La energía se habitúa al déficit tarifario

En los últimos días se está recrudeciendo el debate alrededor del problema del déficit tarifario. El déficit tarifario es un problema consistente en que la tarifa, los precios de la energía son insuficientes para pagar el coste de su suministro. La cantidad que va engrosando ese déficit de tarifa es una deuda que tienen los consumidores con las empresas, con el auspicio legal de una decisión política. La idea que subyace es, en esencia, la naturaleza política de los precios de la energía y, por tanto, la justificación de la intervención pública para decidir costes, inversiones y precios, con escaso respeto por la economía, el funcionamiento de los mercados y las consecuencias económicas de las mismas.
Ese déficit puede tener muchas formas. La primera es ir constituyendo una deuda acumulativa cuya financiación es preciso abordar por la vía de titulización o por otras alternativas. La segunda es elevar las tarifas o los precios para adecuarlos a la realidad. A partir de ahí, las soluciones son más “creativas” y forman parte del esoterismo político, aunque tengan consecuencias innegables sobre la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la inversión o los mercados financieros: proponer “quitas”, “canjes”, etc…
El origen de dicho problema es diferente según de lo que hablemos. En el caso de la energía eléctrica, este déficit se ha ido formando en cada momento por cuestiones diferentes. Teniendo en cuenta que hay dos componentes en el coste del suministro (precio de la energía más costes regulados), hace años la evolución del precio de la electricidad en los mercados de generación era la que provocaba la insuficiencia tarifaria. Actualmente, la escalada de los costes regulados (transporte, distribución, primas a renovables y financiación del déficit), son las partidas que hacen insuficiente la tarifa. En el caso de la electricidad, se ha desatado una guerra importante que está transparentando las partidas más incontroladas de la tarifa eléctrica, como se puede seguir en Energía Diario.
En el caso del butano, también existe un déficit tarifario, en la medida que los precios que se cobran por la bombona no son suficientes para cubrir el aumento de los costes de producción y los costes de distribución. Es decir, los precios son insuficientes para cubrir los costes del suministro lo que, unido a la caída de la demanda y la dispersión en el consumo, aboca a una grave crisis en los distribuidores y el sector en general, que puede cuestionar su viabilidad. El precio del butano es un precio político, de enorme sensibilidad para las autoridades políticas que ven, en el corto plazo, el coste político del enfado de los consumidores.
El último sector en entrar en déficit tarifario es el gas. Y lo ha hecho al final del presente año, coincidiendo con la recaída en recesión de la economía española. Las noticias que conocemos respecto de la evolución de los precios del gas y de sus tarifas nos llevan a que con la caída de demanda y el crecimiento de las inversiones en red de transporte y almacenamiento nos encontremos que cada vez menos consumo debe financiar más infraestructuras (con un programa de infraestructuras de transporte y almacenamiento incoherente con la caída de demanda y las necesidades asociadas).
Esencialmente, el gas es muy semejante al sector eléctrico (coste de la materia prima/energía más costes regulados), pero al mismo tiempo, existen elementos simplificadores que permiten una estilización en el análisis de este déficit tarifario. ¿Cómo es posible entonces que se produzca este déficit? El gas no tiene renovables, no tiene primas. No tiene tecnologías de generación con costes diferentes y, por tanto, no tiene retroprogresivos que pidan la expropiación de las rentas por tecnología en lugar de precios medios, como solución ‘oportunista’ a este déficit. Además, los precios del gas como materia prima tienen una tendencia bajista en los mercados internacionales. Y, al mismo tiempo, tiene un programa de inversiones en infraestructuras que también va haciendo crecientes los costes regulados, es decir, los derivados de decisiones político-administrativas. El resultado es la existencia de déficit de tarifa en el sector gasista, ocasionado por los costes regulados. Este año 2011, el déficit ya aparece déficit, pero la tendencia a la insuficiencia tarifaria está echada y se va a acentuar.
Y, en este caso, hay que advertir sobre la paradoja de la inversión, en una sociedad que ha sacralizado las infraestructuras en una función de generación de demanda y empleo keynesianos. Pero no de cobertura de necesidades de dichas inversiones y de los efectos de las mismas en los sectores energéticos. Ya en su momento, los responsables de los TSO gasistas y eléctricos, Luis Atienza y Antoni Llardén, iban a salvar a España de la crisis, gracias a un intenso programa de inversiones en infraestructuras energéticas. Lo dijeron en público en la escuela de negocios IESE. Ahora hay que pagarlas (pagárselas), subir las tarifas o financiar la factura energética.
Ya hay déficit en la electricidad, en el gas y en el butano. En los años 70 nuestro país no quiso afrontar el impacto de la crisis energética del 73 por motivos políticos (los estertores del régimen franquista). España no ha aprendido en 40 años a comprender de forma ortodoxa la economía de la energía, manteniendo la naturaleza política e ideológica de los precios de la electricidad, el gas y el butano. No ha sabido salir de esa trampa. Además se han ido acumulando decisiones en torno a la misma de aprendiz de brujo: renovables, alegres inversiones en infraestructuras, protección de determinadas tecnologías con fuerte impacto en la factura, intervenciones en los mercados, intervenciones en los precios, sugerencias ideológicas retroprogresivas… Todo menos una política gestora eficiente y realista.