Iberdrola en el punto de mira

La aparición en la agenda pública de la operación de adquisición de Iberdrola por parte de ACS y EDF no ha podido ser más abrupta y proclive al escándalo. Y, al mismo tiempo, las fórmulas empleadas por los protagonistas para realizar los sucesivos desmentidos al respecto, del gobierno, de ACS y de EDF no dejan de transparentar el trasfondo configurado como un imaginario colectivo insistente. Una cosa es lo que pasa (la realidad), otra lo que se dice, otra lo que se transparenta y, finalmente, lo que se interpreta. Es pura teoría aplicada de la comunicación.
Así, por ejemplo, en su versión oficial ACS explica que “no había llegado a un acuerdo con EDF para adquirir Iberdrola”, las declaraciones de ayer Clos se remiten a las propias de ACS y, también las propias declaraciones del Presidente de EDF al respecto, dejan tantas sombras de dudas e interrogantes que va a ser difícil que puedan configurar una versión que sea tranquilizadora y creíble. Todos, en sus declaraciones, calculadamente ambiguos, ninguno ofreciendo versiones taxativas, claras y sin dobleces en su formulación. Más bien todo lo contrario, todos estos desmentidos confirman y engordan la versión intrínsecamente perversa y, a la vez, intrínsecamente conspiradora de la connivencia entre gobiernos y de que la operación se ha estado urdiendo en el plano hispano-francés y germano-español. Tanto es así que, las versiones oficiales confirman tanto en proporción directa y gracias a su expresión no verbal, todo lo que tratan de sofocar los desmentidos redactados por los abnegados jefes de prensa y su tendencia al disimulo. Menuda misión.
El primer problema, obviamente es de credibilidad, partiendo del dejà vu, de nuestra historia reciente, que nos remite a la operación contra Endesa. Una operación que casi parece un calco. La diferencia principal está en la oportunidad del momento, que puede evidenciar una cierta torpeza e incontinencia en su manejo. Fíjense para comprobar todos estos extremos en la postura del Gobierno, en que la empresa gala es pública, en las declaraciones de Clos (¿recuerdan las de la Cadena Ser la mañana que se supo públicamente la irrupción de Enel?) y en el ejercicio de defensa que ha comenzado a hacer el propio Ignacio Sánchez Galán. Ibedrola y Sánchez Galán saben que están en el punto de mira, por mucho que les intenten convencer de lo contrario.
Una de las primeras cuestiones a confirmar es si el gobierno ha amparado esta operación, habiéndole cogido el gusto al inquietante ‘mercadeo’ con las empresas españolas, a fin de que sean troceadas, divididas, jibarizadas y engullidas por operadores exteriores y preferiblemente con titularidad pública. Hoy nadie duda de la acción del Gobierno en la tramoya en la operación sobre Endesa y parece que los encuentros, las cumbres europeas sirven de escenario para cerrar operaciones de esta magnitud entre los distintos ejecutivos, en una persistente y muy extendida versión. ¡Qué afán!.
Por tanto, lo que si parece claro es que será una de tantas de esas cosas que ‘volverán empezarán a pasar’ a partir del 10 de marzo, en la mejor tradición de los gobiernos intervencionistas, al modo latino de ‘intervenir en la economía’. Es decir que está aparcada y latente. Va a ser difícil que esta cuestión se esconda, que se distraiga la atención en estos dos meses y se coloque debajo de las alfombras. Por lo tanto, este adelanto de planes, es una cuestión especialmente inoportuna para Moncloa, que debe estar escociendo especialmente. El hecho de que se hayan podido precipitar los acontecimientos fruto combinado de la crisis bursátil, la incontinencia especulativa a la vista de los bajos precios y del ensañamiento regulatorio, del denominado, efecto Nieto no hace sino introducir elementos de incertidumbre a que la operación llegue a buen puerto y, además, no tenga imprevisibles consecuencias políticas.
Si fuera así, antes o después de las elecciones, supondría un paso más en la política de intervencionismo y de almoneda de las empresas españolas, que confirma la configuración de la Moncloa y la Oficina Económica del Gobierno como ‘Gran Hermano’ del sector empresarial español. Lo que sí es evidente que Zapatero, su ministro de Economía, su ministro de Industria, el director actual de la Oficina Económica y el anterior, tener, no tendrán política empresarial ni energética para nuestro país, pero sí tendencia y facilidad para las relaciones.
No se trata, en este caso, ni en el de Endesa, de un ejercicio de proteccionismo hacia las empresas españolas, ni de posiciones contrarias contra los intereses (legítimos) de empresas foráneas, públicas, con más altas tarifas, estabilidad regulatoria, respeto por sus gobiernos y mucha liquidez, si les dejan. Se trata de que las empresas no son moneda de transacción, de la necesaria ajeneidad de un Gobierno a las operaciones empresariales, de no intervencionismo público, de que quienes tienen que decidir son sus accionistas ante un proyecto empresarial concreto, formulado en condiciones definidas y predecibles, no sean hostigadas regulatoriamente por la autoridad competente y se presenten en liquidación. Se trata de que no sean expuestas en un escaparate y se les devalúe por la propia acción de gobierno.
Todo ello, a la vez, confirmaría así nuevamente muchas cuestiones que estaban en el “candelabro”: el papel de Solbes en el Gobierno, antes y después de las elecciones (¡qué silencio el suyo en todo este escándalo desafortunado de precampaña!), el fuerte riesgo de la política empresarial del Partido Socialista en esta legislatura, la entrega de abundante munición a Manuel Pizarro en su papel de número 2 del Partido Popular y solidario de Sánchez Galán. Obviamente, en este estado el Partido Popular, con Pizarro, primer ejemplo de esta política, debe ser firme y coherente y evitar la tentación de la escena del sofá, máxime en un momento tan delicado e inoportuno como la campaña y la precampaña electoral.
La lucha promete ser cruenta y no ha hecho nada más que empezar. El hecho de que no haya salido nadie a cuerpo limpio confirma lo peor.