¿Quién tiene interés en elevar las previsiones de demanda?

Más allá del acierto o error en estas estimaciones (que confirmará el tiempo), las previsiones no son pacíficas y son utilizadas con distintas finalidades. Por eso hay que preguntarse las consecuencias de que los datos reales y efectivos, mes tras mes, no confirmen estas estimaciones. De hecho, ayer se conocía que la demanda eléctrica habría sufrido una caída hasta el mes de abril un 1,6%, lo que significa que es necesario aventurar que el resto del año debe tener unos incrementos de demanda a tasas galopantes para alcanzar ese 2% de final de año. Todo ello unido a la teoría de los brotes verdes y combinado con una utilización más eficiente de los recursos que hacen los agentes económicos.
En ese contexto, se producen dos comportamientos inversores contrapuestos. El primero, el de las empresas, que ajustan sus programas de inversión en nueva capacidad a lo estrictamente necesario y a terminar las instalaciones en marcha, conscientes del exceso de capacidad y asumiendo las consecuencias de decisiones pasadas de inversión.
El segundo, el de los operadores de transporte (y todavía de sistema), notablemente más expansivos (Luis Atienza y Antoni Llardén confiaban la recuperación de la economía al keynesianismo de sus inversiones en aquel famoso encuentro en el IESE de hace unos meses), dado que toda nueva inversión (necesaria o no) tiene su recompensa retributiva, vía las tarifas de acceso, que más que eso, es un acceso a la tarifa. Los accionistas y fondos de inversión agradecen este «convoluto» y los incrementos en los resultados del ejercicio. Y, se mantienen las previsiones de inversión contra viento y marea.
Se impone, por tanto, el ajuste y la vuelta al realismo, para no continuar en la crisis de sobreinversión en la que estamos instalados. El Gobierno debe, por tanto, meditar y medir en su planificación energética las necesidades inversoras y su retorno, que pagarán los consumidores en las tarifas de acceso, como costes regulados.