El Gobierno trata de quitarle a la CNMC la potestad para fijar las categorías tarifarias

Apenas 9 meses después de su aprobación y a través de una simple enmienda a la Ley de Metrología, el Gobierno, a través del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, pretende modificar la Ley del Sector Eléctrico. Lo hace en dos aspectos: por un lado, amplía las miras de la planificación, sin carácter vinculante, de las infraestructuras de transporte eléctrico más allá de los 6 años; por otro, trata de anticipar un conflicto entre el Gobierno y el organismo regulador, la CNMC, al disponer explícitamente que «el Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución» sin la obligación de atender a los criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación que se fijan explícitamente por Ley para la CNMC.
En la justificación de la enmienda, el grupo popular recuerda que la Ley de creación de la CNMC recogió, en los mismos términos que lo hacía su antecesora, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que entre sus funciones figura establecer la metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, entendiendo por ello «la asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y generadores». En cambio, desde el PP justifican que debe ser una metodología genérica y, para que no haya conflictos ahora con la CNMC, tratan de introducir 9 meses después mediante esta enmienda que la «aplicación» de los peajes corresponde al Gobierno«.
Además, lo que permanece invariable es el punto en el que se establece que los precios de los peajes de acceso se establecerán «de acuerdo» con la metodología establecida por la CNMC. Todo se complica más si se atiende a la legislación europea. La directiva europea 2009/72/CE señala como competencia del organismo regulador establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías. En consecuencia, lo que el grupo popular pretende es dar cobertura al Gobierno en la modificación de esta metodología que pretende llevar a cabo mediante la propuesta de real decreto que regula la producción eléctrica en los territorios no peninsulares, que remitió para su informe a la CNMC en julio.
Con estos cambios se posibilita que el PP pueda saldar su acuerdo con el PNV a cambio del apoyo parlamentario a la nueva Ley del Sector Eléctrico. Un acuerdo que detalló el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, y que supone una rebaja de los peajes de acceso en toda España a las empresas con una potencia entre 30 y 36 kilovoltios (kV). Según explicó entonces Azpiazu, se traducirá en una reducción de los peajes que soporta la industria vasca que, de forma generalizada, está conectada en tensiones iguales o superiores a los 30 kV.
El PSOE denuncia el cambio
Según el portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Segura, la CNMC emitió el pasado 2 de julio la circular que establece la metodología para fijar los peajes tal y como está previsto por Ley. Una metodología que no contemplaba una división de la categoría tarifaria 6.1 vigente desde 2001 y que, según la propuesta de Real Decreto elaborada por el Gobierno y que recoge el acuerdo con el PNV, pasarán a ser dos cuando entre en vigor: la 6.1A para niveles de tensión entre 1 y 30 kV así como 6.1B para los niveles entre 30 y 36 kV.
A juicio de Segura, la propuesta de modificación remitida por el secretario de Estado de Energía «entra en claro conflicto con la metodología de peajes de acceso a las redes establecida por la circular de la CNMC, que no contempla dicha división por niveles de tensión, e incumple la Ley del Sector Eléctrico«. Además, considera que se hace «sin que se haya hecho público el análisis y valoración de los factores que inducirían a un menor coste respecto al resto de las redes de transporte y distribución, y por tanto, que justifique dicha medida».
En este sentido, desde el grupo socialista consideran que la enmienda del PP «invalida la metodología publicada por la CNMC para la asignación de los costes de transporte y distribución eléctricos, al rescatar el Gobierno la competencia asignada al regulador para determinar las categorías tarifarias por niveles de tensión«. Por ello José Segura reclama al Gobierno que aclare «a qué consumidores se les va a subir el precio de la electricidad para cubrir la pérdida de ingresos que se producirá con la nueva estructura tarifaria que el Gobierno pretende crear». Un medida que, de llevarse a cabo en los términos planteados hasta ahora y como ya se avanzó desde Energía Diario, generará déficit de tarifa.
Además, el diputado socialista insta al PP a retirar esta enmienda «ante el daño institucional que se le está haciendo a la CNMC ya que su independencia está quedando en entredicho«. A juicio de Segura, que recuerda lo sucedido en diciembre con la anulación de la subasta Cesur en la que el Gobierno anunció su invalidación sin que el regulador se hubiese pronunciado, «de nuevo asistimos a un episodio en el que el regulador propone una cosa, en este caso mantener las categorías tarifarias de la alta tensión en términos muy parecidos a los actuales, publicado ya en el BOE, y el Gobierno desautoriza su metodología para imponer su doctrina«.