Un golpe de estado hecho con el BOE

El Real Decreto Ley es una herramienta legislativa para casos de urgencia en los que es imposible seguir un proceso regulatorio normalizado. Recordemos que la reforma laboral que hizo el Partido Popular se realizó por Real Decreto Ley, que le costó el puesto al entonces ministro Juan Carlos Aparicio, fue impugnada y, posteriormente, anulada por el Tribunal Constitucional al haber utilizado esta formula jurídica, al comprobar que no había motivos de urgencia derivados de una emergencia que justificasen tal reforma (lo que quiere decir que no se puede hacer una trapisonda legal, saltándose a la torera el ordenamiento político y las instituciones).
La utilización de esta herramienta legislativa en el ámbito de la energía ha sido muy habitual hasta el momento, regulando cosas por esta vía que luego tardaban años en ponerse en vigor o en desarrollar. Lo que pasa es que todavía no se había publicado la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso anterior y parecería que un gobernante, debería ser más leído y prudente, a la vez que respetuoso con las instituciones del Estado, para no caer en semejante desprecio e incuria a las instituciones.
En una sociedad democrática regular cuestiones que no tienen carácter de urgencia derivadas de una emergencia manifiesta (las indemnizaciones que se derivan de una catástrofe, por ejemplo) al margen del Parlamento, de las instituciones públicas, del debate público y órganos reguladores es asimilable a un golpe de Estado, una especie de ‘chavismo’ (intervención + autoridad) con BOE en la mano, una subversión o perversión de la legalidad vigente.
Golpe de estado, significa que se trata de una norma que no está refrendada por los representantes de la soberanía popular (el Parlamento) y se hurta el debate político a sus representantes legítimos, sin alegaciones, sin agentes económicos intervinientes, sin nadie. Aquí la emergencia no está justificada en ningún punto: ni el coste de la energía en España en el mercado mayorista está por encima de la Unión Europea y tampoco crece por encima de lo que crecen los combustibles y el petróleo Otra cosa es que sea insoportable para los actuales ‘responsables de la política energética’ que en cuatro años no han hecho otra cosa que pastorear el coste de la energía y meter el problema debajo de las alfombras. ¿Para que gestionar si está el BOE? ¿Cómo ha podido pasar este ataque al mercado eléctrico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos? ¿Se ha hecho así, por la puerta de atrás, para saltarse también al Ministerio de Economía y a Solbes? ¿Cómo se ha pervertido el Plan Nacional de Asignaciones y al Ministerio de Medio Ambiente? ¿Para qué tal pantomima?.
Por lo visto, todo Secretario General de Energía que se precie tiene que hacer un Decreto Ley para seguir con la tradición y a Nieto se le acababa el tiempo. Nieto, en su particular ‘tour de force’ con las eléctricas ha ido más allá, ha metido por debajo de la puerta una bomba, en pleno puente de la Constitución, para intervenir el mercado eléctrico y sus precios de forma permanente, reducir el déficit tarifario por vía de la artimaña y distribuirlo conforme a intereses políticos para cuatro años en adelante (como ven, una urgencia derivada de una emergencia, claro). Con esta actuación culmina el asedio al mercado eléctrico y el sabotaje a la política medioambiental (¿para qué reparten los derechos de emisión en un segundo Plan Nacional de Asignaciones?), porque conviene más ‘esparcir’ el coste de los derechos de emisión, que gestionar el cambio hacia un modelo de generación más limpio, de forma que lo que se consigue es que pague más el que menos contamina (es decir que se le penalice). Por tanto, el que contamina cobra y cobra de los demás, que no lo hacen. Esa es la moraleja de este Real Decreto que acaba con el mensaje de ‘ser líderes en el cambio climático’. Con Rifkin delante, que barbaridad, que falta de decoro.
Tendremos que esperar a leer el texto completo de este Real Decreto, para ver la totalidad de cuestiones regulatorias que introduce, dada la capacidad del actual Secretario General de Energía para regular el gas cuando habla de mercado eléctrico, por vía de disposiciones, excepciones o cualquier otra forma alambicada que pueda incorporar en su articulado. Podrá fijar desde mecanismos para establecer la casación de ofertas como en el 3/2006 o cualquier otro tipo de atentado al mercado y de nuevo intervencionismo. Este es un paso que además, conllevará un nuevo elemento de judicialización del sector energético y de inseguridad jurídica, que alcanzará incluso fuera de las fronteras, algo insano desde todo punto de vista y en cualquier sector, además de ser conocidos por nuestra opereta en la Unión Europea.
Por otra parte, el Real Decreto Ley debe ser convalidado en el Parlamento y el Partido Socialista Obrero Español no puede, en virtud de la correlación de fuerzas parlamentarias, aprobarlo por sí solo. ¿Qué harán los grupos parlamentarios Izquierda Unida, y sobre todo, Convergencia i Unió (CiU) y Partido Naciolista Vasco (PNV) en este caso, dos grupos de tradición liberal en lo económico para aprobar este sabotaje al mercado? ¿Qué recibirán a cambio en las negociaciones finales del presupuesto? ¿Les asegurarán una plaza en la Comisión Nacional de Energía (CNE), ahora que toca renovación? ¿Asistiremos al vergonzante espectáculo del trapicheo parlamentario?.
Tengan cuidado estas Navidades y en Reyes, en cualquier puente o festividad. Un decreto ley les estará esperando. Gestionen en lugar de intervenir. Franco en verano inauguraba pantanos.