La consulta de la CNE: ¿desvarío, gamberrada o plebiscito?

En días pasados, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitió a través de la Secretaría de Estado de Energía una petición al órgano regulador independiente, esto es, a la Comisión Nacional de Energía para que se elaborase un diagnóstico, así como propuestas de medidas, con el objeto de efectuar un ajuste regulatorio para resolver los problemas de los sectores eléctrico, gasista y de hidrocarburos.

Para llevar a cabo esta encomienda, la semana pasada el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía puso en marcha un proceso público de consulta abierta, generalizada e indiscriminada. A tal efecto, la CNE ha optado por colocar unos formularios abiertos y disponibles en la web del organismo de forma que todo aquel que se considere concernido pueda dirigirse al organismo que preside Alberto Lafuente para opinar al respecto. Así, mañana expira el plazo de este proceso en el que cualquiera puede emitir su parecer con una extensión inferior a veinte páginas o diez, según el sector. El eléctrico y el gasista tienen veinticinco o veinte páginas de límite, mientras que el de hidrocarburos (un sector más liberalizado) tiene diez.

En todo caso, se trata de un proceso plebiscitario casi chavista, inaudito, con una formulación indefinida, abierta e imprecisa en la que las propuestas resultantes pueden contar con un tinte muy demagógico. A saber: que la energía sea las cuatro bes, “buena, bonita, barata y bundante”. A ver quién se opone a eso. Luego, también hay una suerte de tendido siete que critica lo que en buena lógica van a proponer y considerar cada uno de los agentes intervinientes en medio de una situación de caída de demanda, exceso de capacidad, tarifas congeladas administrativamente, primas crecientes y conflicto entre tecnologías. Los mediáticos de cada ramo se escandalizan de que tal asociación sectorial de otro ramo vaya a opinar esto o lo otro, y al revés, y que con ello pretendan ‘condicionar al Ministerio’ como cualquiera de los subsectores de la energía.

Por otra parte, desde el punto de vista institucional, se trata también de un proceso deslegitimador de los propios Consejos Consultivos del organismo, en el que, por cierto, están presentes los agentes de los distintos sectores energéticos. De hecho, la escenificación de los Consejos nunca ha pasado de ser más o menos una función de trámite obligatorio para el Consejo de Administración de la CNE, que ni siquiera se recogía en los informes. Este proceso confirma el valor que el organismo otorga a esa participación.

Del mismo modo, se trata de un proceso precipitado, en la medida que en un plazo tan breve, resulta muy difícil contar con una visión omnicomprensiva de estos sectores, con un análisis económico y de mercado que no esté sesgado por los propios intereses concretos o por modelos ideológicos de partida (¿qué se imaginan que podrán escribir los representantes de los colectivos retroprogresivos?). Es decir, resulta muy complejo no contar con aportaciones que no sean reafirmaciones sobre las posiciones dogmáticas de partida.

Y, finalmente, se trata de un modelo que no fija un marco de referencia previo, es decir, la garantía del respeto al modelo actual vigente que gira en torno a las leyes de 1997 y 1998. De hecho, parece que podrían ser cuestionables incluso la ley de la gravedad o la polaridad de los electrones que circulan por la red.

La CNE, desde la presidencia de Maite Costa, ha tenido tendencia a la voluntad de interpretación holística de la regulación energética, para buscar efectuar cuestionamientos a la totalidad sectorial del modelo legal vigente, incluso de las Directivas europeas, en el que el organismo regulador tiene un papel definido, sin convertirse en un canal para el revisionismo permanente. En esa tradición es en la que podemos inscribir propuestas como el famoso ‘testamento regulatorio’, revisiones más o menos completas del modelo de liberalización y de mercado, por la vía de la reflexión seccionada o las medidas parciales.

De dichos procesos no hemos sacado nada bueno hasta el momento, salvo comportamientos catárquicos y revisionistas de los que nunca se sabe cuál es su desembocadura. Hay una tendencia maximalista en efectuar reflexiones sesudas sobre el ‘modelo’ sin reparar en las dinámicas económicas básicas y de mercado y sin centrarse en los problemas. Por ejemplo, en el caso eléctrico, la evolución de los costes regulados y la incapacidad de las tarifas para atenderlos. En el caso gasista, tratar las inversiones y los costes regulados que apuntan a la insuficiencia tarifaria.

Si la cosa fuera en serio, quedaría la excusa a Alberto Lafuente y su Consejo de unirse al carro de las tendencias internacionales en materia de ‘open government’ o ‘wikigovernment’ que, de forma más rigurosa y seria, se están emprendiendo en otros países para articular el ‘empowerment’ de los agentes concernidos. Teniendo en cuenta que en muchos casos el consejo de Administración de la CNE ni siquiera ha considerado los informes particulares de los agentes en sus dictámenes, no parece que la cosa vaya por aquí e incluso que sepan qué es esto.

Lejos de visiones beatíficas o ingenuas relativas a la capacidad de los servicios del organismo para elaborar esta encomienda y desarrollar un cauce inteligente y previsible institucionalmente, la instrumentación política o demagógica de este proceso abierto en canal nos hace preguntarnos cuál ha sido el detonante para un comportamiento que introduce mucho ruido y que pretende afectar a los grados de libertad del Ministerio de Industria por la agitación que comporta.

Simplemente, esta Fuenteovejuna asamblearia, esta gamberrada, puede ser una coartada para dar salida a un informe que diga una cosa o la contraria, para avalar las propuestas del testamento regulatorio de infausto recuerdo en las postrimerías del mandato de Maite Costa, afianzarse en posiciones retroprogresivas como las del informe de costes y precios, atacar el modelo de liberalización (cuyo vicio son las intervenciones que lo erosionan) o un paso más en el desvarío del organismo que debe ser reconfigurado con urgencia antes de que haga más desastres como éste.