El año de la inseguridad jurídica

Casi paralelamente a que el nuevo equipo ministerial sustituyese al de la etapa Montilla, se estaban sentando las bases de lo que sería el año 2007 en el sector energético español. Un año en que se han acelerado o excedido la tendencia a la inestabilidad regulatoria en nuestro país, como paradigma de entender las relaciones entre la Administración y los sectores económicos. Cuestión además certificada por las empresas de análisis y ‘rating’ a nivel nacional e internacional, en todos sus informes, lo que debería ser motivo de sonrojo institucional.

Pocas cuestiones han quedado al margen de este movimiento de fondo que abarca, nada más y nada menos, que desde la demolición del sistema de mercado que establecía la Ley del Sector Eléctrico de 1998 (con la reciente Ley 17 y la aquiesciencia parlamentaria del Partido Popular, siendo casi lo único que pacta con este gobierno: las medidas para desliberalizar el sector energético) y la conversión de Red Eléctrica en transportista monopolista único. En ese mismo paso, comenzó el año con el largo proceso negociador en torno a las renovables, y sobre todo con un sector tan importante para nuestro país como el eólico, a partir de la necesidad de acabar con el R.D. 436/2004, suplantándolo con el R.D. 661/2007. Un proceso que dejaba en sus jirones la seguridad jurídica que definía el decreto anterior. De todas formas, tampoco las cosas iban a durar mucho en este sector de las energías renovables, por mucho que estuviese el propio presidente del Gobierno lanzando mensajes políticos muy evidentes en esta materia y en la lucha contra el cambio climático: el caso de la industria fotovoltaica empezaría ya en agosto en tener los primeros estertores y vía correcciones de errores aparecieron los primeros avisos en el Boletín Oficial del Estado modificando los períodos máximos para el cómputo de los objetivos de instalación que se establecían en el Plan de Energías Renovables (referencia a efectos de retribución de las mismas). Todo ello abocó a que ahora mismo se esté negociando un decreto para esta tecnología, desbordados por la realidad y acuciados por la falta de previsión.

Por otra parte, se continuó con el proceso de petrificación de las tarifas, con claros ánimos electoralistas (responsabilidad política, es como se llama ahora), pero no para todos por igual. En paralelo, el mercado liberalizado en el sector eléctrico continuó retrocediendo. Se eliminó la garantía de potencia como mecanismo que permitía contar con potencia disponible y para ahorrar unos dinerillos al déficit tarifario. En paralelo, no se ha implantado el sistema que lo sustituye, generando una situación de inseguridad jurídica (¡y de suministro!): si los agentes económicos actúan en función de lo regulado disminuye esa disponibilidad y existen riesgos de apagón por generación. Si se producen esos apagones por generación, desde las instancias oficiales se les sataniza, se les amedrenta, y se interpreta que es un ‘pulso’, no consecuencia de sus propios actos. En paralelo, las intentonas (y los logros) para lograr que el operador de sistema aumente su retribución y pueda aspirar a ‘ser más grande’ están encima de la mesa. El Ministerio de Industria, convertido en ‘el gran retribuidor’, que premia a los buenos, castiga a los malos. Desde el mes de enero de 2007 a diciembre, la evolución en Bolsa de las empresas eléctricas y de redes ha estado principalmente sujeta a decisiones de retribución del regulador, más que a ninguna otra cosa. ¿Es eso seguridad jurídica?

Por otra parte, el ‘invento’ del déficit tarifario ‘ex ante’, dudoso en la medida que orilla la necesidad de que las tarifas eléctricas recojan los costes, tecnología regulatoria española cien por cien, no logró que los mercados financieros confiasen en el nuevo mecanismo de las subastas operado por la Comisión Nacional de Energía y tutelado por el Ministerio de Industria, con un nulo apoyo desde las instancias económicas del Estado.

Finalmente, acabamos el año con el sector en pie de guerra con la promulgación de forma sorpresiva, de forma premeditada y alevosa de un Real Decreto Ley para instrumentar la detracción de la tarifa de los derechos de emisión asignados por el Ministerio de Medio Ambiente en el Plan Nacional de Asignaciones. Detracción además que se realiza sin ningún criterio, es decir, ‘a pachas’, contamine una instalación o no contamine, tenga derechos o no tenga. También, qué casualidad, con la abstención del Partido Popular, en otra medida de intervencionismo desproporcionado. También de forma subrepticia, a finales de julio, Industria aprueba la nueva regulación de los grandes consumidores (gestión de la demanda).

Si contamos con el enfrentamiento abierto con la Comisión Europea por estos asuntos y por la actuación de nuestro gobierno en la OPA de E.ON, no es éste balance edificante, eso es cierto. Sobre todo, porque más que cualquier cosa, los sectores económicos y los agentes privados precisan estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Un concepto que es un bien en sí mismo y cuyo contrario tiene su reflejo en la ausencia de inversión y en la desincentivación de los agentes económicos, algo que caracterizaba a nuestra economía y que está empezando a enseñar sus resultados fruto de esta política. La paradoja sería un regulador que no tuviera a quién regular.

Podría quedar la duda de si es un problema de carencia o de maldad. Carencia, es decir de insuficiencia de conocimientos regulatorios integrados, articulados con una perspectiva de mercado en lo técnico y en lo económico, de visión de comportamiento de los agentes económicos, de madurez para la relación entre la Administración y las empresas, de capacidad para valorar los efectos de la regulación, de rigor para realizar los informes previos y simulaciones necesarias antes de enarbolar el Boletín Oficial del Estado, en lugar de operar como los ‘perros de Pavlov’ regulatorios mediante la instantaneidad de la relación causa-efecto. Maldad, en el sentido de necesidad de intervencionismo, de satisfacción de necesidades de poder, de establecimiento de retos y de relaciones por ‘hormonas’ de voluntad expresa de acabar con el mercado, de introducir mecanismos estatales o paraestatales para el control de la actividad de los agentes económicos mediante una voluntad planificadora impropia de una economía occidental, europea y avanzada, introduciendo a los agentes empresariales en un sucursalismo sin precedentes o de entender la regulación como un sistema de control de rentas, más que de fijación de reglas del juego claras y predecibles no sujetas a la arbitrariedad.

A lo mejor es que son las dos cosas.