El sector del carbón está que arde

La situación de asfixia del sector cada vez es mayor y a esto no ayuda la desaparición de 200.000 ó 500.000 toneladas de carbón (según se consulte a fuentes del sector o la prensa local, respectivamente) del Almacén Estratégico Temporal del Carbón (AETC), perteneciente a la minera pública Hunosa y que permanecían almacenadas en los parques de Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC), ambos propiedad de Victorino Alonso.
Al parecer, el grupo Alonso achacó la ausencia del mineral a las lluvias, que podrían haberse llevado hasta un 10% del «stock». Cada tonelada tiene un coste medio de 70 euros, por lo que el valor del mineral perdido rondaría entre los 14 y los 35 millones de euros, dependiendo de monto realmente desaparecido. Esta es la razón por la que, según el sector, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo habría bloqueado el pago de los 111 millones de euros de ayudas correspondientes al ejercicio 2012.
Ante la polémica surgida, Uminsa y CMC salieron al paso afirmando que tienen capacidad para producir las toneladas extraviadas en el plazo de un mes, por lo que no entienden que se magnifique el problema y se utilice para justificar los retrasos en el pago de las ayudas. Sin embargo, y por esta razón, Hunosa celebrará la próxima semana un consejo de administración extraordinario para abordar la problemática desatada.
En este contexto, tanto la Abogacía del Estado como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende Hunosa en su totalidad, estudian acciones legales contra el empresario leonés.
No obstante, el ministro del ramo, José Manuel Soria aseguró que el retraso en el pago se debe a varios factores y no necesariamente a la «desaparición» de esos cientos de miles de toneladas de hulla.
«Existen razones muy poderosas de tipo jurídico que impiden que las ayudas al sector del carbón puedan llevarse a cabo», dijo Soria, si bien aclaró que su departamento «está trabajando para resolver los obstáculos» y que estas partidas se canalicen lo antes posible.
Y es que, según anunció el ministro en el Congreso de los Diputados, «los servicios jurídicos del Estado están haciendo determinadas comprobaciones y en cuanto estén hechas las ayudas se desbloquearán».
Según se sabe, el Ministerio de Industria ha elaborado una propuesta de resolución para la aplicación en 2013 del decreto del carbón en la que reduce en un 20% el volumen, que rondará los 6,6 millones de euros, y la energía del mineral nacional que podrá ser quemado en nueve centrales térmicas a un precio incentivado, que se situará en 18.228 gigavatios hora (GWh). Todo ello permitiría que los costes para el sector en 2013 no superaran los 419 millones de euros, es decir, 75 millones de euros menos con respecto al coste de 493 millones de euros previsto para el decreto en 2012.
Mientras tanto, los sindicatos mineros, a los que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, convocó a una mesa de negociación en torno a la primera semana de marzo, siguen esperando a que la resolución de restricciones de garantía de suministro se publique la semana entrante en el Boletín Oficial del Estado.
Por otro lado, Nadal anunció que el Gobierno no prorrogará las subvenciones a las empresas propietarias de las centrales térmicas por el uso de carbón nacional y las ayudas a la producción a las compañías mineras, que finalizan en diciembre de 2004, puesto que » no se puede ir más allá».
Además, Soria reiteró que el objetivo del Gobierno es que las explotaciones competitivas de carbón, al margen de que hayan recibido o no ayudas públicas, puedan seguir funcionando a partir del 1 de enero de 2019, en contra del plan europeo. «Es la posición que estamos negociando con Bruselas, pero no sabemos si va a poder ser así o no», y acusó al Gobierno anterior de ser quien decidió que estas explotaciones pudieran cerrarse.