La reforma de la discordia

De las Comunidades Autónomas a las asociaciones sectoriales, de los fondos de inversión a las empresas, de las tecnologías de generación a la distribución, desde las diferentes instancias, la reforma y sus sucesivas reformas cosechan ya un nivel considerable de litigiosidad, bien sea efectiva o anticipada. Lo cierto es que, debido a la forma en la que se ha articulado desde Industria y el Gobierno, la situación del sector eléctrico es lo más lejana a la concordia que tanto se reivindica en estos días. He aquí una crónica de esta deriva judicial, que además presagia reveses futuros.
La nueva Ley del Sector Eléctrico, a pesar de contar desde un principio con el voto favorable del grupo parlamentario mayoritario del PP, pronto atisbó las primeras señales de rechazo desde las comunidades autónomas. Cuatro autonomías han presentado ya recursos de inconstitucionalidad contra diversas cuestiones de la norma, algunas con gobiernos populares como Extremadura y la Región de Murcia.
Además, la Ley contó finalmente en el Congreso de los Diputados con los apoyos de los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV), que justificaron su cambio de opinión en las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria de la Ley, aunque ambos apoyos son cuestionables a tenor de los acontecimientos posteriores.
En un primer caso, más explícito, la Generalitat de Cataluña, presidida por Artur Mas, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional contra varios preceptos de la Ley porque «prácticamente vacían de contenido» la competencia de la Generalitat en materia de energía y consumo; en el caso del PNV, las críticas a la reforma por parte de su portavoz parlamentario, Pedro Azpiazu, tampoco han cesado y hace dos semanas se mostró favorable al Pacto de Estado en energía propuesto desde las filas del PSOE.
Sector en pie de guerra
Dejando a un lado la oposición encontrada a escala institucional, hay que señalar que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, apostó durante 2013 por un reparto a tres de los daños que implica la lucha contra el déficit tarifario entre las tres partes que componen el sistema eléctrico: el Estado, con más aportaciones en los Presupuestos Generales del Estado al sistema eléctrico; los consumidores con una subida de la tarifa del 3,2% a partir de agosto de 2013, y los agentes del sector, mediante la reducción sus ingresos vía recortes e impuestos.
Después de meses enarbolando esta propuesta como la solución para atajar el déficit de tarifa, a la hora de la verdad, que en política es la hora de cerrar los Presupuestos, desveló que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no era partidario del discurso de Soria y, escudándose en la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit público impuesto por la Unión Europea, retiró del sector eléctrico los 3.600 millones de euros que el Estado había comprometido, anulando con una enmienda una Ley que las Cortes había aprobado urgentemente 40 días antes.
La consecuencia más inmediata fue una subida de los peajes para que los consumidores paguen en 15 años esos 3.600 millones de euros que, de momento, deben financiar las compañías eléctricas asumiendo esta deuda en sus balances. A efectos prácticos, hablamos de una subida de aproximadamente un 1% en el recibo de la luz desde el pasado mes de enero, que se extendió finalmente al 2,3% al sumar lo que el Gobierno consideró que se iba a encarecer la energía durante el primer trimestre de 2014.
Precisamente, esta orden de peajes ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) evocando el principio de suficiencia tarifaria para que los ingresos regulados cubran los costes regulados. La patronal eléctrica considera que la subida de los peajes es «insuficiente» y que, de no corregirse, hará que se produzca más déficit tarifario. También ha presentado recurso en solitario Endesa. Y no son los únicos movimientos que están realizando las compañías eléctricas, porque cabe recordar que Unesa recurrió la retribución planteada para la distribución, algo que también han hecho Iberdrola y E.ON por separado. Igual que Aseme (Asociación de Empresas Eléctricas), que agrupa a las pequeñas distribuidoras eléctricas.
Todos los agentes se quejan
Por su parte, el ministro Soria se queja de esta escalada judicial. Días pasados afirmó que las compañías eléctricas recurren «absolutamente todo». No es para menos. Soria ya es conocedor de la cantidad de fracasos judiciales que cosecha su departamento en lo que se refiere a la regulación energética, sobre todo por la propia forma en que se elabora, bordeando cuando no contraviniendo las leyes españolas o europeas existentes en cada momento. De ahí lo que teme el ministro, con más certezas que incertidumbres respecto a que lo recurrido acaba siendo tumbado por la Justicia. Hace unos meses fue la financiación del bono social, la orden de peajes de 2012, la congelación del recibo en octubre de 2011… por citar algunos casos de los últimos años. Son sentencias del Tribunal Supremo que directamente han tirado por tierra, tiempo después, las normas emanadas desde Industria.
Pero no sólo desde las compañías eléctricas: en el caso de la reforma eléctrica y sus piezas separadas, la avalancha de recursos, arbitrajes y conflictos judiciales de muy diversa índole y provenientes de un número importante de agentes y sectores, no ha hecho más que comenzar. Todavía están por llegar los que se planteen desde asociaciones de energías renovables y por parte de la industria cogeneradora respecto al nuevo modelo retributivo, regido por el principio de obtener una rentabilidad razonable sobre la inversión realizada, despreciando la productividad, partiendo además de unos estándares con los que los agentes del sector discrepan profundamente y entendiéndose, además, la implantación de este modelo con carácter retroactivo. Con la orden ministerial pendiente de aprobación, renovables como la eólica y el sector cogenerador cifran los recortes en un 50% para algunas instalaciones y advierten de su inviabilidad.
Esta situación se une además a los recortes que ya han sufrido las tecnologías solares que, con el BOE en la mano, ya han iniciado acciones judiciales contra recortes anteriores en su retribución mientras se movilizan contra la actual reforma. Además, el panorama para el Gobierno se complica con los arbitrajes internacionales, donde se acumulan contra España cuatro de los últimos 20 procedimientos abiertos ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
Desde las embajadas se quejan ante el Gobierno defendiendo los intereses de los inversores internacionales, la industria cogeneradora pide reunirse con el ministro para exponerle su situación, las renovables se consideran perseguidas por el Gobierno por los recortes sufridos y las compañías eléctricas ven cómo se resiente un 20% su negocio en España mientras celebran que por fin haya diálogo con el Ejecutivo, relativo, eso sí, a las dudas de carácter técnico que implica el nuevo método de tarificación y de los contadores inteligentes, elevándose este entendimiento a la categoría de extraordinario, cuando para el sentido común debería ser simplemente normal.
Cada vez que se habla del sector eléctrico en las Cortes, desde el grupo parlamentario popular se arremete acertadamente contra la herencia recibida de un déficit de tarifa de 22.000 millones de euros, incrementándose anualmente a razón de 10.000 millones de euros. Pero, si se trata de valorar las soluciones puestas sobre la mesa, lo cierto es que tampoco han acabado con el déficit tarifario y éste es el escenario que se presenta: litigiosidad, judicialización, recursos por doquier y quebranto de la seguridad jurídica. Y mucha discordia.