La tarifa se ha politizado, ¿quién la despolitizará?

Los movimientos pendulares a los que está sometiendo el Ministerio de
Industria a la regulación energética están empezando a sumir a los agenteseconómicos en una profunda desconfianza. Desde que en septiembre la Secretaría General de Energía fue ocupada por nuevos inquilinos, los medios de comunicación vienen recibiendo numerosos mensajes consistentes en anunciar próximas medidas, todas ellas inconexas y muchas contradictorias.
Finalmente, ayer por la tarde, hasta los más despistados pudieron concluir que hemos estado asistiendo a una ceremonia de la confusión, y quizá de intoxicación, ya que, con la perspectiva que se va adquiriendo con el transcurso de las últimas semanas, esta sucesión de medidas anunciadas sólo puede calificarse de errática.
Estas reflexiones son conclusión lógica de lo que viene ocurriendo con el
crecimiento previsto de la tarifa correspondiente al 2007. Inicialmente, se
comunicó que el crecimiento de la tarifa podía girar alrededor del 6%, lo
que facilitaría una solución del déficit tarifario en tres o cuatro años;
posteriormente se habló desde el Ministerio de crecimientos relacionados con el IPC y finalmente se difundió que el crecimiento estaría en el 10%. Ayer la práctica totalidad de los informativos televisivos recogían las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, con el mejor gesto adusto del que es capaz, en las que negaba que las tarifas fueran a crecer por encima del IPC. Una afirmación (en realidad una negación) tan contundente pronunciada por un miembro tan relevante (una Vicepresidenta) del Gobierno zanja cualquier duda. Bueno, …cualquier duda… no, ya que aún queda una duda. ¿Acaso la tarifa eléctrica no es un asunto especialmente económico? ¿Es que no hay un Vicepresidente (económico) del Gobierno para coordinar las distintas parcelas de la política económica?
Es posible, sin embargo, que los que nos formulamos estos dos interrogantes no hayamos caído en la cuenta de que la tarifa ha terminado siendo (o, a lo peor, nunca dejó de ser)una realidad política, que se manifiesta como un problema político, cuya solución está en manos de la Vicepresidenta política.
Episodios como éste recuerdan periodos ya olvidados en los que se libraban sangrientas batallas por el precio de la barra de pan, del pollo y de la bombona de butano y en los que la lucha contra la inflación consistía en un control de precios que se utilizaba políticamente para ‘tener la fiesta en paz?.
Lo que pone sin embargo de manifiesto la operación tarifa de 2007 es que los españoles tenemos en estos momentos un Gobierno en horas bajas y con poca capacidad de reacción: transcurrida la primera mitad de la legislatura y próximas las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno se encuentra en el sector energético con varios conflictos abiertos con distintos operadores y con la propia Comisión Europea. No es difícil concluir que el Gobierno cuenta con muy poca capacidad de maniobra política para enfrentarse al problema de la tarifa eléctrica. El Ministerio de Economía vuelve a callar ante la necesidad de cambiar la tarifa eléctrica. La solución es política y Solbes no dice esta boca es mía. Se deja todo como estaba, subida en torno al IPC y a mirar para otro lado.
La pregunta pertinente es ¿quién rescatara a la tarifa del mundo político para que de una vez los españoles decidan por si mismos cual es
su consumo energético? La respuesta, contestando a la pregunta inicial, es que ni Montilla, ni Joan Clos, ni, evidente y desgraciadamente,
tampoco Solbes.