Los 'negosis' de Ignasi

La Comisión Nacional de Energía también vive su momento previo al Apocalipsis y de espera al cambio de Ejecutivo, buscando resolver y dejar atadas y bien atadas cuestiones concretas antes de que el Partido Popular tome posesión del Gobierno y se produzca la anunciada ejecución sumarísima del organismo sito en Alcalá 47. Y es que el órgano que preside Alberto Lafuente está haciendo todo lo posible para que poner muy fácil al nuevo Ejecutivo el fusilamiento al amanecer del organismo.
Si la defensa del organismo, en tanto que es una institución del sector energético, es obligada, el comportamiento del mismo no está pasando desapercibido y da carta blanca a sus ejecutores. Desde las atrabiliarias posiciones de su máximo responsable, en referencia a la operación Sacyr-Pemex en Repsol y el seguidismo de las posiciones de Industria, hasta las decisiones internas, como la recolocación del Ex Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura, están dejando constancia de que es uno de los reductos donde están actuando las conexiones con el aparato del Partido Socialista, poniéndose a su servicio. Incluso Rajoy se refirió en el debate con Rubalcaba a estos comportamientos, que parece que no cesan.
Así, conocíamos la semana pasada cómo la Comisión Nacional de Energía ha realizado una doble encomienda de gestión a dos empresas públicas (ISDEFE e INECO) para realizar sendas consultorías para el cálculo de determinados costes dentro del sistema eléctrico. Dicha encomienda se produce tras la avocación de estos procesos, es decir, una vez cerrado el proceso de licitación pública por parte del organismo y sus representantes, en una más que azarosa tramitación.
Y dicha encomienda se produce con el telón de fondo de la presencia de Ignasi Nieto, miembro del PSC, ex Secretario General de Energía y ex Director de Regulación del organismo en la primera etapa de Maite Costa en las mencionadas dos empresas. De hecho, su controvertida salida como Secretario General de Energía se produjo inicialmente hacia la primera, ISDEFE, donde fue nombrado Vicepresidente. Del mismo modo, posteriormente pasó a INECO, donde actualmente ejerce como Presidente hasta que el nuevo gobierno revise la cúpula directiva. Hay que recordar que en la última legislatura se ha estado barajando la posibilidad de la integración de todas las consultoras estatales.
Ineco es la ingeniería de transporte dependiente del Ministerio de Fomento cuyo accionariado pertenece a los principales gestores de infraestructuras de transporte en España: Aena, Adif y Renfe. Por su parte, Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) es una sociedad mercantil de titularidad pública creada en septiembre de 1985, por acuerdo del Consejo de Ministros, que ofrece servicios de ingeniería, consultoría estratégica, asistencia técnica, gestión de programas y ejecución de proyectos para la Administración Pública española y organismos públicos internacionales. Isdefe depende de la Secretaría de Estado de Defensa y cuenta con un Consejo de Administración formado por Consejeros pertenecientes al Ministerio de Defensa (Órgano Central y Ejércitos), Ministerio de Fomento y Ministerio de Economía y Hacienda.
González y Nieto en la CNE en calidad de aparecidos en la CNE
Por tanto, parece claro que han operado los resortes necesarios para garantizar a estas empresas públicas estas encomiendas de gestión. Y en esto, además del propio Ignasi Nieto, hombre del que se dice que nunca ha abandonado el mundo energético, también ha tenido su relevancia el ex Consejero Jaime González, miembro del PSOE, desempeñando un papel relevante en el aparato. Ambos han estado muy presentes en el organismo regulador en los últimos tiempos. Por tanto, la tupida red de conexiones de partido ha funcionado para lograr estos jugosos contratos.
Pueden comprobar, por la plataforma de contratación del Estado, los dos proyectos que finalmente han sido encomendados a estas empresas. El primero (el expediente 48/11) consiste en la Consultoría para el análisis, desarrollo e implantación del sistema de información regulatoria de costes para la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. El valor estimado del contrato era de 1.200.000 euros y el importe del mismo de 708.000 euros (600.000 sin el IVA).
En el segundo caso (expediente 41/11), se trata de la Consultoría para el análisis, desarrollo e implantación del sistema de información regulatoria de costes para las actividades reguladas de transporte de electricidad, operación del sistema eléctrico nacional, transporte de gas natural, regasificación, almacenamiento subterráneo de gas natural y gestión técnica del sistema gasista. El presupuesto base de licitación era de 1.652.000 euros (1.400.000 euros sin IVA).
Dicha adjudicación por vía de la encomienda de gestión reabre el debate sobre la competencia entre consultoras privadas y consultoras públicas, y la expulsión de mercado que ejercen estas últimas, al ofertar estas operaciones por debajo de su coste. No en vano, resulta curioso que ninguna de las dos esté vinculada al sector energético y ninguna de las dos esté especializada en regulación.
En segundo lugar, y también relacionado con la naturaleza ‘pública’ de estas consultoras y con lo controvertida que es la posición de la CNE en materia de costes, cabe reseñar qué se puede derivar de las afinidades electivas entre estas empresas y, por ejemplo, los transportistas Red Eléctrica y Enagás, a efectos de calcular los costes que sirvan de base para retribuir su actividad y salvaguardar su carrera inversora. O incluso, a la hora de valorar una eventual separación entre los gestores técnicos del sistema y los transportistas.
La última reflexión tiene que ver con las propias idas y venidas, y proviene de los propios servicios internos del organismo, en relación a las distintas modalidades en que se han venido iniciando trabajos internos para elaborar herramientas semejantes al objeto de estos contratos. De hecho, la intervención de los servicios técnicos en la selección directa en estas decisiones ha sido testimonial, lo que ha provocado un fuerte malestar en los servicios técnicos respecto de las mismas y sobre su efecto futuro en las funciones regulatorias que tiene encomendadas la CNE.
Como decíamos el otro día, nos uncimos a la propuesta de que cualquier tiempo pasado fue anterior, de que no vuelvan consejeros y ex cargos políticos a su tarea de unión de puntos.