Lobby de altura en el laberinto
Ayer el diario económico Cinco Días publicaba cómo cinco fondos de inversión se habían dirigido al Presidente del Gobierno para reclamar que no se modificase el régimen de primas a las instalaciones solares fotovoltaicas. Juntos acumulaban una inversión de 3.000 millones de euros en este tipo de generación y han hecho valer esa interlocución.
El lobby de altura (una de las profesiones más antiguas del mundo), según la propia teoría del mismo y la participación política, es el que se realiza a una instancia más alta que la que le corresponde decidir sobre un asunto. Y esta cuestión (la de que los asuntos se traten en instancias más altas) está particularmente presente en el sector energético. Al menos en lo que se refiere a las dos legislaturas del presidente Zapatero, donde muchas cuestiones se han tratado en los aledaños de la Moncloa y su Oficina Económica, como de todos es sabido en el caso de las operaciones empresariales aparecidas en el sector en estos años. Evidentemente, el Ministro Sebastián, ex director de esta instancia presidencial conoce este atajo perfectamente gracias a su paso por la misma.
Del mismo modo, al parecer, la reunión de las patronales de las renovables en el seno de la Fundación Ideas, presidida por Jesús Caldera, justo en el primer momento en que el Ministro de Industria Miguel Sebastián amagaba con los recortes a las primas, también pone de manifiesto las carreteras secundarias que sigue el sector energético en este tipo de operaciones. En los ambientes sectoriales, se involucra también a la Moncloa en el fomento de esta conjunción, sino planetaria, sectorial.
En España, la palabra lobby y su actividad, está fuertemente condicionada peyorativamente aunque se practique con fruición. Todos aquellos que provienen de visiones estatalistas abominan de esta práctica, en público o en privado, en pos de la discrecionalidad y de caer en el lobby de las empresas públicas y sus sustitutos/sucedáneos (que también existen y mucho). El hecho es que contar con informes técnicos, económicos, de legalidad pone a sus contrarios excesivamente nerviosos, dado que les resta una capacidad de actuación y aprovechamiento de sus potestades.
El lobby es una actividad legítima, de representación de intereses, y cuanto más transparente se produzca la confrontación y debate sobre ideas, posiciones, consecuencias políticas, económicas, etc…, mejor es para la sociedad y para enriquecer y mejorar las propuestas de regulación.
Contra ello, sólo hay dos elementos que lo salvan: una Administración fuerte, bien formada con calidad técnica, regulatoria…, y políticas claras (en este caso una política energética y mix definido, creíble, eficiente económicamente y medioambientalmente). Además el lobista debe ser capaz de hacer propuestas que combinen los intereses políticos públicamente expresados.
Por tanto, ¿dónde encuentra abonado mejor el territorio esta actividad para sortear los mecanismos y las líneas de intervención habituales? Pues cuando no existen políticas claras y se actúa con tacticismo, cuando se da pábulo a este tipo de intervenciones desde las instancias superiores a las que corresponden, o cuando las vías normales de actuación se ven bloqueadas en su relación con los agentes económicos.
O bien cuando el ejercicio de representación se ejerce para conseguir maximizar beneficios y prerrogativas para el aprovechamiento del marco regulatorio sin existir equilibrio económico, de mercado, jurídico o de legalidad, es decir, cuando los reguladores se ven abducidos por estos intereses y no se paran en barras.
Lo cierto es que parece que, en el caso que nos atañe, la cosa se complica. Incluso algún medio también señalaba una especie de pseudodesmentido sobre las propuestas en torno a la retroactividad que se habían conocido durante la semana pasada. Esto no va a ser fácil.
