La factura eléctrica («segunda parte»)

Entre esos elementos, hay que contar con una intervención del Gobierno en las subastas CESUR, predecesoras del actual sistema, sin justificación posterior y, por cierto, con una escenificación de corte bolivariano; un escarnio demoledor para los comienzos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), así como una sucesión de propuestas inverosímiles y azarosas en su propia aplicación, incluso con dificultades de carácter temporal para adecuar los sistemas de facturación de las comercializadoras.

La propuesta resultante para configurar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se fundamentaba en la aplicación de los precios horarios del mercado mayorista para calcular el coste del componente de energía de la factura. En consecuencia, para los consumidores con contadores con telelectura y gestión horaria, este mecanismo se aplicaría directamente, y si no se aplicarían los perfiles de consumo horario de REE. Además, se ofrecían otras modalidades de contratación a largo plazo (un año), que incluían la cobertura del riesgo que entraña la evolución de precios para las comercializadoras, lo que implicaba lógicamente un montante adicional, motivo por el que se generó otro «escándalo» al no entenderse el significado económico de esta cobertura.

Una vez puesto en marcha el sistema se desató una segunda línea de polémica derivada de la incapacidad de gestión de los consumos horarios de los nuevos contadores para el nuevo propósito de facturación: polémica acerca de la forma, del momento de establecimiento de estándares y del proceso de sustitución del parque actual de los mismos. Todas estas cuestiones, de enorme importancia y con necesidad de análisis y dedicación, se ven envueltas en los tiempos de la turbopolítica y de la velocidad mediática casi en modo espiral.

Además, por si fuera poco, en la aplicación del nuevo modelo tarifario se ha incluido una campaña de comunicación institucional, es decir, de propaganda, que ustedes pueden encontrar en los medios de comunicación para explicar la nueva factura en aras a la supuesta simplicidad de la misma, pese al mecanismo matricial de cálculo del coste energía, con la multiplicación de precios horarios o la combinación por perfiles de consumo.

En su primera aplicación, el nuevo sistema produjo resultados satisfactorios de forma inmediata, dado que políticamente era lo buscado, de forma que se ordenó una importante devolución del recibo de la luz de las cantidades cobradas a los consumidores en los primeros recibos del año, todo ello pese al déficit tarifario pasado acumulado de casi 30.000 millones de euros. Algo que, por otra parte, fue visto con una enorme suspicacia desde el punto de vista de la propia oportunidad política, con el calendario electoral de los comicios europeos en jaque.

Ahora el ministro Soria ha salido a escena para anticipar y poner paños calientes al hecho de que la factura de la electricidad va a subir en el tercer y cuarto trimestre, justificándose en la evolución de todos los costes del sistema, como si fuera algo novedoso. Incluso se ha tenido que desdecirse de anteriores previsiones anunciadas y se ha refugiado en el hecho de que, en el conjunto o global del año, los precios resultantes «espera» que sean menores. Así que los movimientos tarifarios pasan a ser propios de una montaña rusa, pero a nuestros responsables políticos energéticos actuales les gusta ese riesgo. Industria anuncia un cambio en la metodología de cálculo de peajes que también será horaria.

Hay dos errores muy graves en todo el proceso, más allá de los que ya casi se le escapan al ministro con la boca pequeña en su intervención pública. El primero es el hecho de que el Ministerio de Industria, el ministro y el secretario de Estado de Energía con su ejecutoria en toda esta actuación han reforzado la idea de que la factura eléctrica es un instrumento político y, adicionalmente, el precio de la electricidad es un precio intervenido pese a que el mecanismo diseñado tenía un anclaje al mercado de casi correlación. De hecho, el resultado ha sido que esa percepción social se ha acrecentado en lugar de haberse disminuido. Por este motivo las propuestas futuras deberían ir dirigidas justo en sentido contrario: a diseñar la tarifa como un precio y desligarlas del proceso político y de la opinión pública. Esencialmente, el problema parte de que hasta ahora ha habido una liberalización que ha sido imperfecta e incompleta para definir una política de precios orientada a la competencia.

El segundo, y también un error muy grave, es haber efectuado cambios en cuestiones muy profundas e importantes, con muy poca reflexión desde el punto de vista regulatorio y, en consecuencia, con una mirada urgida por el cortoplacismo y el vértigo impropio de lo que se regulaba. Y sobre supuestos muy endebles, casi aplicables al trimestre en el que se estaba regulando. Cualquier cambio regulatorio de esta índole en países de nuestro entorno se ve acompañado de un proceso deliberativo y experto mucho más profundo.

Recordemos nuevamente la teoría del pensamiento no convencional. Se trata de crear nuevos problemas que sustituyan a otros anteriores, irresponsabilizándose de forma adanista de los mismos y, a cambio, presentar la redención providencial de los pasados con nuevas medidas que en el futuro son impredecibles.

Seguramente, en este caso, el camino correcto hubiera sido la estrategia de abordar los componentes de la tarifa, dejar la factura en sus elementos correctos, separar aquellos que no se correlacionan con el suministro, de forma que se aborden de forma fiscal aquellos que no se corresponden. Hubiese requerido de mayores niveles de reflexión y más definición de las políticas energética-económica-fiscal-medioambiental. También de profundización en el marco de la liberalización, así como de coordinación, estudio y esfuerzo en el seno del Ejecutivo.

Ahora realmente lo que toca es la gestión de la vajilla rota; parece evidente que no se ha alcanzado a una situación estable y, en consecuencia, los acontecimientos en esta cuestión no pararán aquí.