La financiación del déficit tarifario se complica

El proceso de titulización del déficit tarifario parece que está durando más de lo que estaba previsto inicialmente. Con la de mañana, serán cuatro reuniones las que responsables de la CNE tendrán con los agentes implicados. No se sabe, si por error, este fin de semana se difundía que la reunión de mañana iba a ser en realidad la subasta definitiva. El hecho es que la de mañana no será la subasta definitiva, que tendrá lugar alrededor del día 27 de noviembre, es decir al final de mes. Hacemos un repaso de todas las claves de este proceso.
1.500 millones de euros de déficit tarifario ex ante. Lo que en estos momentos se está subastando es el déficit tarifario ex ante del ejercicio 2007, y más concreto, el devengado en los dos primeros trimestres del año (750 millones en cada trimestre). En total, si se cubriera totalmente se alcanzarían los 1.500 millones de euros. Un proceso que parece que cuando se deba repetir para acometer el déficit de la segunda parte del año, puede tener unas cifras más abultadas, dada la situación metereológica del otoño y los elevados precios del petróleo. En referencia al déficit de 2006, todavía no se tiene noticia ni de su importe, ni de su cantidad final, por lo que no tiene que ver su titulización con esta primera subasta que organiza la CNE.
Tipos de interés y crisis de liquidez. El escenario de tipos de interés creciente y la situación de crisis de liquidez en los mercados internacionales derivado de la crisis de las ‘subprime’, parece que puede afectar al proceso de subastas, en términos de que se pueda producir una elevación del coste de esta financiación (entiéndase elevación de los tipos de interés, es decir del coste de esta financiación).
Apoyo por parte del Estado. En un escenario de elevación de tipos de interés parece que esta operación precisa de un apoyo más o menos del Estado, máxime cuando se trata de una fórmula para solventar la decisión política de no elevar las tarifas. En este sentido, se ha venido trabajando en dos líneas: la Dirección General de Seguros y el Banco de España por cuestiones diferentes. En primer lugar, la Dirección General de Seguros, a fin de que estos activos sean recomendables a efectos de las coberturas de las reservas técnicas de las empresas aseguradoras. En segundo lugar, el Banco de España a fin de que las posiciones deudoras derivadas de estas operaciones no computen como capital regulatorio a efectos de coeficientes según las normativas de Basilea II. Al parecer, según fuentes financieras, ninguna de estas dos actuaciones parece que tenga visos de fructificar.
El hecho es que esta situación unida a la crisis de liquidez, puede elevar las primas de riesgo de esta financiación y subir los costes de esta financiación. El temor llega hasta el hecho de insinuar a los responsables de la subasta la posibilidad de que finalmente no se cubran los 1.500 millones de euros previstos lo que, en el fondo, alteraría las condiciones iniciales de la propia subasta (una posibilidad que se recoge en el artículo 8 de la Orden Ministerial del 6 de julio).
La Orden del 6 de Julio y su corrección de errores. El Ministerio de Industria publicó una corrección de errores a finales de octubre, referida a la orden del 6 de julio, por la que amplía el plazo de cuatro a cinco meses para realizar la primera subasta (además de corregir dos errores en el articulado). Más de tres meses parece mucho tiempo para identificar ese tipo de ‘errores’, a los que parece que nos está acostumbrando a la Administración energética y que tanto desquician a los servicios jurídicos.
Papel de la CNE. La Comisión Nacional de Energía ha sido la responsable de organizar el procedimiento de subasta, con una supervisión lejana en la sombra por parte del Ministerio de Industria. De hecho, en la primera reunión estuvo presente Pablo Gasós. Los asistentes recogieron con cierto asombro el mensaje de una tutela en la sombra: si las cosas no salen como Industria espera, se transparentaba que podría intervenir en el proceso. De las dos reuniones que tenían las empresas y grupos financieros parece que ha sido preciso ampliar y realizar dos reuniones más informativas para aclarar ‘flecos pendientes’, formas en que se van a realizar los pagos, garantías, volumen a subastar, referencias, inclusive el coste a las distribuidoras por la demora en el ingreso de los plazos que incurre en un diferencial sobre el tipo de interés oficial del dinero, etc… Si incluimos la declaración que realizó públicamente un responsable de la CNE “con cierta simpatía”, en el sentido de que no se cobrarían los cafés a los asistentes a la reunión, parece que la cosa, no empezó con ninguna gracia.
En privado, se reconocen todavía muchas dudas a este proceso. La cuestión sigue abierta.