El grupo parlamentario popular introduce una enmienda a la Ley de Metrología para permitir al Gobierno modificar las categorías tarifarias al margen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este cambio da cobertura al anunciado acuerdo entre el PP y el PNV para bajar los peajes a la industria entre 30 y 36 kV, mayoritariamente vasca. El PSOE exige al Gobierno que clarifique qué consumidores asumirán el impacto de la bajada de peajes para no generar más déficit tarifario a la par que incide en el daño institucional que se vuelve a infringir a la CNMC.

La argumentación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para respaldar las pretensiones regulatorias de su titular, José Manuel Soria, supone forzar las leyes, los conceptos jurídicos, los significados de las palabras y hasta las comparaciones con otros países. La declaración de "urgente incorporación" en el caso de Chira-Soria para "garantizar el suministro" o la "rentabilidad razonable" para las actividades reguladas son los últimos ejercicios de comunicación política llevada al límite para justificar los objetivos ministeriales.

Pocos meses después de haberse producido de forma muy tumultuosa el cambio del modelo de facturación eléctrica, en la actualidad estamos asistiendo a los primeros reveses del nuevo sistema, fruto de un proceso envuelto en un sinfín de elementos polémicos.

El rey Juan Carlos I ha decidido abdicar en su hijo, Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Rey ha jugado un papel clave en la intermediación con los inversores internacionales que, con la regulación anterior, apostaron por la energía solar en España así como para favorecer la internacionalización de las empresas españolas.

El proyecto de ley para los sistemas eléctricos extrapeninsulares ya estipulaba el traspaso de la titularidad de la central de Chira-Soria, de generación hidroeléctrica por bombeo, a Red Eléctrica de España (REE). Las pretensiones del Ministerio de Industria, con el ministro canario José Manuel Soria a la cabeza, y REE se manifestaban por primera vez. Arrancaba una estrategia de presión asfixiante, de achique de espacios, refrenada momentáneamente con la imposición a Endesa de un calendario de ejecución de la central de Gran Canaria bajo pena de perder su titularidad en caso de incumplimiento: una condena, en el fondo, a huir hacia delante con una rentabilidad dudosa, incierta e inconcreta acechando cual espada de Damocles. Llegados a este punto, el Gobierno dice que Endesa renuncia; según Endesa, no hay renuncia, sólo dudas sobre su retribución. Y José Folgado, de REE, oficia públicamente que se la queda.