Más madera, más carbón

– Desaparecen unas 528.000 toneladas métricas de carbón nacional acumuladas del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC), situado en terrenos del empresario leonés Victorino Alonso, en León y que es propiedad de la compañía estatal, con titularidad de la SEPI, Hulleras del Norte (Hunosa). Todavía no se conoce su destino, ni las causas. Prosiguen las conversaciones entre empresas, sindicatos mineros y Administración. Esta anómala combinación de elementos, cauteriza la respuesta tradicional del sector a los acontecimientos posteriores.
– El Gobierno desbloquea 46 de los 111 millones de euros de ayudas a la producción de carbón nacional correspondientes al año 2012, con lo que se deniega el apoyo a las principales empresas mineras (Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), ambas titularidad de Victorino Alonso, y Hullera Vasco Leonesa). El trasfondo de la desaparición del carbón y el impago de cuotas a la Seguridad Social son los argumentos y el marco de la decisión ministerial. Para depejar dudas, el Grupo Alonso pide un peritaje para realizar las mediciones del carbón almacenado en el AETC.
– Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo adelantó que está tramitando con Hacienda un «añadido presupuestario» a modo de crédito para satisfacer el total neto de las ayudas a la minería del carbón para 2013, que ascienden a 153 millones de euros
– Tanto Uminsa, como Coto Minero Cantábrico entran en preconcurso de acreedores y solicitan el correspondiente Expediente de Regulación de Empleo. La variante habitual, que es el conflicto de orden público, se sofoca.
– A finales de febrero, se publica el reglamento que obligaba a las empresas eléctricas a la compra de carbón nacional con destino a la generación eléctrica, fijando el volumen, precio y las condiciones de expedición del mismo en el mercado de generación eléctrico. Industria no repercute los nuevos impuestos a la generación y el céntimo «verde».
– Se judicializa el problema del carbón nacional con el hecho de que las empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y EDP Hidrocantábrico) recurren ante la Audiencia Nacional este Real Decreto. Por su parte, Endesa y Gas Natural Fenosa piden, además, medidas cautelares a esta instancia judicial en este momento.
– Las empresas eléctricas empiezan a generar electricidad mediante el carbón nacional acumulado en sus depósitos (por otra parte, llenos), aunque sin adquirir nuevas cantidades de mineral. El borrador del Plan del Carbón (2013-2018), elaborado por la Secretaría de Estado de Energía, prevé la concesión a las centrales térmicas de ayudas por el coste social y ambiental de la producción energética. Mientras, el operador de sistema, REE, no despacha la producción mediante carbón nacional, con lo que la evacuación de los depósitos de las centrales se ralentiza.
– Las empresas mineras se quejan por esta situación e Industria modificó la resolución para la aplicación en 2013 del decreto del carbón, con el objeto de que las centrales térmicas adquieran mensualmente a las empresas mineras y al AETC el stock de carbón nacional para generación eléctrica previsto para todo el año. A lo largo del año se podrán generar bajo este procedimiento 20.054,32 gigavatios hora (GWh) en nueve centrales eléctricas, el 19% menos que lo fijado para 2012 , de los que 3.852 GWh se cubrirán con energía no generada con carbón adquirido en los ejercicios de 2011 y 2012.
– Endesa solicita cautelarísimas a la Audiencia Nacional para que se paralice la obligación de adquirir carbón mensualmente, contenida en la nueva orden.
– Para más «inri», el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se mete en un charco al considerar que el «diálogo» con la eléctrica «clave» en la quema del carbón nacional «no es fluido» debido a que es extranjera, en clara referencia a Endesa.
Se acumula gas grisú en torno al sector nacional, por la propia acumulación de medidas que fuerzan la racionalidad humana. Se trata de violentar tanto el concepto estratégico, como el propio funcionamiento económico, técnico y jurídico eficiente, perpetuando y engrosando un problema de proporciones cada vez mayores.