Los ejes del tercer paquete

En este sentido, el denominado tercer paquete de mercado interior está compuesto por tres reglamentos (Reglamento (CE) Nº 713/2009, Reglamento (CE) Nº 714/2009 y Reglamento (CE) Nº 715/2009 y dos directivas (Directiva 2009/72/CE y Directiva 2009/73/CE). En el caso de los reglamentos, la base jurídica es el artículo 95 del anterior Tratado, TUE, mientras que en el caso de las Directivas se trata de los artículos 47(2), 55 y 95 TUE.

Sin conocer todavía el contenido de ese anteproyecto de ley que remite el Gobierno, dicho paquete incide a nivel europeo en avanzar en el modelo de separación de las funciones de operación de sistema y de transporte hacia el denominado ISO, aunque se permitan modelos alternativos, tomando en consideración las distintas velocidades existentes hoy en Europa en la liberalización de los sectores energéticos. Además, este paquete normativo promueve la integración de los distintos mercados internos de los estados miembros, la coordinación de las operaciones de transporte a nivel transfronterizo y refuerza el papel de los órganos reguladores y su independencia.
Por tanto, y de facto, la parte más importante de ese paquete se refiere a la organización de la actividad de transporte y operación del sistema.

El texto establece, no obstante, que los Estados miembros podrán escoger entre tres modelos diferentes que permitirán separar el transporte y la generación tanto del gas como de la electricidad: primero, la separación total de la propiedad; segundo, el «gestor de red independiente» (ISO en sus siglas en inglés) y tercero, el «gestor de transporte independiente» (ITO o TSO en sus siglas en inglés).

Francia y Alemania fueron las promotoras de esta triple elección que persigue evitar que las empresas se vean obligadas a vender sus activos de transporte, sobre todo teniendo en cuenta la actual ubicación de esta actividad en las grandes eléctricas nacionales de sus respectivos países, lo que significa, en la actualidad, un salto de enorme distancia con la realidad. Precisamente, el primer modelo obliga a las empresas integradas verticalmente a vender sus activos para garantizar la separación total de la generación y el transporte. En este caso, una empresa generadora de gas o electricidad no podrá poseer la parte mayoritaria de un operador de transporte.

Como alternativas a la separación de la propiedad se presentan las opciones ISO e ITO-TSO. El modelo ISO permite a las empresas integradas verticalmente mantener la propiedad de sus activos, aunque un gestor de red independiente se ocupará del transporte. En cuanto al modelo ITO-ISO, las empresas integradas verticalmente también pueden mantener la propiedad, siempre que se garantice la separación efectiva de intereses, con normas, equipamiento, personal e identidades distintos para cada uno de los departamentos encargados de la gestión de redes.

Este mecanismo introduce un «órgano de vigilancia», compuesto por representantes de la empresa energética, otros accionistas y miembros del gestor de red de transporte. Dicho órgano tomará decisiones «que pueden tener repercusiones significativas en el valor de los activos de los accionistas del gestor de transporte», como la aprobación del plan financiero anual. También se establecerá un programa de cumplimiento para evitar conductas discriminatorias y habrá un encargado de supervisar este programa. Las personas responsables de la gestión no podrán estar relacionadas con la empresa integrada verticalmente durante los tres años antes, o los cuatro años después de su nombramiento.

– Certificaciones de terceros países

En caso de que un propietario de transporte controlado por un tercer país solicite una certificación para operar en la Unión Europea, el organismo regulador decidirá si concede esa certificación siempre y cuando la empresa cumpla la normativa comunitaria y no se ponga en peligro la seguridad del suministro energético del Estado miembro y de la Comunidad.

– Consumidores

El tercer paquete pretende reforzar los derechos de los consumidores, que podrán cambiar de suministrador de gas o electricidad en un plazo máximo de tres semanas sin ningún tipo de gastos. Asimismo, tendrán derecho a recibir los extractos de cuentas en un plazo de seis semanas desde el cambio de suministrador y podrán optar a una indemnización en caso de que no se cumplan los niveles de calidad estipulados en el contrato.

Las nuevas normas también prevén que en 2020 se equipe al menos al ochenta por ciento de los consumidores con contadores inteligentes.

Por otro lado, los Estados miembros garantizarán la existencia de un mecanismo independiente, como un Defensor del Pueblo para la Energía o un órgano de los consumidores, encargado de tramitar las reclamaciones y la resolución extrajudicial de conflictos. Finalmente, los consumidores podrán acceder a la información sobre sus derechos en las facturas y las páginas web de las empresas.

– Servicio universal de electricidad garantizado

La nueva legislación obligará a los países de la UE a garantizar el servicio universal a los consumidores individuales y, si es necesario, a las pequeñas empresas (de menos de 50 empleados y con un beneficio anual inferior a 10 millones de euros). Estos consumidores tendrán derecho a que se les distribuya electricidad a un precio razonable, transparente, no discriminatorio y fácilmente comparable.

– Protección de los clientes vulnerables

Los países garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables, entre ellos los que sufren la pobreza energética, y se prohibirá la desconexión de dichos clientes en periodos críticos. Además, se establecerán Planes de Acción Nacionales sobre Energía para luchar contra la pobreza energética.

– Otras medidas: independencia de los reguladores de la energía

Ya se ha creado, como se establecía en el tercer paquete, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía que establecerá líneas generales de actuación no vinculantes y se refuerzan las funciones de los organismos independientes nacionales.

España, durante todo el proceso de elaboración y aprobación del tercer paquete, fue una firme defensora del desarrollo mercado interior y hubiera deseado mayor ambición incluso en el acuerdo final respecto a la separación completa de transporte y operación. No en vano, el avance en la separación de actividades de nuestro país en este campo lleva varios cuerpos de ventaja sobre el resto de países de la Unión Europea. En conjunto, la aplicación plena de las disposiciones contenidas en este tercer paquete debe servir para aumentar la competitividad en los sistemas eléctrico y gasista, el desarrollo de infraestructuras, penetración de renovables y refuerzo de la seguridad de suministro.