Comportamientos políticos, comportamientos regulatorios e inspectores: leña al mono
La Comisión Nacional de Energía tiene entre sus funciones un conjunto de actividades inspectoras que están destinadas a salvaguardar el funcionamiento del sector energético, velando por sus principios de garantía de suministro, del acceso a la red, del correcto proceso de formación de precios y de funcionamiento del mercado. Todas ellas acciones, necesarias en cualquier Estado de Derecho que deben realizarse con rigor, desde el punto de vista inspector y de procedimiento, es decir, para que los derechos y consecuencias de los agentes implicados en un proceso determinado tengan garantías.
Por ello, la publicación la semana pasada en la nota de prensa que el organismo que preside Maite Costa de la apertura de un expediente sancionador a Unión Fenosa por un conflicto en el acceso ha levantado una fuerte polvareda, por lo claramente desproporcionado de la actuación, reabriendo nuevamente las lecturas alrededor de estas actuaciones de la CNE y de su trasfondo publicitario. Fuentes bien informadas, han confirmado a Energía Diario, que la compañía que preside Pedro López Jiménez, se vio sorprendida por la generalizada presencia en los medios de una cuestión casi incidental, máxime para una empresa cuya ‘especialidad’ son las redes, provocando un fuerte malestar y que este malestar ha sido trasladado por representantes de la compañía a un gran número de consejeros de la CNE.
En este último período (y situemos hitos): mandato de Maite Costa, tras la resolución de las sucesivas OPAS a Endesa, la actuación inspectora y punitiva de la Comisión Nacional de Energía ha querido cobrar una relevancia especial desde la vuelta del verano. El problema es que parece que el organismo que preside Maite Costa no ha encontrado hasta el momento, comunicacionalmente hablando, el tono adecuado, bien por las cuestiones que en determinado momento investiga, bien por las indicaciones que recibe para investigar o por la actuación en materia de comunicación que se desata desde la propia CNE.
En primer lugar, y como hecho más destacado, las declaraciones que el pasado mes realizó la propia presidenta Maite Costa en TV3, en las que anticipaba en el plazo de una semana una actuación en el sector de hidrocarburos respecto de una compañía petrolera. Unas declaraciones fuertemente inquietantes (y desafortunadas) que inundaron de especulaciones el sector, estando deshojando margaritas esa semana completa. Al final, incluso en una especie de pugna entre la CNE y la Comisión Nacional de Competencia (CNC), se cerró con unas inspecciones e investigaciones a gasolineras en zonas concretas del país.
Por el contrario, en cuestiones de gran calado, las investigaciones y expedientes de la Comisión Nacional de Energía han resultado bastante infructuosas: la investigación a Iberdrola encargada por el Ministerio de Industria (y basada en información remitida desde Red Eléctrica de España previa solicitud de la Secretaria General de Energía) sobre la actuación en referencia al R.D. 3/ 2006, casi acaba en un roce con el OMEL, al dirigirse varios consejeros a su Presidenta para requerir información sin conocimiento del consejo de la propia CNE. De esto, no se tienen conclusiones, no se sabe nada.
Por otra parte, en dos cuestiones clave, el apagón de interrumpibles que tuvo lugar a primeros de diciembre y en el que la Secretaria General de Energía azuzó a los servicios de inspección del organismo para que investigaran la indisponibilidad de determinadas instalaciones. La consecuencia fue que el propio Consejo de Administración anticipó también otra línea de investigación indeseada: la responsabilidad de la propia Red Eléctrica en la gestión de la indisponibilidad. De esto, todavía no se conoce nada tampoco.
La segunda cuestión clave es otra investigación precedida de su correspondiente correlato desde la Secretaria General de Energía tuvo lugar hace poco, cuando los precios del mercado mayorista alcanzaron en determinados momentos muy concretos los 132 Euros/MW. Una situación perfectamente normal teniendo en cuenta las circunstancias de oferta y demanda y que no ha derivado, hasta el momento, en identificar comportamientos incorrectos de mercado. De esto, todavía tampoco se conocen sus conclusiones.
Por si fuera poco, cuando la Comisión Nacional de Energía ha desarrollado quizá el expediente investigador más importante de su historia, el que se deriva del grave apagón de Barcelona, ha tenido un tratamiento desigual. Por un lado, hasta la publicación de sus conclusiones determinado la responsabilidad principal de Red Eléctrica de España y por otro, cuando se debían instrumentar las medidas técnicas y regulatorias. Esta ultima parte ha pasado muy discretamente escondida, después de varios aplazamientos, sobre todo para evitar abrir el debate sobre el transportista único y más cuestionamientos relativos al papel de REE.
Es el propio seno del organismo donde más preocupa esta escalada de difusión de noticias alrededor de la CNE y sus investigaciones: por la presión que genera, que impide una actuación libre de los mismos. Todos los expertos consultados, y los propios agentes del sector, valoran la importancia y la necesidad, de la actuación inspectora e investigadora de la Comisión. Todos estos temas anteriormente enunciados, son importantes y requieren una visión profesional, coherente y planificada, como cualquier servicio de inspección público de una actividad regulada.
Además, por otra parte, esta actuación también se ve cuestionada a posteriori, según sus resultados. Así, la capacidad de articular respuestas regulatorias responsables, es decir consecuencias jurídicas y de ordenación del sector, es una cuestión que debe estar fuera de toda duda y que debería ser misión relevante de la CNE, frente a sus misiones de control y gestión, cada vez más abundantes. Esta función es la menos deseada desde el propio Ministerio. Y si, para mayor abundamiento, tenemos en cuenta que en otras actuaciones recientes como las OPAS el Ministerio ha tumbado el criterio de la CNE, nos podemos encontrar como las investigaciones y la inspección podrían constituir una vía para encontrar notoriedad y respetabilidad al organismo, inocua para el Ministerio, cuando no para orientar su actuación por los dictados que provengan de la Secretaria General de Energía, para endurecer o dulcificar su relación con las empresas según el momento.
En todo caso, lo primero son las garantías jurídicas, la actuación consciente y ajustada a procedimiento, la prudencia de actuar con las empresas, en un sector económico muy importante y con relación con todos los demás, valorando con rigor la acción sobre unos agentes que pueden tener consecuencias directas de una política de comunicación, dirigida desde la política, por la política y para la política (política es tanto que venga desde el Gobierno o desde los intereses políticos de sus actuales rectores, que tanto da). Si no, puede ser que la CNE caiga en el manierismo inspector o en el comportamiento investigador al servicio de intereses diferentes a sus objetivos y deberes como regulador independiente. Y las empresas, sometidas al tridente de la inestabilidad regulatoria del Ministerio, de la capacidad de ordenación directa de REE y de la inspección de la CNE en este plan, combinadas. Leña al mono.
