El largo día acaba

El pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Economía Sostenible (un mes más tarde casi de su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados), que, como anunciábamos, revisa y actualiza el funcionamiento de los órganos reguladores. Y, entre otras cuestiones, incorpora el cese automático del presidente y de los consejeros. Algo que afecta a los órganos sectoriales encargados de la regulación energética en España, Comisión Nacional de Energía y Comisión Nacional de la Competencia. En particular, tiene mucha más incidencia inmediata en el primero, dado que en la actualidad la mitad de su Consejo tiene su mandato vencido y el resto expira en torno a la primera semana de junio.
Así, el artículo16 establece que el Presidente y los Consejeros cesarán en su cargo por renuncia, por expiración del término de su mandato, por incompatibilidad sobrevenida, por haber sido condenado por delito doloso, por incapacidad permanente o mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés y del deber de reserva.
Hay que recordar que, en su momento, la Ley de Hidrocarburos, por la que se crea la Comisión Nacional de Energía (y se transformaba la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico), establecía la prolongación del mandato de los integrantes de estos órganos reguladores o en La Ley del Sector Eléctrico, desde que se producía el cese hasta que el Gobierno nombrase nuevos consejeros. Dicha situación, por tanto, cambia con esta Ley, haciendo imposible que vuelva a producirse esa interinidad.
Con esta formulación sin solución de continuidad, el Gobierno se autoimpone, de ahora en adelante, la disciplina de tener preparado el proceso de renovación de las vocalías vencidas de una forma más diligente, para evitar la situación en la que habían quedado los distintos órganos reguladores deslegitimados y en estado de interinidad permanente, ya desde hace dos años.
Por otra parte, estos órganos «rompen amarras» con el Ejecutivo. Sus decisiones ahora serán recurribles directamente ante la Administración de Justicia y desaparece cualquier atisbo de que en su Consejo se hubiera creado una reserva de puesto (con voz o con voz y voto) para el responsable correspondiente de la Administración, una vieja aspiración desde los tiempos del ministro Piqué. De hecho, ni siquiera podrán estar presentes en las deliberaciones de su Consejo.
Por tanto, parece que nos disponemos, como en «El Largo Día Acaba« (excelente película de Terence Davies sobre el fin de la niñez), a varios finales: la publicación de la Ley, inexplicablemente demorada; la sustitución de los miembros del Consejo de Administración de la CNE con mandato vencido, la imposibilidad de que una situación tan kafkiana se vuelva a producir y, por tanto, la terminación del mandato del actual Consejo en su debido momento.