Independencia y energía (II): el modelo catalán de separatismo intervencionista

En este sentido, continuando con el análisis del Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña en lo concerniente a la energía, parece que la prioridad catalana sería negociar con los operadores del mercado español para que su modelo energético siguiera ligado a España. Eso sí, esta negociación, tal y como se recoge en el Libro, se realiza con los activos existentes actualmente en suelo catalán como «pieza de resistencia» y bajo el modelo de «lo tomas o lo dejas». Una negociación de la que no escaparía el polémico almacén gasista Castor, como recogíamos en nuestro artículo anterior. Además, el independentismo catalán apuesta por una economía planificada y regulada de acuerdo al sistema de costes reconocidos, frente al mercado, lo que apunta a que las Directivas Europeas en materia de energía no serían de aplicación en el territorio catalán separado.
En las primeras anotaciones del Libro Blanco dedicadas a la Energía, se indica que Cataluña «no dispone de ninguna competencia en materia de legislación básica sobre la energía y eso hace que no pueda desarrollar las políticas más adecuadas para el territorio ni regular el sector». Además señala que «no tiene competencias para definir un modelo propio de gestión energética (no puede fijar precios de los carburantes o electricidad (sic), ni decidir las infraestructuras prioritarias, especialmente las interconexiones) y, por tanto, no puede tomar las decisiones que le serían más favorables». Un modelo estatista de la energía frente al mercado.
Los autores del Libro se quejan de que Cataluña esté sujeta a la legislación estatal española y critican el diseño de las redes de transporte eléctrico y gasista actuales, que consideran «altamente centralizadas», de forma que las interconexiones eléctricas y gasistas en la actualidad «son muy fuertes con España y muy débiles con Francia«, sin mencionar la propia posición francesa o los conflictos pasados en los tendidos, por el Pirineo leridano por ejemplo, para la largamente reclamada interconexión con Francia.
En este sentido, los autores del Libro Blanco califican como «básico» para Cataluña el disponer de competencias «en materia retributiva y de planificación de infraestructuras», lo que constituye una declaración del intervencionismo del ámbito independentista de este libro y que relega a un segundo plano la voluntad de las empresas. «Las empresas y los medios que tiene Cataluña serían suficientes durante un largo periodo de tiempo», dice de forma literal.
Así, el Libro Blanco contempla dos escenarios, uno de «colaboración» forzosa entre una Cataluña independiente y España, y otro de beligerancia. Desde la ficción, los autores auguran que «no es probable un escenario de beligerancia con el Estado español o con las empresas del sector, sino más bien una gestión responsable y colaboradora entre todas las partes». Al respecto indican que las empresas con presencia en territorio catalán «en cualquier caso de futuro, considerarán Cataluña como una parte significativa de su mercado y las mismas reglas del juego empresarial harán que su gestión sea lo más eficiente y normalizada posible».
Siguiendo con esta retórica, si el escenario es de colaboración con España, la cuestión energética «no tendría que preocupar especialmente» ya que «el Gobierno catalán podría firmar con el Gobierno español un acuerdo de cooperación de garantía de suministro y lealtad mutua para el abastecimiento energético, la compartición de la información sobre la gestión energética, la operación del sistema y el establecimiento de organismos conjuntos«.
Pero, si el escenario fuera de no colaboración con España, tampoco supondría un cambio radical para Cataluña, ya que el sistema energético catalán «operaría con normalidad» y el suministro eléctrico se mantendría «con una mayor producción de los ciclos combinados ubicados en Cataluña«. Además, indican que habría que negociar con las empresas para que continúen operando «así como con España para la transferencia de activos».
Llegados a este punto, resulta evidente que las negociaciones variarían su alcance en función del escenario en el que se desenvuelvan. Sin embargo, una variable apenas contemplada es que las principales empresas con las que tendría que negociar el nuevo Estado catalán son los operadores de transporte eléctrico y gasista y gestores del sistema, en las que el Estado español tiene una participación accionarial importante y el Gobierno tiene grandes matices políticos. Repasemos cuáles serían las negociaciones que Cataluña pretende.
Negociación o el puente aéreo
En lo que atañe al sector eléctrico, la red que transmite electricidad desde diversos puntos de la Península Ibérica hacia la comunidad autónoma de Cataluña es propiedad de Red Eléctrica de España (REE), empresa privada con una participación pública del 20% a cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista. REE gestiona su red desde su centro de dispatching ubicado en Alcobendas (Madrid). Actualmente en Cataluña no existe un centro de dispatching, aunque REE dispone de uno de emergencia en la avenida del Paral-lel de Barcelona y que, llegada la necesidad, los autores plantean que «cubriría sus funciones para Cataluña«.
Enagás también dirige el sistema gasista desde un centro de dispatching ubicado en Madrid. Pero en el caso del gas natural, las negociaciones no se limitarían a que Enagás ejerciera sus funciones para el Estado catalán o que habilitara un centro de dispatching en Cataluña ya que los autores del Libro Blanco pretenden que «toda la cadena de valor del gas en Cataluña» fuese «plenamente operativa«; por ello apuntan a la conveniencia de disponer de un almacenamiento subterráneo de gas, «imprescindible para hacer frente a cualquier eventualidad». De este modo, el Libro Blanco dice que la polémica plataforma Castor «está en aguas catalanas aunque su planta de regasificación esté en Castellón, por lo que habría que llegar a acuerdos con España si entrara en funcionamiento».
