El verano para las energías renovables
El verano del 2009 para el sector de las energías renovables ha tenido su “aquel”, que se dice. Podemos marcar la confluencia de varios acontecimientos que han estado en el trasfondo de este “ferragosto”. Acontecimientos de distintos grados y niveles, pero que participan como anticipo del otoño caliente sectorial, en una emulsión de muchos ingredientes e intereses, en unas ocasiones coincidentes y, en otras, contradictorios.
El primero de los acontecimientos a rememorar es la publicación de las previsiones de creación de empleo en el sector renovable que anunciaba la Unión Europea y que particularizaba por país, siendo el balance previsto para España, positivo. Algo que, en los tiempos que corren, evoca la palabra empleo, es un cierto “bálsamo de fierabrás” que tiene gran valor y que permite eludir análisis económicos más profundos. Cierto es que, en sentido contrario y con metodología económica fuertemente discutible, se difundió el Informe que dirigió Gabriel Calzada del Instituto Juan de Mariana, que configuraba al sector renovable como “destructor” de empleo, «estudio» cuyo mercado era el americano y que cumplió razonablemente sus objetivos deconstructivos a nivel internacional.
Y es que corremos el riesgo, en lo que se refiere a la creación de empleo con las energías renovables como en tantas otras cosas, de polarizar la cuestión y convertirla en un asunto de ‘hooligans’ o de, al menos, algo que no responde a la lógica de una política energética o política económica. Todo ello en el marco de una cierta ansiedad política por conseguir medidas efectistas que permitan generar pensamiento positivo (y mágico en la ciudadanía).
Por otra parte, Pedro Marín, en su entrevista amable en el diario Expansión, hacía una defensa de las energías renovables, mientras que en el horizonte también aparecen en el escenario dos corrientes/tendencias de fondo: un exceso de capacidad de generación, más una tendencia a “reajuste” a la baja de los mecanismos retributivos a las energías renovables en una negociación que esta por comenzar. De hecho, este efecto ya se ha provocado por una doble vía y por hechos consumados: la primera, la “captura” de los ahorros derivados de las nuevas condiciones tecnológicas sectoriales (lo que tendrá que ser objeto de análisis pormenorizado por tecnologías en cuanto empiece el curso). La segunda, mediante el sistema de cupos y registro de preasignación, según reza en el Real Decreto Ley 6/2009, lo que, unido al límite al déficit tarifario y a la propia tarifa ahora ya definidos, establece un marco de “miramientos” a este asunto. No nos engañemos, porque la alternativa, el carril especial, es salir de ahí para pedir que se integren estas primas en los impuestos, dado que es una especie de axioma de política económica (“keynesianismo a calzón quitado”, más bien).
Por tanto, este verano y estos primeros movimientos forman parte de un proceso de negociación, de diseño del “frame” que empieza ya, para revisar las condiciones económicas resultantes del R.D. 634/2007, decreto que muchos aventurábamos que no iba a tener mucho más de dos años de vigencia.
Todo ello ha hecho que este verano sea noticia el importante frenazo ocurrido en el sector fotovoltaico, debido al frenazo posterior a la burbuja, como una metáfora de la economía española, pero, además, ha sido consecuencia de una mala regulación, porque para conseguir algo no todo vale y hay que calibrar los efectos adversos de una mala regulación precedente. Además, las dificultades de financiación han llevado a que incluso proyectos que han entrado en el registro de preasignación, estén ahora parados. Al mismo tiempo, lo que está claro es que el sector renovable español en industria y tecnología tiene una capacidad, experiencia y potencial exportador fuera de toda duda y habrá que separar claramente del sector eléctrico como generador de energía del sector industrial renovable en su vertiente competitiva y comercial interior y exterior, sin mezclar problemas y sin mezclar soluciones.
Por otra parte, la polémica decisión de la Xunta de Galicia de anular el concurso eólico que acabó también como acabó en su primer momento, vuelve a poner en evidencia la necesidad de dar estabilidad a estos procedimientos en el ámbito de las Comunidades Autónomas, donde además los intereses particulares y las redes cercanas a los Ejecutivos autónomos intervienen con vida propia, habiendo participado en un proceso inflacionario muy dudoso. Esperemos que la resolución sea más edificante que todo el proceso.
En medio de todo esto, está la pavorosa situación de la Ley de Economía Sostenible, ubicación legal de la “no nata” ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y un modelo legislativo “ómnibus” cuyas flaquezas, despistes y vacuidad han dado más de un titular y un disgusto al Ejecutivo este verano, lo que, unido a la necesidad de corregir la modificación del subsidio asistencial de 420 euros para los parados, nos lleva a reacciones que van del pánico a la risa nerviosa sobre la claridad en la orientación de la política económica. Esperábamos que la ley de eficiencia energética y energías renovables (la que pudo haber sido y no fue) permitiera conseguir seguridad jurídica y regulatoria a las renovables y, ahora, arrastrando los pies, nadie sabe qué conseguirá incorporar, promover e impulsar. Esperemos que no sea una colección de eslóganes entre la comunicación política y el márketing y nos situemos realmente en un modelo regulatorio, sólido, estable y seguro.
Con una situación así de contradictoria, a base de mensajes y realidades cruzadas, parece que eran necesarias unas vacaciones.
