La Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Administraciones Públicas le da un ‘repaso’ a la regulación energética y al Ministerio de Industria

En un informe elaborado por el organismo encargado de supervisar el desarrollo del Plan Nacional de Reformas (PNR), repasa la efectividad de las políticas en materia de seguridad energética y evidencia lo que han sido las señas de actuación de la última administración energética. Se viene a unir a las críticas que, desde distintos sectores se vienen realizando, a la actuación del Ministerio de Industria que han caracterizado la actuación de la Secretaria General de Energía.
El informe, que está datado en noviembre de 2007, y evalúa la evolución del Plan Nacional de Reformas en varios aspectos, no se ha hecho público hasta ahora y analiza hasta cuestiones de detalle la situación de la energía, la incapacidad del Ministerio de Industria para gestionar el mismo
Estas son sus principales críticas:
– La planificación energética actual no posibilita el análisis y el debate sobre cuestiones estratégicas clave, como la elección de tecnologías y la planificación global del sistema en un horizonte temporal acorde con el tiempo de maduración de las estructuras.
– El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no cuenta con la capacidad operativa suficiente para efectuar, contestar supervisar plenamente los trabajos de planificación que realizan los gestores técnicos de los sistemas gasista y eléctrico. Como consecuencia de esta debilidad, parte de la responsabilidad política de la planificación se desplaza de hecho a las sociedadades anónimas Enagas y Red Eléctrica de España (REE).
-Se producen importantes retrasos en el desarrollo de las infraestructuras de red, debido a los largos procesos de tramitación administrativa, la actuación descoordinado entre los distintos ámbitos del gobierno y la oposición social a la instalación de líneas eléctricas.
– Existe margen de mejora en la supervisión, el mantenimiento y la puesta al día de las instalaciones de la red de transporte y señala el modelo sostenido insuficiente de retribución de la distribución, lo que incide en la baja inversión en este tipo de instalaciones.
– Existencia de incertidumbre regulatoria por los frecuentes cambios normativos y retrasos en las reformas legislativas
Por otra parte, estas son sus principales recomendaciones.
-Completar la planificación energética con una estrategia a largo plazo (20-25 años), que sea consensuado tanto política como territorialmente.
– El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio debe fortalecer técnicamente su función planificadora con los medios materiales y humanos que permitan desarrollar estas responsabilidades.
– Los precios de la energía y la consolidación de los deben enviar señales a los oferentes y demandantes.
– Enagás y REE deben contar con mecanismos de rendición de cuentas equiparables a sus responsabilidades sociales y políticas.
– Estudiar las formas de agilizar mayor medida los procedimientos administrativos, instituir mecanismos adecuados de coordinación con las Comunidades Autónomas que impliquen un compromiso de las autoridades locales y buscar una mayor concienciación ciudadana sobre la necesidad de las líneas eléctricas.
– Mantener un buen nivel de transparencia sobre las cuestiones topológicas de mallado de la red de transporte.
– Impulsar la supervisión de la actuación de Red Eléctrica de España desde la CNE, en línea con las competencias que establece la reforma de la Ley de del Sector Eléctrico.
– Reformar el sistema de retribución de la distribución, para introducir incentivos para la inversión.
– Una regulación que consolide iniciativas liberalizadoras y la apertura de los mercados debe contar con un marco regulador que ofrezca estabilidad en los patrones de conducta, los incentivos y señales de precios y tener presente los costes que en términos de riesgos regulatorio puedan tener las medidas que vayan a ser adoptadas.
El informe por ello, pone blanco sobre negro, cuestiones que denuncian numeros expertos. Por ejemplo, en el ámbito de la interrelación entre Administraciones y el propio Gobierno, señalan los problemas de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente en la puesta en marcha de determinadas infraestructuras que requieren trámites medioambientales fuertemente y que en esta legislatura han sido fuertementes demorados.
En el ámbito de la liberalización y la tarifa, la Agencia de Evaluación también se desliga de otras posiciones más regresivas e intervencionistas que abogan por la vuelta al esquema de los costes medios reconocidos según tecnologías (marco legal estable).