Llegan las elecciones

Llegan las elecciones, ejercicio democrático sano y necesario en cualquier país avanzado, con todo su atrezo y prosopeya: los mítines, los programas, los candidatos, las batallas dialécticas, los sondeos electorales, las promesas, etc… En el caso que nos ocupa, el de la energía, tenemos que partir del propio hecho de la “oscuridad” derivada de su complejidad, en que se desenvuelve este ámbito de la economía y de la actividad de nuestro país, lo que afecta a lo que se dice y a lo que se calla.

En este sentido, son muchas las cuestiones que tendremos que tratar en el ámbito energético para conseguir una visión informada y responsable de la actuación política futura en el sector energético, estratégico para un país como el nuestro con una dependencia energética exterior muy importante. Siempre, descontando el grado de ambigüedad del lenguaje electoral (no es lo mismo lenguaje político que electoral, del mismo modo que no es lo mismo democracia que votocracia) que, generalmente, puede justificar una cosa y la contraria. Esto implica que todos seamos más exigentes a la hora de requerir concreción a los que serán poder legislativo y ejecutivo tras las próximas elecciones.

Por tanto, hay que requerir a los partidos que hayan realizado un diagnóstico certero (no ideológico) del sector energético, de su grado de liberalización, de su nivel de competencia, de su posicionamiento sobre el comportamiento en relación al funcionamiento del mercado, de los órganos reguladores y de la intervención pública en la conformación del sector empresarial, de la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, del modelo de desarrollo de las energías renovables, del futuro del mix de generación español atendiendo al crecimiento de la demanda y a sus sostenimiento económico y medioambiental. Después de cuáles son sus recetas y propuestas en materia de tarifa, déficit tarifario, política medioambiental, eficiencia energética (y todo, esto en serio, no colecciones de buenas intenciones y afirmaciones grandilocuentes).

La oscuridad (o mejor dicho complejidad, técnica y económica) de un sector tan estratégico para nuestra economía, tiene efectos y también sirve para que se puedan ‘perpetrar’ determinados atentados regulatorios, incluso con la aquiescencia inducida de la soberanía popular. Un ejemplo de ello, es como se asaltó la reforma del sector eléctrico en el Senado, modificasen incorporando a través de la Ley 17/2007, en el Senado a base de incorporación de enmiendas del Congreso y esquivando a la Comisión Nacional de Energía. Esta ley, que estaba llamada a ser la traslación de las Directivas Europeas pendientes de incorporación al sector eléctrico español, se quedó convertida en una involución del mercado y en la sacralización de Red Eléctrica como monopolio de transporte, propiciada desde la sección más reaccionaria de los ‘intelectuales orgánicos de la energía’ y gestionada ‘sotto voce’ por el Ministerio de Industria, valedor oficial de este grupo, una “minoría creativa” muy influyente actualmente, en la última fase de su tramitación parlamentaria. El resto se llama disciplina de partido. Otro ejemplo es el Real Decreto Ley de detracción de emisiones, cuyo trámite causa sonrojo y plantea la exposición de nuestros representantes en cuestiones tan complejas.

Por ello, es el momento, de dos cuestiones: en primer lugar, de hacer análisis del resultado de la política energética de estos cuatro años (y especialmente de este ultimo que podemos calificar de ominoso, con el fuerte deterioro de la confianza sectorial), del acrecentamiento del déficit tarifario, de la reducción del mercado liberalizado y laas agresiones al funcionamiento del mercado, y, en segundo lugar, de pedir transparencia de lo que cada programa establece a futuro. Y así, por ejemplo, conocer los resultados y propuestas de esa Prospectiva 2030 de la energía tan celosamente guardada para que no incordie en el debate electoral. Por ejemplo, también sería razonable conocer también el papel de la Oficina Económica del Gobierno en todo esto para la próxima legislatura y del actual Vicepresidente y Ministero de Economía (Solbes, mantra reclamado para el mitin del próximo domingo en Vistalegre, pero solo ante el peligro de los trajines que organiza el ‘ala oeste de la Moncloa’ en el ámbito empresarial). Todo ello con la carencia trágica de una política estratégica de futuro.

Del mismo modo, habría que pedir al Partido Popular explicaciones de su participación en la operación de asedio al mercado eléctrico que el mismo propugnó) aprobando la Ley 17/2007 o su posición tibia en el Real Decreto Ley de Detracción de Emisiones , de que va a hacer con las tarifas (si va seguir sosteniendo que no crezcan y no reconozcan los costes de generación) y si va a permitir, en consecuencia, que los españoles sigan embalsando intereses y deudas energéticas para el futuro.

Y todo eso es ahora, no el 10 de marzo.