La CNE bloquea la pretensión de Red Eléctrica de 'telefijarse' su retribución a través de Industria

La Comisión Nacional de Energía emitió ayer, por unanimidad, un informe muy duro respecto de la pretensión de la Secretaria General de Energía de elevar la retribución de los activos de transporte de Red Eléctrica de España. Devuelve el decreto a Industria para que lo rehaga, se encargue un informe independiente y vuelva al regulador. Fundamentalmente, por el motivo básico (y lo que es peor, obvio) que consiste en que un agente del sistema no se puede fijar su retribución a sí mismo. El resto de motivos son consecuencias o causas de que esta posibilidad se dé en nuestro país: la pretensión de los transportistas únicos (TSO) en irrogarse en determinados papeles destinados a los reguladores principales e independientes. En eso, el Consejo de la CNE recoge la preocupación patente en el grupo de reguladores europeos, ERGEG y que parece avanzar de forma imparable. Esta es, por tanto, una de sus manifestaciones.
En este sentido, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía ha puesto las cosas en su sitio, ejerciendo plenamente de regulador independiente, en este caso, y aportando la ortodoxia que debería serle también exigida al regulador principal, en este caso la Secretaria General de Energía. Hay que valorar de forma especialmente destacable, teniendo en cuenta la composición del Consejo de la CNE, que haya sido tomado el acuerdo por unanimidad y que no se hayan visto condicionado por dos elementos de propaganda falazmante igualitarista: uno, la homologación teórica con la retribución de los activos de transporte de Enagás (en el sector gasista el valor de los activos de transporte se calculó tras un proceso de determinación de valores procedente de un estudio independiente dirigido por el regulador). Por otro, la campaña que condicionaba soterradamente las inversiones de REE a que se aprobara la retribución.
Por ello hay que hablar, a sensu contrario, obviamente de la propia pretensión de la Secretaria General de Energía de tramitar esta propuesta de Real Decreto, basándose únicamente en lo que le había aportado el propio transportista único. Autopagándose y adelantándose financieramente los flujos de caja. Evidentemente un regulador principal tan duro con determinados sectores no puede remitir una propuesta de Real Decreto en estos términos, de una forma tan poco imparcial, transparentando una vinculación y condicionamiento tan directo por el operador de transporte y monopolista único (también consagrado en este ultimo año)..
En segundo lugar porque se trata de una cuestión que tampoco puede abordarse de forma separada a las políticas generales (si se pueden llamar así) que sigue el Ministerio de Industria y el Gobierno. Es decir, si lo que se provoca una propuesta de esta índole, mediante cambios en el valor de los activos, es una elevación de esta retribución (regulada), la consecuencia es mayor déficit tarifario, elevaciones en la tarifa o Reales Decreto Ley para recortar la participación en la tarifa del resto de las actividades eléctricas. Consecuencia: para hacer una tortilla hay que romper huevos.
Queda saber cual será la posición final de la Secretaria General de Energía al recibir este varapalo jurídico. Primero, esperar a que escampe el panorama electoral y evitar un escándalo institucional. Segundo, intentar colarlo en el dulce limbo legislativo del periodo interlegislatura. Tercero, en el marco de la política de lateralizar los informes indeseados que emite la Comisión Nacional de Energía a Industria. ¿Habrá un derrape, como en el decreto de retribución de los activos del gas? ¿Nieto le dará esquinazo a la CNE? ¿Remitirá la misma al Consejo de Estado, con cambios cosméticos y publicará esta norma? ¿Quedará la ortodoxia nuevamente en manos de las relaciones peligrosas vinculadas a la política?
Por cierto, ¿por qué no se nos ocurre entre las posibilidades razonables que triunfe el sentido común y la ortodoxia y comiencen los trabajos para fijar unos valores de forma independiente y se rehaga el Real Decreto?