2013 (II): Entropía energética: Auge de la judicialización del sector con la reforma Soria-Nadal

Se trata de la crítica más compartida por la oposición en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados: la política energética del Gobierno «se limita» a luchar contra el déficit de tarifa. Tampoco es un planteamiento que incomode a los diputados del PP ante la magnitud del problema acumulado, cada vez mayor, y que arranca 2014 con una cifra cercana a los 30.000 millones de euros. Desde luego, los resultados en esta materia han sido escasos, discutibles y más bien polémicos ya que se han visto arruinados por la falta de coordinación política y económica del Ejecutivo. De fondo, la carencia absoluta de un modelo energético.
La llegada de Alberto Nadal a la Secretaría de Estado de Energía llevó el reconocimiento implícito de la pérdida del primer año de la legislatura: más de 5.600 millones de euros de déficit de tarifa en 2012, cuando el objetivo era de 1.500 millones de euros , mientras que la deuda acumulada sobrepasaba ya los 26.000 millones de euros. En contra de lo anunciado, tampoco el segundo año de legislatura ha puesto límite a este déficit.
A principios de febrero, sin emprender ningún tipo de diálogo, negociación ni gestión y con la justificación de que la labor del Gobierno es velar por el interés general, José Manuel Soria y Alberto Nadal ponían en marcha una estrategia «distributiva» que «de facto» fue comunicada como una especie de supuesto reparto junto a tres de los daños de la lucha contra el déficit: recorte de las actividades reguladas para los agentes del sector, subida de la luz para los consumidores y aportación por parte del Estado de 3.600 millones de euros con origen en los Presupuestos Generales del Estado. Lo cierto es que, a la hora de la verdad, el primero que se cayó de este supuesto reparto equitativo es el propio Ejecutivo que, merced a la rivalidad entre Hacienda e Industria, ha cargado la lucha contra un déficit originado por decisiones políticas a espaldas de los consumidores y de las empresas del sector.
Meses antes de la reforma, se aprobó el Real Decreto 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero: un paquete legislativo que modificó el sistema de primas a las renovables y las colocaba en el foco central de las causas del déficit. La reacción del sector renovable fue inmediata y se ha prolongado a lo largo de 2013; pero no ha sido unitaria, aunque obviamente tengan puntos en común.
Por un lado, asociaciones como la AEE y UNEF comenzaron su estrategia defensiva de la seguridad jurídica y retributiva basándose en el respeto a los derechos que tenían reconocidos; por otro, organizaciones como APPA y Anpier pasaron a la ofensiva adoptando una estrategia que buscaba la complicidad del Gobierno al pedir que no se subiese la tarifa mientras colocaban en su punto de mira a las compañías eléctricas, defendiendo una mayor intervención del mercado para mantener las primas renovables y limitando la retribución de ciertas tecnologías. Un planteamiento que reivindica el abaratamiento que las renovables producen en el precio del mercado eléctrico a costa de disimular el incremento en el coste del suministro y otorgando gran relevancia a la autarquía energética en una economía globalizada. A pesar de todo esto, continúa abierto un enfrentamiento entre tecnologías que pierde de vista lo que realmente les perjudica: la reforma energética del Gobierno.
La judicialización de la reforma
A mediados de julio se presentaron las líneas maestras de la reforma energética del Gobierno. La nueva normativa, compuesta por la nueva Ley del Sector Eléctrico así como por diversos Reales Decretos-Ley y Órdenes Ministeriales, algunos aprobados y otros por definir aún, augura un auténtico campo de batalla jurídico que se suma al ya iniciado por los recortes a las renovables realizados con anterioridad. El concepto de rentabilidad razonable, que rige el nuevo sistema retributivo para las energías renovables y la cogeneración, deja al margen al más utilizado en los países de nuestro entorno: el WACC, junto a la retroactividad con la que se quieren aplicar las medidas constituyen sus principales focos de controversia y serán los tribunales los que dictaminen si el Gobierno consigue su propósito o se ha excedido en su labor regulatoria.
Según Pablo Dorronsoro, socio de Baker&McKenzie, el momento clave para recurrir la reforma será la publicación de las órdenes ministeriales. Mientras tanto, un amplio frente se configura frente a la reforma del Gobierno: empresas del sector renovable y sus patronales, en sus dos vertientes, anuncian recursos contra el Gobierno. Varias Comunidades Autónomas, algunas del PP como Murcia y Extremadura encabezan la rebelión contra la nueva normativa del Gobierno, a pesar del voto favorable que han emitido sus diputados y senadores, así como la oposición socialista ya han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional en defensa de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Incluso Anpier llegó a hacer tambalear el proceso de contratación de las consultoras privadas, Roland Berger y Boston Consulting, que se encargarán de concretar los estándares de empresa eficiente y bien gestionada que especifica la reforma e incluir a cada instalación en su estándar correspondiente.
A nivel internacional, se encuentran ya en marcha los arbitrajes de inversión solicitados por productores fotovoltaicos y termosolares. Son los primeros; en próximos meses llegarán más, puesto que las empresas y fondos de inversión extranjeros intentarán hacer valer sus derechos. Conocido fue el malestar que se trasladó ante la reforma energética desde diferentes embajadas, especialmente de las de Estados Unidos y Japón. Quejas del exterior sobre la inestabilidad regulatoria en España, que pone en cuestión la rentabilidad de las inversiones realizadas y dificulta la llegada de nuevos inversores. De momento, ya se ha conocido que la firma estadounidense Solar Reserve renuncia a la central termosolar que iba a construir en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a pesar del trato de favor que iba a recibir y que desveló El País. Y el 13 de enero Barack Obama recibe a Mariano Rajoy en la Casa Blanca…
De 2014 se espera una avalancha de recursos judiciales que se precipitará sobre la reforma energética del Ejecutivo, que abocará al sector a una situación inestable dominada por la incertidumbre y la inseguridad jurídica.