La rabiosa actualidad

La realidad informativa tritura con mucha facilidad los hechos de cada día. El nombramiento de Pedro Marín despeja una incógnita que razonablemente debía existir en la complejidad del sistema de nombramientos desatado a raíz del cambio de gobierno, aunque sea bajo la égida del mismo partido en el gobierno.
Con independencia de los temas de fondo y las discusiones ideológicas existentes hoy (que las hay) en la conformación del sector energético (y que iremos abordando con mayor profundidad la semana que viene), hay tres temas abiertos que conforman asuntos urgentes en la mesa del Secretario General de Energía saliente.
En primer lugar, la negociación con el sector fotovoltaico del nuevo decreto que desgaje del R.D.661/2007 el tratamiento regulatorio de esta energía y su retribución. Recordemos que la publicación de este Real Decreto (sustituto del añorado R.D. 434/2004), no hizo sino destapar con muy poco de tiempo desde su promulgación su provisionalidad regulatoria. Un mecanismo retributivo que ha desatado una cierta fiebre en este sector, combinada con la desaceleración del ladrillo, ha devenido en una transferencia de recursos de unos sectores a otros. En conjunto, la imprevisión y la ausencia de memorias económicas han provocado una situación insólita de indefinición regulatoria . Las negociaciones, como todos los procesos negociadores seguidos en este último año, habían pasado por fases de tirón y por fases de retroceso, con aplazamientos y reuniones más relacionados con el calendario político (incluido elecciones) que con la sucesión de pasos en un proceso de negociación saludable. El hecho es que septiembre está ahí (finaliza el período ampliado de incorporación al marco retributivo inicial) y parece que por debajo estaba el objetivo de ganar tiempo incluyendo un período de vacío entre septiembre y diciembre de 2008.
En segundo lugar, la normativa sobre biocombustibles que también quedó aparcada tras el informe de la Comisión Nacional de Energía y que resultó muy crítico con las pretensiones de la SGE. La regulación de los biocombustibles que había propuesto el Ministerio de Industria a través de la Secretaria General de Energía, marcaba objetivos obligatorios diferenciados para el bioetanol y biodiesel, y penalizaciones para los comercializadores más altas para el primer caso (bioetanol) que para el segundo (biodiesel), en el caso de incumplimiento en objetivos de comercialización. Con dos puntualizaciones, el parque de vehículos español es fundamentalmente diésel y segundo, la capacidad de refino en materia de gasolinas en nuestro país es excedentaria. Todos ellos, aspectos cuestionados por el regulador independiente en su dictamen (formulando una propuesta alternativa) y que no han sido despejados. Mientras han comenzado a arreciar los cuestionamientos sobre los biocombustibles en Europa tanto en el plano económico como medioambiental.
Finalmente, la primera transición a un esquema de tarifas liberalizado, el aplicable a las tarifas de alta tensión de las empresas se le presenta al nuevo equipo con toda su virulencia y urgencia (fundamentalmente originado por la falta de convicción seguida hasta el momento en determinar el ajuste tarifario a la realidad del coste de la energía). Si hoy, las tarifas que tuvieran las empresas fueran aditivas (es decir recogieran todos los costes generación, distribución, transporte), la transición al nuevo modelo sería fácil, limpia e incluso eficiente, porque a través de mecanismos competitivos se podría reducir su coste para los consumidores, en este caso empresas. Es decir, estarían preparados. Pero, como no lo son, (existe un dumping particular en el consumo energético y subvenciones entre distintos tipos de consumidores según las tarifas) y se ha tratado hasta el momento de postergar la aplicación de las tarifas liberalizadas, nos encontramos con la necesidad de articular un proceso de cambio rápido y que va a ser costoso, además de prefigurar una teórica amenaza de corte de suministro, tras un período transitorio. Del mismo modo, los propios agentes y cuanto más son presas de esta situación por su situación tarifaria, más sensibilizados están de las posibles consecuencias en el coste de su energía. Por ello, ya ha comenzado una guerra mediática basada en la generación de pánico sobre las consecuencias de la aplicación de las tarifas a las empresas y el impacto sobre la competitividad artificial obtenida de los costes irreales. Todo ello, se ha dejado pasar y estamos a dos meses vista de que comience la función.
Empezamos bien.