Europa destapa los incentivos españoles pagados en la tarifa
El cuestionamiento por parte de las autoridades de Competencia de la Unión Europea del sistema de incentivos, incluido en los denominados peajes de acceso de la factura eléctrica, ha vuelto a sembrar las alarmas. Una fotografía descarnada que dibuja un esquema intricado de posibles subvenciones y mecanismos cruzados que afectan al coste del suministro eléctrico y que anticipan una limpieza de los mismos impulsada por la Unión Europea. Por eso, hasta los medios económicos hablan de ayudas eléctricas poniendo en evidencia la naturaleza de las mismas.
De este modo, la comisaria Margrethe Vestager pone en su punto de mira las ayudas al carbón nacional, un mecanismo ideado en su día para que las compañías eléctricas comprasen carbón de forma obligatoria, para quemarlo y producirlo, fijando el precio de venta del MW/h generado por esta vía en el mercado mayorista eléctrico. En segundo lugar están los denominados pagos por interrumpibilidad, instrumento que reduce los precios a determinadas industrias intensivas en el uso de energía eléctrica, ofreciendo al sistema eléctrico la posibilidad de que sean “paradas” en determinadas circunstancias y condiciones (cesarían, reducirían su demanda, cerrarían temporalmente, harían ERES parciales) por motivos de necesidad del sistema eléctrico para garantizar el suministro. Una medida del lado de la “demanda”
Finalmente están los pagos por capacidad, que son unas compensaciones del lado de la oferta, para garantizar la rentabilidad de determinadas centrales, las térmicas y los ciclos combinados de gas, para que estén disponibles para el sistema, aunque por la energía que despachan en el mercado en forma de producción y al precio que la despachan, la decisión empresarial lógica sería desactivarlas y sacarlas del sistema. Cuestión que eventualmente, de ser necesarias, sería difícilmente reversible.
Red Eléctrica de España, como operador de transporte y gestor técnico del sistema, subraya la necesidad de estos dos últimos mecanismos para garantizar la “seguridad de suministro”, al procurarle mayor margen de maniobra. Es en esa clave en la que hay que entender las declaraciones que realizaron desde REE al respecto de esta investigación, ya que justifican la figura y endosan la responsabilidad política de su volumen al Ejecutivo. Volumen y dimensiones que no han pasado desapercibidas en Europa, incluso la defensa conceptual de estos servicios, aunque en la práctica la interrumpibilidad no se utilice.
Europa, por otra parte, ha visto que estos mecanismos carecen de estudios de demanda que justifiquen el instrumento y el uso de los mismos, tanto en volumen como en coste para los distintos sistemas de suministro. Y Europa lo ha visto en un conjunto de 28 mecanismos en los que estos incentivos se han formulado sin estudios que lo soporten. Lo que toca a las autoridades comunitarias es distinguir un servicio necesario de una subvención y los Gobiernos se lo han puesto fácil, porque los mecanismos eran puramente formales en sus términos, pero no en su justificación real. En todo caso, la propia Unión Europea hasta ahora ha tenido una actitud de permisividad y laxitud.
Eso sí, en el caso español, en Bruselas se ven sorprendidos por la compensación económica que suponen y su ausencia de validez (son instrumentos fallidos) de los mismos. Más allá de eso, sus volúmenes figuran en cabeza de ese informe, la utilización de estos instrumentos (servicios) es escasa o nula y su importe se paga en la factura eléctrica, incluidos en los costes de acceso, siendo éste capítulo el verdadero problema de nuestros precios eléctricos pese a todos los desenfoques interesados al respecto. Mañana, análisis, consecuencias y corolarios, tanto políticos como para consumidores, de esta investigación para nuestro país.
Continuará.
