Las subastas del servicio de interrumpibilidad dividen a Industria y Energía

El servicio de interrumpibilidad consiste en el compromiso de los grandes consumidores de electricidad de proceder a la suspensión o reducción de su actividad en momentos de saturación del sistema eléctrico a cambio de una compensación económica. Pese a que esta saturación apenas se produce en la actualidad debido a que la demanda eléctrica ha caído desde el comienzo de la crisis y existe una capacidad instalada de generación eléctrica suficiente para dar cobertura a la demanda, los ciudadanos venían pagando en su factura de electricidad unos 750 millones de euros al año por este servicio a través de los costes de acceso. 750 millones anuales por un servicio que no se ha utilizado nunca.
Lo cierto es que desde la patronal siderúrgica Unesid (Unión de Empresas Siderúrgicas) siempre han defendido la importancia del servicio de interrumpibilidad. En este sentido, el pasado abril afirmaban que la interrumpibilidad «es un servicio que algunos grandes consumidores eléctricos prestan al sistema eléctrico en la gestión de la demanda y que no puede considerarse en modo alguno una subvención o ayuda del Estado«. Es más, llegaban a calificar el servicio como un «un verdadero seguro» para el conjunto de los consumidores eléctricos al tiempo que también resaltaban que la disposición para prestarlo requería de «cuantiosas inversiones materiales y organizativas».
Reducir su coste se colocó en el punto de mira del Ministerio de Industria y Energía como una más de las medidas que había que poner en marcha para atajar el déficit de tarifa. Su objetivo era pasar su coste anual de 750 a 500 millones de euros. En consecuencia, el área de Energía lanzó el nuevo mecanismo de subastas realizadas por Red Eléctrica de España (REE), un procedimiento competitivo entre los grandes consumidores eléctricos, principalmente del sector industrial, de modo que los que ofrecieran precios más económicos por el coste del megavatio interrumpible accederían a la prestación del servicio.
Según apunta Cinco días, varias empresas participantes en la primera edición de estas subastas han calificado su resultado como un “desastre” para la industria, ya que «se han dejado por el camino unos 200 millones de euros«. Según la misma información, del los 2.000 MW ofertados por REE, se quedaron sin adjudicar entre 600 y 700 MW, debido a los bajos precios resultantes. Conviene recordar que el mecanismo diseñado ya fue cuestionado por la propia CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). El organismo regulador subrayó en su correspondiente informe que el mecanismo de subasta elegido dificultaba la gestión de la propia puja.
En el fondo, la problemática generada supone para el Ministerio de Industria y Energía una de las situaciones donde más explícita es la dificultad de actuar simultáneamente sobre el coste del suministro eléctrico, por un lado, mientras se busca la solución definitiva al déficit de tarifa, y ejecutar una política de precios energéticos, por otro; una política en la que las empresas interesadas, las relacionadas con el sector industrial que más electricidad consume, consideran que debe estar subordinada a la política industrial. Una verdadera hidra.
Partiendo de la base de que la gran industria ya expresó su rechazo a un primer recorte de la retribución al servicio hasta los 500 millones de euros, es de esperar una reacción contundente cuando se oficialice el resultado de esta primera subasta. Desde el sector industrial advierten de que una nueva reducción de ingresos para empresas, ya con problemas de competitividad respecto a las establecidas en otros países, puede llevar a su deslocalización. La multinacional del aluminio Alcoa, presente en Galicia y Asturias y la principal perjudicada en la subasta según diversas fuentes, es la primera en anunciar que estudiará su continuidad en España.