La bien pagá (infraestructura Castor)

«Pelotazo». Esta palabra le dedicaba el diario «elEconomista» al escándalo de la retribución de la infraestructura de almacenamiento subterráneo gasista, promovida por ACS y la canadiense Escal, que ha sido aprobada recientemente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que, a su vez, desbarata el equilibrio tarifario del sistema gasista. Algo que ha hecho que las empresas energéticas y las patronales Sedigas y Unesa hayan pedido una auditoría de los costes de su construcción y su efecto en la incorporación en la tarifa del gas (los consumidores industriales de este hidrocarburo también han puesto su mirada en esta decisión). Dicha instalación, una vez puesta en funcionamiento, también será propiedad de Enagás, el operador de transporte y gestor técnico del sistema gasista.
Puede resultar extraordinariamente instructivo entender cómo se determina la retribución de un activo como este, el cual se integra dentro de los costes regulados (esto es, en la tarifa de acceso) del sistema gasista y, por tanto, en la factura que pagan los consumidores gasistas. Este artículo explicará este mecanismo retributivo, sus pasos, cómo se aplica la matemática financiera y las peculiaridades que han dado lugar a que esta infraestructura repercuta de forma tan importante en los costes regulados. Al mismo tiempo, se irán efectuando apostillas explicativas para comprender las dimensiones del problema.
En primer lugar, el inicio de los tiempos de una infraestructura es conseguir que se decida hacerla. Esto es, conseguir que la infraestructura sea considerada necesaria (¿qué es lo que determina que algo es necesario, algo que debería responder a una cuestión relativa a la existencia previa de una demanda a cubrir?) o deseable y, por tanto, se integre en lo que se denomina Planificación Energética. Este tipo de iniciativas de inclusión en la Planificación Energética ha sido una especialidad de los operadores de transporte y sistema, tanto en el sistema eléctrico como en el sistema gasista. Hay que comprender que los ingresos de estas empresas dependen de las infraestructuras que logran «colocar» en dicha planificación, de forma que se pueda iniciar el proceso de autorización de su construcción para su posterior explotación.
Inciso número uno, referido al almacenamiento Castor: a la hora de decidir la inversión, una cuestión a plantearse debería haber sido la idoneidad de la misma, es decir, la demanda o necesidad a cubrir, en la medida que nuestro sistema gasista cuenta con una diversificación de aprovisionamiento (gracias a las regasificadoras y gaseoductos y a la situación del mercado de aprovisionamiento de gas actualmente con un importante exceso de oferta) que le otorga enorme flexibilidad. ¿Cómo puede ser que con un sistema tan flexible, España acabe pagando el triple por almacenamiento de gas que la media europea?
A partir de este paso inicial, lo segundo consiste en la construcción de la infraestructura, cuyo proceso de licitación y seguimiento de sus costes se inscribe realmente dentro de la elaboración y formulación de la anteriormente mencionada Planificación Energética anual como soporte del modelo de costes reconocidos de estas infraestructuras. Dicho proceso, en sus distintas fases, es extraordinariamente inoperante y burocrático, como un catálogo de instalaciones en construcción, de forma que sólo se sale del carril cuando se requiere una rectificación al alza de los costes iniciales. Es un proceso que requiere mucha mayor responsabilidad por parte de las autoridades energéticas (Ministerio de Industria y Comisión Nacional de Energía) desde el principio hasta el final. En algún caso, el Ministerio de Industria requiere informes para su cobertura a la CNE ante estas desviaciones. En este caso, una vez autorizado este almacenamiento ubicado en Vinarós, la empresa solicitó una revisión de la inversión inicial para lo cual Industria solicitó a la CNE un informe al respecto.
Así, la construcción del Castor ha experimentado importantes alzas en los costes. De hecho se ha más que triplicado, pasando de 500 a 1.600 millones euros, cuestión que ha derivado en el requerimiento de una auditoría real al respecto por parte de empresas y patronales en estos momentos que será realizada por una empresa especializada. Si, además, se compara con el coste de la construcción de otros almacenamientos, como el de Yela, que costó apenas 200 millones de euros, las cifras son ya con este primer antecedente de llevarse las manos a la cabeza. La convicción, la persuasión y la justificación permiten que el montante total del coste de la infraestructura sea autorizado por la autoridad correspondiente. En todo caso, resulta un mecanismo clásico en la construcción de infraestructuras la adjudicación de la misma con un presupuesto de partida reducido y su incremento final, fuera de las cifras y dimensiones. Eso sí, con toda la justificación administrativa que sea menester.
El siguiente paso es fijar la retribución que cada año se incluye en la factura y que percibirán los explotadores de la instalación (ACS, Escal y en el futuro Enagás). Así, una vez conocido el «coste total» o «valor de la inversión» se fija un período de amortización en número de años y un tipo de interés (rentabilidad) que se referencia al bono alemán más un diferencial o spread. Cuanto menor es el tiempo o período en que se amortiza el coste inicial, mayor es la retribución que percibe este activo cada año. En sentido inverso, cuanto más alto es el tipo de interés o el spread o diferencial con el bono alemán de referencia, mayor es la retribución asociada. Dichas magnitudes o referencias están en la actualidad sobredimensionadas y precisan de una revisión.
En conjunto, se puede decir que en el caso del almacenamiento subterráneo Castor se ha producido una alineación astral muy especial que ha conseguido que se ‘maximice la retribución’ de esta infraestructura desde el principio hasta el final, desde sus promotores a sus explotadores, ejemplificando adónde nos llevan los mecanismos de costes reconocidos (de ahí la demanda de que estas infraestructuras se adjudiquen mediante subastas) y la desidia de la elaboración, formulación y seguimiento de la Planificación Energética.
Es especialmente importante advertir que estos problemas con sus efectos van a reproducirse mientras que no se le dé la relevancia, seguimiento, control y supervisión que merece el proceso de planificación y, por tanto, se actúe con responsabilidad sin que las autoridades energéticas vayan dejando pasar etapas y dejando correr las aguas en su descomposición. Un proceso muy defectuoso que, en la actualidad, dista enormemente en su ejecución de la trascendencia, calidad y finura económica que se requiere.
Y es que podemos decir que la infraestructura de almacenamiento gasista Castor, gracias a toda esta indolencia, es la «bien pagá» del sector gasista.