Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética
Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.
Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.
Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.
Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.
A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.
Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.
Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.
Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.
