. Complejo mapa autonómico del fracking y escenario complicado para el Gobierno, que también ha encontrado la oposición de los grupos ecologistas, organizadores de múltiples marchas y concentraciones para mostrar su rechazo. Y por si esto fuera poco, en septiembre tembló el almacén de gas Castor, sacudiendo la costa mediterránea y soliviantando especialmente a la ciudadanía y también a la Generalitat catalana y valenciana; desde entonces, los informes que José Manuel Soria emplazó para finales de octubre aún duermen el sueño de los justos.