Desenredando la maraña del déficit tarifario

El denominado déficit tarifario nació en el año 2000 y se produce cuando el coste del suministro eléctrico supera lo que se recauda mediante las tarifas de la luz fijadas por el Gobierno que pagan los consumidores.
El desfase en las cuentas del sistema eléctrico lo asumen en primera instancia cinco eléctricas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y Viesgo -propiedad de E.ON-), pero en realidad es una deuda que pagan los consumidores a plazos durante varios años mediante las tarifas.
Para que las empresas puedan recibir este dinero en efectivo (en principio es un derecho de cobro) ceden la deuda a los bancos, que son quienes la recuperan al cabo del tiempo con los correspondientes intereses.
Tras años de subidas de tarifas insuficientes la fotografía final es la siguiente: la deuda acumulada asciende a 16.493 millones, de los que 12.990 no están pagados y, de estos últimos, 7.950 millones todavía no se han colocado entre los bancos por la crisis financiera.
Fuentes empresariales reconocen que la deuda pendiente de asumir es «un problemón», ya que esta cifra figura en sus balances, lo que deteriora sus ratios financieros, su imagen crediticia y les dificulta aún más la obtención de financiación en un momento de restricción del crédito.
Aunque nunca estuvieron conformes con el sistema del déficit, durante los años en que el acceso al crédito era fácil las empresas no le dieron demasiada importancia.
Sin embargo, ahora lo perciben como un peligro. «Es un cordero que se ha convertido en un lobo», resume una fuente empresarial.
El sistema resulta perverso para el consumidor, ya que al trasladar el pago en el tiempo no percibe cuánto cuesta realmente la electricidad y tiende a despilfarrarla.
Por último, el Gobierno debe resolver este problema antes de culminar la liberalización total del sector.
Lo más sencillo sería aplicar una subida de tarifas que evite que la deuda aumente (un 30 por ciento, según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y pagar las cantidades pendientes en los próximos 14 años.
No obstante, las empresas son conscientes de que ningún gobierno aceptará subir un 30 por ciento la luz a 25 millones de ciudadanos.
Descartada esta salida, el escenario más plausible pasaría por acordar incrementos de la tarifa que no superarían el 8 o el 10 por ciento anual durante un periodo de tres años y sacar conceptos que actualmente se pagan mediante la tarifa para alcanzar una situación de equilibrio al final de la legislatura.
Para consensuar los detalles está prevista una reunión conjunta entre las empresas, la patronal Unesa y el Gobierno.
Las empresas quieren que tras el periodo transitorio las tarifas reguladas (tarifas de último recurso) recojan todos los costes y se reserven únicamente para los consumidores domésticos.
En contrapartida están dispuestas a implantar alguna compensación o bono social para los consumidores pequeños y hacer concesiones para abaratar el suministro a ciertas industrias.
Además, reclaman una bajada del IVA al 7 por ciento y la supresión del impuesto especial de la electricidad, lo que reduciría en unos 3.400 millones la factura del conjunto del sistema eléctrico, que asciende a 29.000 millones al año.
Por su parte el Gobierno podría utilizar en la negociación las cantidades correspondientes a los derechos de emisión de CO2 e incluso reclamar a las empresas parte de los viejos Costes de Transición a la Competencia, señalan algunas fuentes.
Existen otros asuntos como las primas de las renovables o la compensación a la producción extrapeninsular que podrían pagarse, al menos en parte, mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que parece improbable por las reticencias de Economía a cargar más gastos en el presupuesto.
Lo que sí parece estar descartado es acometer reformas en el mercado mayorista eléctrico o implantar mecanismos para reducir la retribución de tecnologías como la hidroeléctrica y la nuclear, tal como han apuntado algunos miembros de la CNE.