Castor y los costes regulados del gas

El crecimiento del coste de esta infraestructura se trasladará finalmente a la tarifa del gas, como vienen señalando «El Economista» y la Comisión Nacional de Energía (CNE). En todo caso, el Castor, almacenamiento subterráneo ubicado en el municipio castellonense de Vinarós, no ha estado exento de polémica.
Según informa el diario «El Economista«, el Ministerio de Industria aceptó la puesta en funcionamiento de esta instalación reconociendo una retribución de 1.272,9 millones, es decir, 772 millones más de lo previsto. Dicha retribución impactará en más de un 8% en los costes regulados del gas. El nuevo Ministro de Industria llega muy tarde para poder reconducir estos costes que impactarán sobre el sistema.
A veces es difícil diferenciar el grano de la paja. Si recopilamos los hechos, podemos identificar prácticas más o menos habituales en los agentes económicos y empresas que participan en la promoción, construcción y explotación de este almacenamiento. En primer lugar, por reseñar la parte “brick and mortar” del asunto, encontramos el interés de las compañías constructoras en la promoción y desarrollo de estas infraestructuras muy costosas, algo que ha sido muy frecuente en los tiempos pasados de expansión de la economía española y que ha inducido un proceso de sobreinversión, con trascendencia futura sobre la deuda y sobre la recuperación de la economía.
En segundo lugar, es práctica habitual el abordar los proyectos sobre la base de una rebaja inicial (de un presupuesto irreal) para luego ir incrementando el coste con la obra en marcha, es decir, se trata de conseguir que se inicie la construcción de una infraestructura, a sabiendas de que el coste de la misma será mayor, consiguiendo paulatinamente la elevación de su presupuesto por la vía de reconocer objetivamente que sus costes son mayores. No quiere decir que sea un ‘pelotazo’, pero sí que es negocio.
Lo importante es poner el pie en la puerta. De hecho, en el caso del almacenamiento subterráneo Castor, el incremento de esta instalación de 500 a 1.600 millones de euros estuvo avalado por un informe pericial que el propio regulador energético solicitó en su momento. Además, ahora es preciso adquirir el gas a almacenar (para su rellenado) lo que supone 200 millones de euros más. En todo caso, para comprender todo este escenario se requiere una necesaria visión retrospectiva del papel de las constructoras españolas en su huida de la crisis inmobiliaria y su consiguiente acercamiento al sector energético.
La segunda práctica ya es la propia de los operadores de transporte y sistema cuya retribución está basada en los activos que tienen en operación y en los costes reconocidos de los mismos. Recordemos que Enagás será copropietaria de la sociedad que explota este almacenamiento y, paradójicamente, nunca aparece en las noticias al respecto. ¿Se trata de ese respeto reverencial que se tiene a las empresas que tienen un carácter privado disfrazado de semipúblico por su misión? Todavía no se ha puesto encima de la mesa la responsabilidad del gestor técnico del sistema gasista y transportista en fomentar la necesidad de almacenamientos subterráneos, inclusive de cebar la planificación energética.
Y finalmente, y con un enfoque de mayor globalidad, hay que replantearse la política general de inversiones en almacenamientos subterráneos en el sector gasista. España tiene uno de los sistemas gasistas más flexibles y diversificados del mundo, que permite un abastecimiento ‘just in time’, dado el número importante de puntos de acceso del gas a nuestro país y la red de regasificadoras, con tanques de almacenamientos propios que permiten una flexibilidad enorme al sistema, y cuyo reforzamiento sería más asequible que los almacenamientos subterráneos, y así garantizar las reservas estratégicas necesarias de este hidrocarburo gaseoso. ¿Es razonable continuar invirtiendo en este tipo de instalaciones? ¿Es razonable ponerlas en funcionamiento afectando tan notablemente a la tarifa en un momento de intensa caída de la demanda? Adicionalmente, este sistema, este modelo está operando en un contexto en que en este mercado se ha producido un incremento notable de la oferta y una caída de la demanda mundial por el denominado shale gas y de puesta en marcha de nuevos gaseoductos.
La lógica consistente en precio del abastecimiento gas natural, más costes regulados de transporte, distribución y almacenamiento en términos de formación del precio total del suministro y su efecto sobre la tarifa del gas, no se puede, ni se debe perder de vista a la hora de tomar todas estas decisiones económicas.
En medio de todo esto, empieza a sentirse la presión de las industrias, grandes consumidoras de gas que recibirán el impacto de estos costes regulados y que utilizan como razonamiento el efecto sobre el empleo de la pérdida de competitividad de la elevación de los costes de la energía (sin perjuicio de que sus ambiciones sean mucho mayores que la eliminación de los costes regulados derivados del almacenamiento Castor).
Y una pregunta más, por cierto: ¿por qué en todas estas polémicas Enagás siempre sale de rositas?