En 2013 culminó la tramitación parlamentaria de la reforma energética del Gobierno. Aún con importantes detalles por concretar, su entrada en vigor durante 2014 anticipa un horizonte marcado por la judicialización del proceso con una avalancha de recursos y un incremento notable de la litigiosidad, tanto en la escena nacional como internacional.
Desde un punto de vista político, 2013 acabó igual que empezó en el sector energético: en las formas, legalizando por la puerta de atrás el déficit tarifario anual, y también en el fondo, con José Manuel Soria completamente desautorizado al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la pujanza inicial de Alberto Nadal y la exhibición de autoridad realizada por Cristóbal Montoro.
El ministro avanza en la Cadena Ser que el informe de Competencia “tardará semanas en publicarse” y que el nuevo sistema de fijación de precios se presentará en el próximo Consejo de Ministros del viernes. Además, evita repetir los términos en los que se pronunció en una entrevista al ABC mientras Unesa se siente atacada.
El celebrado acuerdo entre España y Argentina para resolver el conflicto sobre la expropiación de YPF por el Gobierno argentino transparenta una serie de cuestiones que, cuanto menos, son inquietantes.
El problema del almacenamiento gasista Castor no ha hecho nada más que comenzar y las turbulencias en instancias políticas y empresariales no dejan de sucederse en sus círculos concéntricos.
Garantizar la energía en territorios alejados de la red eléctrica nacional no es, obviamente, un problema exclusivo de España. Con motivo del proyecto de ley para «la garantía del suministro e incremento de la competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares», en {Energía Diario} repasamos en qué situación se encuentran otros sistemas eléctricos aislados y de reducido tamaño y con qué regulación cuentan.
Las batallas han comenzado. Empresas del sector renovable, sus patronales, varias Comunidades Autónomas y la oposición socialista así como los arbitrajes internacionales configuran un amplio frente ante el Gobierno. Una avalancha de recursos se precipita sobre la reforma energética del Ejecutivo y el resultado queda a la vista: un terreno enfangado, un horizonte incierto, una litigiosidad que aboca al sector a una situación inestable dominada por la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
Afirma el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que la Ley de Sistemas Insulares y Extrapeninsulares recientemente aprobada no supone un «privilegio» para los territorios a los que afecta. En Energía Diario analizamos cuál es la regulación que estos sistemas eléctricos tuvieron hasta la actualidad, prestando una atención especial a cómo se retribuyó la generación de estos sistemas en los últimos años.
Después de ser aprobado por el Senado, el proyecto de ley para «la garantía del suministro e incremento de la competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares» vuelve al Congreso para su aprobación definitiva en el pleno del próximo jueves. En {Energía Diario} analizamos las características de estos sistemas eléctricos, que presentan unas necesidades energéticas diferentes y que, por tanto, requieren una legislación adaptada a sus particularidades.
Las sucesivas normativas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar el déficit tarifario están poniendo en peligro el sector energético, debido a los recortes y tasas que se están legislando. Y aunque el objetivo merece respeto, se duda sobre si el camino elegido es el correcto.
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