La reforma de la puerta giratoria

Todas estas son las medidas que están en la cocina del Gobierno de cara a la resolución del déficit tarifario eléctrico y a la descompensación existente entre la tarifa (el precio aplicado al suministro) y el coste total del suministro eléctrico, tema determinante en la conformación de una deuda galopante, cuyas medidas han sido leves hasta el momento y calificables de cuidados paliativos.

Rumores alentados por los sectores más retroprogresivos del sector eléctrico evidencian el interés de determinados colectivos y subsectores, que tratan de conseguir la imposición de una tasa a la generación hidráulica y nuclear a partir de falsificar la interpretación de la contabilidad financiera con argumentos demagógicos. En este momento, conseguir la aplicación de esta medida, sería una pieza clave cobrada para fracturar el mercado de generación de electricidad, lanzar un torpedo al proceso de liberalización y, de paso, proponer un modelo distributivo intervenido de rentas fijadas por actividades, partiendo de la gran mentira de la amortización de activos de estas instalaciones, con el soporte de una campaña orquestada sobre planteamientos de corte demagógico y simplista. Los artífices de esta campaña ejecutan un proceso en el que han engatusado incluso hasta a la propia Comisión Europea con estas afirmaciones para sostener un argumento que opera contra la lógica, contra la contabilidad financiera y contra la aritmética, y que, de forma candorosa, se instala en un pensamiento pseudoperonista de la sociedad española.

El objetivo de esta campaña (cada día tiene su afán) es que el esfuerzo final para la resolución del déficit pase de largo de los sectores más beneficiados por el exorbitante crecimiento de los costes regulados en estos últimos años, de forma que se siga propagando una cultura de la discrecionalidad retributiva a costa de las actividades más maduras.

De hecho, partidarios de este enfoque pueden llegar a sostener de forma cínica un alegato a favor de la seguridad jurídica y de la estabilidad regulatoria de forma que no exista retroactividad en el modelo de primas, aunque los mismos invaliden con desparpajo la misma para las actividades liberalizadas (¿?). Conseguir esta ruptura de mercado de generación sería una segunda pieza para su vitrina de trofeos. La primera fue concentrar los efectos (aún inconcretos) del segundo real decreto ley contra el déficit tarifario en la reducción de la retribución de la actividad de distribución de electricidad.

Por su parte, resulta paradójico en todo este proceso el silencio y el solipsismo en que se está elaborando la hoja de ruta para la resolución de un problema de esta envergadura. Y, significativamente, el comportamiento del propio ministro, José Manuel Soria, en el que todo el mundo coincide en atribuirle buen carácter, reconocerle que adquiere conocimiento de forma rápida, estar bien intencionado, disponer de «inteligencia política en las distancias cortas», ser «sensible» a los intereses de todos y cada uno de los sectores, de forma que todos los interlocutores con los que interactúa salen siempre satisfechos, en un modelo de interacción puerta giratoria sin profundidad. Algo que, por otra parte, resulta paradójico dado que se trata de un problema cuya resolución necesariamente requiere de dolor, y más si se tienen en cuenta las ceremonias que tratan de desviar la atención de los coste regulados de la tarifa y de los costes impropios que soportan, a la que vez que los beneficiarios formulan un vaporoso «aparta de mí este cáliz».

En todo caso, es positiva la consciencia en el Ejecutivo de la gravedad del problema y de que en la resolución del mismo está en juego muchas cosas. Y todas muy importantes, incluyendo una atención desde el punto de vista internacional a los efectos sobre analistas financieros, mercados bursátiles, sobre el rating y el valor de las empresas, sobre la posibilidad de operaciones corporativas hostiles aprovechando la inseguridad regulatoria percibida en los mercados internacionales y las cotizaciones de las empresas. Y sin perder de vista que el alcance en términos de efectos colaterales puede llegar a la prima de riesgo española. No es momento de hacer barbaridades y, por tanto, es necesario hilar muy, muy fino en la combinación de medidas para reconducir el déficit tarifario, en su ejecución y en su «timing».

Probablemente lo sensato sería adoptar un sistema inteligente de coordenadas de partida: que la tributación a la generación no fracture el mercado eléctrico, ni cuestione la liberalización que ha permitido eficiencia en los precios medios del mercado, que las medidas permitan una adecuación tarifaria y de los precios sin componente político a futuro (de forma que no sea solo poner el contador a cero y volver a empezar), valorar el alargamiento en un año del período de extinción del déficit, aprovechar el nuevo sistema de subastas de derechos de emisión, centrarse en los costes regulados y en lo que soporta la tarifa que no le corresponde, como responsable de lo que ha sido el encarecimiento del suministro.

Estos son puntos de partida que orientan una solución lógica, económica, que responda al interés general, al del coste del suministro, a la evolución de las magnitudes económicas del sector y corresponsabilice, en su justa medida, en que los esfuerzos se concentren en los elementos que han hecho que el problema se haya acrecentado y desbordado.