Además de dedicar a esta cuestión gran parte del informe, dirigido por el consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Jaime González, sustentando el dictamen del Consejo de Administración, se han producido dos votos particulares de dos consejeros sobre esta cuestión. A lo que hay que añadir el cruce público de posiciones, inédito en otras cuestiones de naturaleza regulatoria, tanto o más controvertidas en teoría que ésta. Y, todo ello, dado que la CNE se ha mostrado en su informe falazmente «neutral» en la cuestión, dado que en realidad reproduce argumentos contrarios a que se produzca tal separación jurídica y de actividades (y mecanismos de garantía que eviten conflictos de intereses o ayuntamientos excesivos, que es lo mismo). Una dirección que choca por completo con la clara orientación que propugna la Unión Europea para separar estas actividades o unbundling.
En este sentido, cualquiera que lea el voto del consejero Luis Albentosa, se podría preguntar cuál es la razón de que el organismo regulador independiente, es decir, la CNE, renuncie de facto a sus funciones regulatorias para defender la autonomía, independencia y unidad del TSO, en beneficio de Red Eléctrica de España que, recordemos, es una empresa privada. Aunque sólo fuera por dar coherencia a la Teoría de la Elección Colectiva y del comportamiento de las burocracias, el regulador energético no debería renunciar a sus funciones, encomendadas por las Leyes del Sector Eléctrico e Hidrocarburos.
Y, quizá la primera respuesta es que, en el fondo, en la actual configuración del Consejo de Administración de la CNE, en general, no se comparte ideológicamente o intelectualmente las implicaciones de la separación de funciones y actividades, ni la liberalización realizada a finales de los noventa. De ahí que nos encontremos con que quien tiene que administrar el proceso de liberalización, lo repudia, como se puede evidenciar en propuestas como el Informe de Costes y Precios y diluidas en numerosos opúsculos ideológicos que se combinan con la labora que tiene encomendada de «Tendido 7 de la energía», al que ha quedado encapsulado.
Es paradójico, no obstante, que a la luz del Informe, los dos consejeros que emiten sendos votos particulares, Albentosa y Jorge Fabra, coincidan desde posiciones muy diferentes en la baja calidad de la ponencia que soporta las conclusiones elevadas al dictamen del Consejo de Administración y lo «flojo» del mismo. Se podría intentar utilizar algún resquicio de condescendencia y afirmar que es que la mayor parte de los consejeros que forman parte del actual consejo de Administración están en los denominados «minutos de la basura» y que por ello han tenido una posición laxa ante una propuesta tan deficiente y criticada desde dos puntos de vista diametralmente opuestos. Evidentemente, los nuevos consejeros tendrán que tomar nota de las dinámicas del organismo y plantearse la forma de construcción de dichos Informes, así como poner atención a los mismos.
Uno, grande y libre: el TSO
En todo caso, y entrando en el fondo de la cuestión, el hecho de oponerse a la separación jurídica de las funciones de gestor de red de transporte y operador de sistema en Red Eléctrica de España, con argumentos leguleyos (no hay obligación de la separación jurídica y de funciones), con argumentos insuficientes (como la apelación a sinergias no explicitas y riesgos convenientemente adjetivados pero tampoco enunciados), con argumentos falaces (no hay simetría entre el sector del gas y el eléctrico, pese a ser dos sectores en red) solo pretende apuntalar el modelo en el que REE ejercía una función sinérgica: más allá de una empresa, más allá de gestor de la red de transporte y operador de sistema conjuntamente, para decidir muchas más cuestiones en el sector eléctrico, relativas a las planificación, inversiones y retribución.
Produce escozor el recordar que, pese a su apariencia de empresa pública (de hecho no se hace nunca énfasis paradójicamente en su naturaleza privada empresarial), en un país en que lo público es «mejor» per sé, REE es una empresa privada. Y, del mismo modo, señalar que REE tiene incentivos a la maximización de beneficios provenientes de aumentar su participación en la tarifa de acceso, con una garantía retributiva y exenta de riesgos. Todo ello, sin acudir a las explicaciones demiúrgicas en las que al TSO se le deposita un carácter omnipotente y omnipresente, para conseguir el equilibrio del sistema y su configuración de república perfecta al reunir de forma esférica todo lo necesario para controlar a todos y que todos los agentes se conviertan en brazos ejecutores de sus decisiones. Y, por supuesto, partiendo de la enorme capacidad técnica de REE en sus dos funciones.
No es lo mismo pedir la independencia del TSO que el Operador de Sistema Independiente (ISO)
Del mismo modo, resulta no poco significativo, como se ha iniciado una campaña para hacer equivalente la independencia del TSO con el Operador Independiente de Sistema (no vinculado ni a la generación, ni al transporte), con afán de confusión, manteniendo así para nuestro TSO, REE, la capacidad autorregulatoria, autorretributiva y de decisión de sus propios ingresos en el proceso de planificación y de inversiones en infraestructuras.
En todo caso, es preciso dejar claro que no es lo mismo TSO independiente que ISO (Operador Independiente de Sistema). No da igual y su adecuación a lo que pretende las Directivas Europeas y la separación de actividades no puede ser interpretada de forma torcida o ampararse en la asimétrica situación de los países europeos en este campo. Ni es igual que las inversiones y la planificación se ejerzan de forma eficiente por parte de los órganos reguladores a que de facto la integración transporte-sistema actual, lo deje todo atado y bien atado, generando sinergias para la empresa y una autonomía e independencia mal sana para el sistema eléctrico.
No es igual ocho que ochenta, aunque el Consejo de Administración de la CNE les parezca así y hayan decidido abdicar de sus funciones regulatorias por historia, por ideología, por vinculación o porque ya da lo mismo.