Hoja de ruta del déficit tarifario

El pasado viernes el diario El Economista anticipaba un nuevo plan del Gobierno para abordar el problema del déficit tarifario eléctrico. A diferencia de otros planes conocidos en el pasado, incluso con otras administraciones energéticas, éste tiene importantes visos de realidad, incluyendo las fuentes de que dispone el medio que lo publica. Quién sabe si su publicación responde al ejercicio del globo sonda, además del reconocimiento de que sería el penúltimo empujón tras el 2012 de dique seco sobre el problema del déficit tarifario.
¿Cuáles son las características positivas de este plan, con los elementos discutibles que el mismo pueda contener? Fundamentalmente, que es la primera vez que se aprecia una cierta hoja de ruta con enfoque global, que además está centrada en las cuestiones más relevantes: caída de la demanda, eficiencia del mercado de generación eléctrico (abandono, por tanto, de cuestionamientos pasados y de tentaciones retroprogresivas) y concentración de las medidas en los costes regulados.
Se trata de un plan que implicaría un recorte de 2.000 millones de euros, basado en el ajuste cada cinco años de las retribuciones reguladas: transporte, distribución y primas a las renovables. Además, se trata de articular la posibilidad de hibernar plantas de gas en consonancia con la caída de la demanda, y el hecho de que vaya cobrando forma la idea de constituir un «banco malo» para las renovables. Junto a esto, en dicho Plan se incluye el hecho de rebañar costes del suministro que irían a parar a los Presupuestos Generales del Estado por un montante de otros 2.000 millones de euros, en concreto, relativos al coste de la interrumpibilidad y de los sistemas extrapeninsulares.
Es, por tanto, algo que va más allá de una declaración de intenciones. Queda ahora el determinar cómo se va a llevar a cabo el mismo, con qué niveles de acuerdo y negociación se va a realizar (o si se va a presentar en modelo hechos consumados), con qué garantías y con qué precisión jurídica se va a realizar o, incluso, desde el punto de vista institucional, el papel en ello del nuevo órgano de competencia y mercados, tras la voladura de la Comisión Nacional de Energía, originada en la negociación de la legislatura anterior para la cobertura de puestos en los órganos reguladores, dado que la CNE, en su estado actual, tiene propuestas para modificar el esquema de revisión del sistema de tarifas.
Y, por último, queda por conocer la maniobrabilidad y la importancia de los obstáculos que puede tener un plan de esas características. En el primer supuesto, la ejecución podría llevarse a cabo por el propio Ministerio de Hacienda.
En el segundo, el de los obstáculos, hay que tener en cuenta los intereses de los Fondos, el papel de la Administración norteamericana, así como las resoluciones de los procesos judiciales en el ámbito europeo relativos a las energías renovables. Por otra parte, la sola enunciación de la reducción de las inversiones en transporte, revisión de su retribución y de la reducción de capacidad de centrales de gas como suministro hipergarantizado para el operador de transporte y sistema, puede generar también reacciones encontradas desde los accionistas de la entidad que preside José Folgado.
Queda mucha película por delante y hoy sólo sabemos retazos del argumento.