El abordaje de la cuestión del carbón en España entraña el riesgo de su polarización. Entre otras cosas por muchas cuestiones sociales asociadas que lo convierten en un problema más complejizado que complejo. Tanto es así que es una cuestión muy proclive a la distribución más o menos sistemática de etiquetas en función de posicionamientos: {carboníferos} o {anticarboníferos}, que a la vez también se reparten estopa con los {pronucleares} y {antinucleares}.
La última comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Congreso de los Diputados, así como los planes conocidos en materia del recálculo de costes de los sistemas extrapeninsulares más canon hidráulico vienen a confirmar lo que ha sido el modelo de los ajustes contables, globalmente considerados en las medidas para abordar el déficit tarifario eléctrico.
Hace meses que el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirma que el sistema eléctrico en 2014 cerrará «con un déficit imperceptible o un pequeño superávit». Los datos internos que manejan la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica de España (REE) indican que la caída de los precios del petróleo experimentada desde mediados del pasado año ha supuesto un ahorro en los costes de los sistemas extrapeninsulares que se aproxima a los 200 millones de euros y que el Gobierno quiere que sea recalculado. Una suma a la que habría que añadir, Ministerio de Hacienda mediante, la aportación del canon hidráulico comprometida con el sistema eléctrico al gravar a las hidroeléctricas.
Este jueves se debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados el proyecto de ley que introduce nuevas modificaciones en la Ley de Hidrocarburos de 1998. Entre otros aspectos, el grupo socialista reclama al Gobierno que revise el artículo 43.bis, introducido en 2013 por el PP y que excluye del cumplimiento de ciertas condiciones a las estaciones de servicio que se ubican en locales o terrenos de titularidad del operador petrolífero con el que mantienen un contrato de suministro en exclusiva del carburante.
El departamento de Industria, Energía y Turismo que dirige José Manuel Soria se encuentra en el centro de la polémica con las revelaciones surgidas durante el proceso de instrucción de la causa seguida en el ámbito judicial respecto a las medidas que determinaron el recorte retributivo a las energías renovables. Un asunto con muchas caras, instrumentado de forma muy defectuosa y que ahora puede causar más de un disgusto al Ejecutivo.
La Declaración de Madrid, realizada por los Gobiernos de España, Francia, Portugal y la Comisión Europea durante la pasada semana, acordó agilizar los trámites para la construcción de gasoducto MidCat, la futura conexión a través de Cataluña que duplicará la capacidad de España de vehicular gas hacia el resto de países comunitarios. Que esté en funcionamiento en el año 2020 es el objetivo. El MidCat se configura en consecuencia como un instrumento para reducir la dependencia de la Unión Europea del suministro de gas ruso en la era post-Crimea.
El impulso dado a las interconexiones energéticas en Europa es ya una realidad, sobre todo después de la reunión histórica vivida este miércoles, pero no deja de ser un incipiente primer paso hacia un mercado único de la energía. Las infraestructuras terminarán llegando con el compromiso del comisario de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, de reducir a la mitad los trámites burocráticos, que actualmente prolongan la construcción de estas infraestructuras por encima de los ocho años. Hasta entonces cabe valorar cómo la puesta en marcha de la nueva conexión con Francia, prevista para este verano, afectará en un sistema eléctrico español que se muestra cauto ante sus efectos a corto y medio plazo.
La puesta en servicio de la interconexión eléctrica de España con Francia en el primer semestre de este año promete ser el aldabonazo de una serie de infraestructuras que, después de ser largamente postergadas, parecen ahora recobrar un impulso definitivo gracias a la voluntad política y comunitaria. Una buena noticia para España, con exceso de capacidad de generación eléctrica ante unas previsiones de demanda que no llegaron a cumplirse, y también para la integración de las energías renovables.
Probablemente la mejor noticia del año en lo que se refiere a la energía es la puesta en operación de la conexión eléctrica con Francia. Noticia que ha provocado un nuevo rifirrafe entre Gobierno y oposición, en la medida que los socialistas consideran que el Gobierno de Mariano Rajoy se la ha querido atribuir (señalando oblicuamente al telegénico José Manuel Soria) y, además, reclamando su cuota en el impulso dado en tiempos pasados a esta infraestructura.
El impulso a las interconexiones energéticas con Europa, un presunto éxito en la contención del déficit de tarifa del sector eléctrico y una declaración voluntarista para que baje la factura de la luz sin acompañarse de nuevas medidas. Éste es el balance energético exhibido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Debate sobre el Estado de la Nación. Enfrente la oposición, con el cambio de modelo retributivo a las energías renovables y a la cogeneración, el caso Castor y el concepto de pobreza energética como principales argumentos.
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