Primera prueba de fuego en la liberalización de las tarifas eléctricas: las tarifas industriales

Dentro del calendario para la liberalización de la tarifa eléctrica, el próximo 1 de julio es un primer hito que cada día está más cercano y, al mismo tiempo está pendiente de su articulación definitiva. La desaparición de las tarifas comenzará por las denominadas tarifas de alta tensión, que son las que tienen las empresas y autónomos con una potencia contratada superior a 1 kilovoltio. Para ello, parece que el nuevo equipo del Ministerio de Industria tiene que trabajar a marchas forzadas para articular esta transición. Esta primera fase de la liberalización afectará a las empresas y actividades empresariales.
La eliminación de la tarifa eléctrica regulada (que supone en estos momentos el contar con unos precios de la energía que no recogen el precio en el mercado de generación) se debe traducir, si nos atenemos a esta lógica de precios, en una elevación generalizada, que variará según los usuarios y las ofertas que reciban los mismos en el proceso de comercialización de energía.
La subida de precios para las tarifas industriales afecta de forma diferente a unas empresas que a otras. Por un lado están los denominados grandes consumidores, cuyas tarifas se ven complementadas con los denominados servicios de gestión de la demanda, como es la interrumpiblidad y los servicios de gestión de energía reactiva. Elementos que han sido criticado desde distintas instancias por su cuantía, desde el punto de vista de que se puede tratar de ayudas de estado o que recogen subsidios cruzados entre consumidores.
En este sentido, los grandes consumidores con el fin de abordar este proceso han constituido su central de compras de energía, Fortia, cuyo objetivo es convertirse en comercializadora de las grandes empresas. Fortia, para comenzar a funcionar, ha chocado en los últimos tiempos con el obstáculo de la necesidad de avalar sus operaciones ante el operador de sistema para cubrir posibles desvíos en su programación de consumo. Al mismo tiempo, los expertos consultados estiman que aunque esta central de compras pueda conseguir a través de contratos bilaterales mejoras en los precios de la energía, los márgenes de negociación aunque se trate de grandes de volúmenes de electricidad no son tan elevados, y en todo caso, dependerá de la propia evolución del mercado mayorista.
Por otra parte, para el resto de las empresas sujetas a este proceso, y según se ha podido conocer, Unesa solicitó al entonces Secretario General de Energía en funciones, Ignasi Nieto, un proceso de transición semejante al del sector gasista, para lo cual han propuesto una fuerte subida de tarifas que fomente que los consumidores acudan al mercado de comercialización. Este período de transición se cifraría en un período de dos meses en el que los usuarios tendrían que elegir comercializador, y en el caso extremo de que no lo realizarán, se podrían producir cortes de suministro (en la tarifa industrial no está prevista la existencia de una “tarifa de ultimo recurso”, figura prevista para el consumo residencial).(La tarifa de ultimo recurso, está dirigida a este tipo de consumidores exclusivamente, al contrario de lo que se ha tratado de difundir, no es una tarifa ‘subsidiada’ sino una tarifa a la que acogerse en el caso de no acudir a otro suministrador (lo que quiere decir que debe ser más alta para permitir la flotación de ofertas en el mercado de comercialización).)
En todo caso, causa sorpresa el comprobar como un proceso de estas características (de un impacto tan generalizado) está tan silenciado y reviste tan poco interés en la planificación gestora hasta el momento. El hecho es que la cuenta atrás para la liberalización de las tarifas eléctricas ha comenzado y tiene larvado un proceso de alto voltaje, nunca mejor dicho. El nuevo equipo se estrena con un proceso que supone una importante transformación y que se debe producir al mismo tiempo en que el ‘gap’ entre el coste de la energía y la tarifa regulada ha llegado a sus máximos, fruto de las intervenciones políticas pretéritas para no abordar cambios en las tarifas que las hicieran acordes con la realidad.
La liberalización de las tarifas eléctricas empieza, por ello, a sufrir de las urgencias y demoras pasadas, que han evitado que los consumidores conocieran la realidad que se les estaba ocultando.