La energía se judicializa (III): Tormenta y lodazal

Mientras el discurso del Gobierno permanece inmutable ante las críticas recibidas, el rechazo a la reforma energética planteada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene en uno de los barones autonómicos del PP, Ramón Luis Valcárcel, a uno de sus máximos exponentes. La importancia que la energía solar tiene en su territorio ya le llevó a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el primer recorte a las renovables ejecutado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, con un Gobierno de su mismo color político en la Moncloa, tampoco le ha temblado el pulso para presentar otro recurso de inconstitucionalidad, en este caso contra el Real Decreto Ley 9/2013.
La polémica persigue a la reforma energética y en el Gobierno son conscientes de lo que se avecina. Según manifestó en una entrevista a Energía Diario el abogado del despacho Rödl & Partners, Ramón Marés, “el carácter retroactivo de las medidas y la falta de reconocimiento de los costes reales de inversión y de explotación de los productores” son los puntos más conflictivos de la reforma. Esta conflictividad se traducirá en un elevado número de litigios y por ello, desde Moncloa y en coordinación con el Ministerio de Industria y también el de Economía, se ha orquestado una unidad especial en el Ministerio de Justicia para prepararse ante la avalancha de recursos y arbitrajes que se sucederán próximamente a escala nacional e internacional. La preocupación se palpa en el ambiente.
El reparto de esfuerzos pregonado por el Gobierno entre agentes del sector, Estado y consumidores no es tal si se acude a las cifras. La propia Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) estima que la reforma energética tendrá un impacto de 1.600 millones de euros para las renovables mientras que para las tecnologías del régimen ordinario será de 1.100 millones: 2.700 millones para el sector mientras el Estado asume 900 millones y otros 900 se cargará a los consumidores. En una situación especialmente delicada queda la eólica; al ser la que lleva más ejercicios produciendo energía, será la más afectada por la vuelta a hacer números que implica la rentabilidad razonable. Según el presidente de la AEE (Asociación Empresarial Eólica), José López-Tafall, “se modifican las reglas de juego que atrajeron 25.000 millones en inversiones en los últimos veinte años”.
Oposición en la energía solar
Idéntico argumento plantean el resto de tecnologías renovables: la falta de seguridad jurídica. Es el caso de los productores fotovoltaicos y termosolares, que han visto cómo desde 2010 tanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero como el de Rajoy han mermado considerablemente las retribuciones que se les había prometido un lustro antes y que atrajeron a miles de inversores. Recortes que han soliviantado considerablemente fuera de nuestras fronteras: inversores estadounidenses, alemanes y japoneses han trasladado su malestar a través de sus embajadas y ahí están los arbitrajes internacionales de inversión planteados bajo el amparo de la Carta de la Energía. Pero también en el territorio nacional la batalla jurídica anunciada promete ser intensa y duradera.
El último movimiento ha sido el protagonizado por Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica). La semana pasada se presentaron acompañados por un notario en la sede del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) con la finalidad de dejar constancia de que el Gobierno no ha hecho públicas en el plazo legal establecido las bases de la licitación del contrato para las consultoras privadas encargadas de cuantificar cómo debe ser el estándar de una empresa eficiente y bien gestionada que se menciona en el Real Decreto Ley 9/2013, parámetros sobre los que se calculará su rentabilidad razonable. Según se ha publicado en diversos medios, estas consultoras son Roland Berger y Boston Consulting. La finalidad de esta acción es recurrir la adjudicación de los contratos, lo que podría invalidar el proceso e impedir la entrada en funcionamiento en enero de la nueva retribución a las energías renovables.
Los representantes de Anpier, que está siendo la organización que está plantando cara al Gobierno de forma más directa, también presentaron ante el IDAE la documentación correspondiente a 1.000 pequeños productores de energía fotovoltaica. No es la primera vez que lo hacen. Su objetivo es que el Gobierno no alegue desconocimiento de las características de las plantas de producción de energía para justificar en un futuro proceso judicial el establecimiento en el Real Decreto Ley de unos parámetros estándar. Según declaraciones realizadas a Energía Diario, el director de Anpier, Rafael Barrera, considera «un error» estandarizar los datos y las características de lo que debería haber sido una instalación eficiente «porque hay una casuística muy amplia». Además, Barrera recuerda que los productores fotovoltaicos «ya han pagado sus impuestos con arreglo a las normas que había; ahora no tiene sentido entrar a valorar cuál debió ser su rentabilidad».
Recursos por doquier
Desde el primer recorte en la retribución a las renovables realizado por el Gobierno socialista hasta la reforma energética del actual Ejecutivo han sido varias las comunidades autónomas que han presentado recursos de inconstitucionalidad contra diferentes normativas con el objeto de defender a los productores situados en su territorio. Es el caso de la citada Región de Murcia pero también de otras autonomías como Andalucía, Extremadura, Galicia, Islas Canarias y la Comunidad Valenciana. En lo que respecta a la reforma energética planteada el pasado mes de julio, ante el Real Decreto Ley 9/2013 Navarra es la única comunidad que ha seguido los pasos de Murcia y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ya que considera que peligran las inversiones realizadas en instalaciones renovables por el cambio de modelo retributivo. Otra comunidad que podría hacerlo es Extremadura, que de momento ha pedido una comisión bilateral para negociar este asunto con el Estado.
A nivel parlamentario, únicamente la mayoría absoluta del Partido Popular da un pequeño respiro al Gobierno. Eso siempre que no se consume una rebelión de los diputados de las comunidades díscolas, extremo que no ha descartado el presidente murciano Valcárcel y que reclama la campaña de Anpier titulada «Diputado, con mi voto, no votes contra mí«. La oposición está absolutamente en contra y tanto el PSOE como CiU, UPyD, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto han presentado enmiendas a la totalidad que se debatirán este jueves. Además, el PSOE presentó también a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados otro recurso de inconstitucionalidad basado en que se aplica una retroactividad impropia que consideran lesiva así como que el concepto de rentabilidad razonable, sin igual en un país occidental, carece de sentido y puede abocar a una rentabilidad negativa.
El debate está abierto; el Gobierno insiste en su reforma mientras, de fondo, una litigiosidad en escalada no hace ningún bien al sector. Habrá que ver si el Ejecutivo negocia.