El «defecto» invernadero

En el propio maremagnum de cuestiones abiertas y pendientes en el sector energético, incluido el proceso de negociación para la liquidación del déficit tarifario, ha pasado relativamente desapercibida la decisión del Consejo de Adminsitración de la Comisión Nacional de Energía de proponer que la detracción de los derechos de emisión de emisiones contaminantes de la retribución de la generación se extienda a las instalaciones de régimen especial que acuden al mercado.

Pongámonos en situación, en la medida que este medio ha sido especialmente crítico con esta decisión en sus diferentes estadios. La detracción de derechos de emisión consiste en una deducción de la retribución que tienen que percibir las empresas generadoras por la energía generada en función de los derechos de emisión percibidos. La fórmula “made in Spain” para el sector eléctrico consiste en “estimar” la elevación de los precios de la energía que se ha producido por la internalización de los costes de estos derechos y, posteriormente, deducirlos entre las instalaciones generadoras, sean emisoras o no, adjudicatarias o no, de derechos de emisiones contaminantes (mecanismo instrumentado junto con el comercio de emisiones para luchar contra el denominado “efecto invernadero”) y que fueron distribuidos en el ámbito europeo gratuitamente, hasta el momento, a los sectores afectados (a los que en sus otras actividades: vidrio, cerámica, cemento, etc…, no se les descuenta de su facturación). Cada país, por su parte, a través de su Plan Nacional de Asignaciones tendría que hacer efectivo este mecanismo. Un proceso que además está recurrido en instancias europeas y que nadie sabe cómo quedará, porque tiene visos de muy dudosa legalidad, por mucho que se aprobara de forma vergonzante in extremis en los estertores de la anterior legislatura.

¿Por qué se produce este tratamiento diferencial? Por varios motivos: primero, porque en ese momento va creciendo con fuerza desaforada el déficit tarifario y hay que reducir la factura de la luz como sea, y si el como sea es una ilegalidad, pues adelante. Segundo, porque hay una confusión entre política medioambiental y política energética (en el caso de existir las dos) y no se tiene muy claro cuál es el objeto de la denominada “economía de los incentivos”. Y tercero, porque las consecuencias futuras de las decisiones políticas generalmente las soporta otro (y las económicas los ciudadanos que viven en el futuro).

En esta sucesión de hechos, se corresponde ahora con la detracción propuesta para el año 2007, que es la que toca, fruto, en primer lugar, del Real Decreto-Ley 3/2006 y, de manera consecutiva, a través del Real Decreto Ley 3/2007, cuyo oprobioso trámite parlamentario va a traer más de un mal recuerdo a sus promotores (además de atraer malas consecuencias para los españoles). Y, en este caso, de cara al siguiente proceso de detracción, la CNE acaba de dictaminar en su examen que esta deducción se extienda a las instalaciones de generación de energía en régimen especial que acuden al mercado, como señalamos al prinicipio de este artículo.

¿Con esto qué hace la CNE? La CNE hace dos cosas al mismo tiempo. Por una vez, es coherente con una posición ideológica que parte del método dirigido a sofocar y reducir el precio de la electricidad, haciendo “igualitario” su efecto. Todo el problema de este organismo hoy se reduce, al parecer, a la diferencia de costes entre tecnologías y a que todos participen/soporten el pago de estos derechos de emisión.

La segunda cuestión que consigue la CNE con esta propuesta, ahora coherente, eso sí, es ahondar en el error. Si, a nivel europeo, la política en materia de emisiones contaminantes fuera la de que todos lo pagaran a escote no se habría articulado un mecanismo con el que se busca generar determinados incentivos, que aquí se pretenden anular, confundiendo primero a las empresas con señales de mercado erróneas y a los consumidores, con otro tipo de señales también contradictorias. Y es más, las emisiones contaminantes no bajan en España: seguimos ampliando nuestro diferencial con los objetivos, salvo si se producen efectos de mejor climatología o baja la demanda (por los efectos de la crisis).

¿Cuál es el objeto de la existencia de derechos de emisión distribuidos gratuitamente a las tecnologías contaminantes? ¿Se tienen claras, más allá de la política de “gestos” mediáticos, las consecuencias económicas de una política medioambiental? Lo que hoy tenemos es que, al final, pagan contaminantes y no contaminantes. Emisores y no emisores, régimen general y régimen especial.

Vivimos bajo el influjo del «defecto» invernadero.