La otra red importante es la de distribución eléctrica, mayoritariamente propiedad de Endesa en Cataluña, que sí que tiene un centro de control de dispatching en Barcelona para Cataluña. En este sentido, los autores también plantean que este centro estuviese plenamente operativo ante una posible independencia.
Por otra parte, los autores del Libro Blanco persiguen la transferencia de las centrales nucleares para la producción eléctrica del nuevo Estado catalán independiente, negociando la cuestión de los residuos y del aprovisionamiento con España, de forma que Cataluña se beneficiase de una energía eléctrica con menores costes, incluso la pudiese exportar. Los autores consideran que una de sus fortalezas para garantizar el suministro eléctrico catalán es tener actualmente el 40% de la potencia nuclear de España en su territorio.
Por un lado, el objetivo primordial sería que la empresa pública española Enresa siga gestionando los residuos de las centrales nucleares de Cataluña y que son almacenados en El Cabril (Córdoba) o en el futuro ATC de Villar de Cañas (Cuenca). Por otro, para proporcionar combustible nuclear a esas centrales, la Cataluña independiente se lo compraría a la también pública Enusa, que realiza en Juzbado (Salamanca) los necesarios procesos de enriquecimiento del uranio. Para garantizar este acceso, Cataluña propone «ser socio de España en Enusa«.
Además, se habla de «renovar y continuar el marco regulador de la política energética» con menciones también para dar continuidad a la retribución de las actividades energéticas. Por otro lado, Cataluña negociaría la parte a asumir del déficit tarifario histórico y de la gestión de la deuda eléctrica acumulada emitida por el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE).
Donde este modelo energético catalán, idealizado en el Libro, se muestra más descarnado es en el apartado dedicado al petróleo. Según el Libro Blanco, la independencia «no afectaría» al suministro de petróleo sino que, además, «Cataluña tiene la llave de una gran parte del suministro de petróleo al resto de España«. En este sentido, hacen referencia a la producción de derivados del petróleo que se hace en el complejo de Repsol en Tarragona así como su importación por vía marítima para así afirmar que se podría satisfacer la demanda de un Estado catalán independiente e incluso ser «exportador» hacia España. También pretenden seguir compartiendo con España la red de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).
En lo que respecta a los organismos y mercados, se configuraría un mercado eléctrico catalán regido por la transposición de las normas de actuación del mercado eléctrico ibérico (OMIE) hasta disponer de un marco regulatorio propio. Pero también se anuncia un giro intervencionista con «una auditoría integral de cada sistema energético para optimizar su funcionamiento. Especialmente, en relación con electricidad, gas e hidrocarburos. Eso permitirá establecer un sistema de regulación de las retribuciones, de acuerdo con los costes reales«, lo que no haría especialmente necesario que este mercado se constituyese.
Sobre los organismos a crear en el medio plazo, Cataluña pretende un Ente Supervisor del Sistema Energético Catalán, que reemplazaría a la CNMC para hacer cumplir la regulación vigente del mercado, analizar la planificación energética así como estudiar y proponer la retribución de las actividades reguladas que tendrá que aprobar el Gobierno. También se plantean la creación de un Operador del Sistema Eléctrico Catalán, que gestionaría la liquidación de pagos y cobros y del que se dice que podría operar provisionalmente desde el centro de dispatching de REE en Barcelona o desde el de Endesa.
Un Operador del Sistema Gasista Catalán también entra en los planes aunque el Libro Blanco indica que Cataluña ya dispone de un sistema de control operativo de la red de distribución de gas natural, operado por Gas Natural Fenosa, «pero que habría que ampliar incorporando la red de transporte que opera actualmente Enagás«. Asimismo, desde Cataluña plantean crear un Consejo de Seguridad Nuclear que podría imitar al español «puesto que ha funcionado muy bien». En este punto, desde Cataluña también pretenden negociar con los organismos reguladores españoles (CNMC-CSN) así como con otros operadores españoles para el traspaso a Cataluña de infraestructuras y servicios que realizan.
Finalmente, el Libro Blanco pasa de denunciar que «a Cataluña le cuesta un mínimo de unos 934 millones de euros por año permanecer conectada al sistema eléctrico español» a la idealización de que «el sistema eléctrico catalán puede suministrar la energía a unos precios un 30% inferiores a los de España». Cataluña podría ser «uno de los Estados de la Unión Europea con uno de los precios de la energía eléctrica más reducidos», concluye el Libro Blanco. Eso sí, considerando que este proceso hacia la independencia de Cataluña, planteado de forma coactiva, se realiza asumiendo todas las suposiciones energéticas anteriores; un modelo diseñado de forma unilateral en sus reglas del juego y planteado de tal forma que, España y Francia, operadores de transporte y sistema, empresas y mercados, lo acepten.