El proyecto de ley para los sistemas eléctricos extrapeninsulares ya estipulaba el traspaso de la titularidad de la central de Chira-Soria, de generación hidroeléctrica por bombeo, a Red Eléctrica de España (REE). Las pretensiones del Ministerio de Industria, con el ministro canario José Manuel Soria a la cabeza, y REE se manifestaban por primera vez. Arrancaba una estrategia de presión asfixiante, de achique de espacios, refrenada momentáneamente con la imposición a Endesa de un calendario de ejecución de la central de Gran Canaria bajo pena de perder su titularidad en caso de incumplimiento: una condena, en el fondo, a huir hacia delante con una rentabilidad dudosa, incierta e inconcreta acechando cual espada de Damocles. Llegados a este punto, el Gobierno dice que Endesa renuncia; según Endesa, no hay renuncia, sólo dudas sobre su retribución. Y José Folgado, de REE, oficia públicamente que se la queda.

En plena crisis económica y con un objetivo de déficit público por cumplir, la fiscalidad sobre la energía se ha revelado para las Administraciones como el maná con el que obtener ingresos.

La voracidad institucional del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no tiene fin. En muy poco espacio de tiempo puede acabar con la recién creada Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC), y ahora parece que le toca el turno al Operador de Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), a su vez, integrado por los operadores español y portugués.