Apuntes sobre la necesaria reforma del sector energético español
El mercado energético español -por su configuración, geoestrategia e historia- es de una extrema complejidad y si bien es cierto que, en la presente legislatura, el conjunto de Reales Decretos Leyes, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y nuevas Leyes como la del Sector Eléctrico, han producido un notable impacto cuyos resultados serán evaluados en los próximos años, no es menos cierto que el avance en la ruta del desiderátum de un mercado único europeo, nos ha de llevar a afrontar una serie de retos y desafíos.
El primer reto que surge es la necesidad de fomentar la competencia como elemento clave para la economía española en el actual entorno de crisis. El segundo reto importante debe ser afrontar la elevada dependencia energética externa del suministro, todo ello sin olvidar transformar los mercados eléctricos y gasistas hacia un modelo mucho más sostenible. El tercer reto es el de configurar de manera amplia un mix energético que conlleve la disminución de las emisión de CO2 a la atmósfera con un crecimiento racional de la aportación a la global producción eléctrica de las energías renovables. En consecuencia y reiterándolo, el objetivo español debería ser la adopción de medidas que contribuyan a aumentar la competitividad del sector energético, mejorando la seguridad de suministro y la eficiencia energética, con la idea de que suponga el menor impacto posible tanto económico como ambiental para consumidores, distribuidores y productores.
A lo largo de los últimos 20 años se ha ido avanzando lentamente en el diseño e implementación de nuevas interconexiones eléctricas y gasistas con Francia, en la convicción de que no será posible un mercado único de la energía en Europa si países como España y Portugal o los países bálticos no logran las correspondientes infraestructuras que permitan en el doble sentido los flujos eléctricos y gasistas. En este sentido, una mejora de la capacidad de exportación de gas hacia Francia, básico para futuras políticas industriales y comerciales, mejoraría la eficiencia del sistema español así como le otorgaría un grado de libertad adicional en el sentido de permitirle mejorar su respuesta frente a la volatilidad de la demanda interna.
Debemos aspirar a lograr la vertebración de un mercado energético hispano-francés similar al del MIBEL (Mercado ibérico de la electricidad) ya consolidado entre España y Portugal en el sector de la energía eléctrica y al MIBGAS (aún incipiente Mercado Ibérico del Gas). Así pues la compleja aspiración de la configuración de un mercado único europeo de la energía se ha de ir alcanzando paso a paso desde los países con proximidades geográficas y problemáticas equivalentes.
A España llega el gas procedente de once mercados distintos por dos medios diferentes de transporte, a través de la combinación de dos fórmulas de abastecimiento: el gaseoducto y la vía marítima en forma de gas natural licuado (GNL). En España contamos con seis tubos de conexión, dos con Francia, dos con Argelia y finalmente dos con Portugal que configuran a la Península Ibérica como un sistema bastante interconectado desde la perspectiva gasística. Estas vías de gaseoductos cubren en la actualidad el 54% del abastecimiento español, con gas proveniente de Argelia y en menor medida procedente de Europa. El resto de nuestra reserva, un 46%, llega en barco, lo que ha convertido la apuesta española por el GNL por vía marítima en la principal diferencia con el sistema europeo.
Mientras que Europa depende en un 85% de los gaseoductos, mercados cautivos con un origen determinado (habitualmente ruso), de difícil sustitución en caso de corte de suministro, España se encuentra preparada para recibir gas por vía marítima prácticamente de cualquier parte del mundo, disponiendo de seis plantas regasificadoras en funcionamiento con una capacidad de 3.246.500 m3 y que teniendo en cuenta que el gas proveniente de Argelia, nuestro país puede distribuir el gas al resto de la Unión y, en consecuencia, es razonable aspirar a que se impulsen conexiones internacionales que permitan avanzar hacia un verdadero mercado interior del gas. Hasta hace muy poco la capacidad de interconexión por gaseoducto entre Francia y España era muy reducida. En la actualidad existen dos interconexiones situadas en el paso de Larrau (Navarra) y la de Irún (Guipúzcoa) a las que se unirá una tercera conexión en un futuro (Midcat) que atravesará el flanco catalán de los Pirineos hasta la localidad francesa de Les Perthus, actualmente incluida en la lista de infraestructuras de interés comunitario.
En España, podemos afirmar que la política energética del Gobierno presidido por Mariano Rajoy –a pesar de tanta modificación normativa- ha sido inexistente y se ha centrado fundamentalmente en la resolución del problema del déficit de tarifa. Las actuaciones llevadas a cabo en este sentido pueden calificarse mejor de contrarreforma que de reforma, ya que no han contribuido a crear las bases del futuro, sino sólo a reformar lo existente desde una óptica claramente anti-renovable.
