Argumentos a favor y en contra de la normativa en materia de gestión de la demanda que ha preparado la Secretaria General de Energía y que basa en mantener la retribución del servicio de interrumpibilidad, una posibilidad que cuesta siete veces más que la garantía de potencia y que en el año 2006 no se utilizó en ninguna ocasión. Por su parte, la argumento que defienden los empresas industriales, grandes clientes y el Ministerio de Industria, se orienta hacia la competitividad empresarial. Por si fuera poco, el conflicto por las ayudas de estado abierto con la Unión Europea complica la continuidad de estas figuras regulatorias, que además reflejan subsidios cruzados entre consumidores domésticos y los industriales, nuevos/viejos agentes cada día más interesados en conocer su coste de la energía.

El RD 3/2006 planteado por Industria en su momento como la solución al intratable déficit de tarifa que se estaba generando desde principios de 2006, acabó provocando 1.000 millones de euros de déficit adicional el año pasado, según un informe de REE, debido a la actuación de Iberdrola en contra de una medida que la perjudicaba.

La solución española al caso Endesa aún tiene muchas incógnitas que despejar, entre ellas la de demostrar que se trata de una solución capaz de mantener el centro de decisión en territorio español o la de evitar un desmembramiento al que parece abocada la eléctrica.