La imagen que se ha dado de España como país inseguro jurídicamente, hace que hoy en día muchas instituciones financieras no quieran financiar proyectos energéticos en España. El Gobierno ha renunciado expresamente a construir un futuro energético. El modelo de transición energética del Gobierno no es al futuro, sino al pasado. Se ha dado marcha atrás al reloj de la historia desmontando las energías renovables y apostando por un modelo energético de hace cincuenta años.
Del triángulo clásico de los tres vectores de la política energética, que son la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la garantía de suministro, se puede decir que la sostenibilidad ambiental ha sido menospreciada, la sostenibilidad económica se ha utilizado para justificar las políticas antirrenovables y, respecto a la potenciación de la competitividad, poco o nada se ha hecho para avanzar entre las empresas del sector energético en un marco que incentive la competencia y tenga su reflejo en los precios. Y es más, cuando ha aparecido un elemento de competencia como el «autoconsumo con balance neto», prácticamente lo liquidan aunque ahora anuncian una norma restringida para el autoconsumo.
La política de eficiencia energética ha brillado por su ausencia y no se han traspuesto todas las medidas que se deberían haber incorporado a nuestro ordenamiento jurídico para cumplir con la directiva europea de eficiencia energética, llegando a convertir al IDAE en un mero organismo evaluador de las subvenciones del Programa PIVE. De hecho el Gobierno ha estado más interesado en incrementar la demanda de energía eléctrica que por reducir las pérdidas energéticas.
En consonancia con su política industrial, basada en subvencionar determinados sectores de grandes consumidores como son las empresas siderúrgicas intensivas en energía y los costes energéticos, han renunciado a lo que tiene sentido, la inversión en sectores con alto valor añadido en los que España puede ser competitiva tecnológicamente, como era el caso de las energías renovables. Hoy languidecen abandonados centros tecnológicos que años atrás habían sido vanguardia mundial en su especialidad y que podrían haber seguido siéndolo.
Son muchas las transformaciones en el ámbito de la política energética de España que podrían ejecutarse con el objeto de mejorar la eficiencia de nuestro sistema energético nacional. Alguna de ellas sería dar transparencia a la formación de precios como elemento para mejorar la competencia. En España, los peajes gasistas, asociados a la capacidad y al caudal gasista vehiculado, y los peajes eléctricos, asociados al nivel de tensión o a potencias arbitrarias, no aportan los suficientes elementos de contraste con lo que dificultan la toma correcta de decisiones y la flexibilidad.
También habría que proceder a un rediseño del sistema de producción de las energías renovables. España no puede renunciar a la producción energética renovable como base del sistema energético del siglo XXI. Además, la existencia de un mix energético diversificado con un elevado componente en renovables obedece a un objetivo político de la Unión Europea tal y como figura en la Hoja de ruta de la energía para 2050 de la Comisión Europea. Según se recoge en este documento, la electricidad generada a partir de energía eólica y solar tiene escasos o nulos costes marginales y según va aumentando su penetración en el sistema, los precios podrían disminuir en el mercado mayorista y permanecer bajos durante periodos más largos.
Asimismo sería importante intentar que los acontecimientos políticos de los países comunitarios no creen nuevos obstáculos a la integración de los mercados de la electricidad o del gas. Si se pone en cuestión la composición del mix energético, es necesario tener en consideración los mecanismos del mercado, los contratos a largo plazo, la ayuda a la generación hipocarbónica, los precios mínimos del carbono y los impactos sobre el mercado interior. La coordinación entre países vecinos es imprescindible. Los cambios en la política energética deben tener plenamente en cuenta la manera en que cada sistema nacional de electricidad se ve afectado por las decisiones tomadas en los países vecinos. Trabajar juntos evitará la subida de los costes y garantizará el suministro.
Mientras nosotros involucionamos, nuestro país vecino del norte se mueve hacia la modernidad en materia energética como se puso de manifiesto hace muy pocas semanas cuando la Asamblea Nacional de Francia aprobó la Ley de transición energética para el crecimiento verde. En ese texto legislativo francés se prevé la reducción al 50% de la cuota de energía nuclear y entre otras materias la futura prohibición del uso de las bolsas de plástico y de la vajilla desechable, en desarrollo del principio de «obsolescencia programada» con el objetivo de poner fin al desarrollo de productos cuya vida útil se reduce intencionadamente por los fabricantes. La ley crea la figura del «cheque energía» para ayudar a los hogares modestos a pagar sus facturas de energía y que se distribuirá automáticamente sobre la base de un único criterio, el de los ingresos de las familias. Ley que España debería imitar.
José Segura Clavell es portavoz de Energía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Diputado por Santa Cruz de Tenerife, exdelegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, este político ha sido durante esta legislatura ponente, entre otras, de la Ley del Sector Electrico. Atesora una amplia trayectoria en la que se también se puede destacar su experiencia como alcalde de La Laguna y presidente del Cabildo Insular de Tenerife.
