4.000 millones de suposiciones

Por si fuera poco, en lo que se refiere al Informe complementario de costes y precios, una vez que se van conociendo mayores detalles sobre su contenido, se aprecian graves defectos en su elaboración, fundamentalmente relacionados con los datos utilizados y, consecuentemente, con las conclusiones extraídas a partir del mismo. No en vano los titulares de dos periódicos, Cinco Días y La Razón se uncían a las conclusiones más sensacionalistas del informe, cuyo ejemplo son estos dos titulares: “La tarifa eléctrica regala 4.000 millones a la nuclear y a la hidráulica” y “ Las eléctricas ingresarán un 58% más de lo que les cuesta”.
Por ello, las estimaciones del “informe”, elevadas al rango de postura oficial del organismo, que ha aprobado el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía y, supuestametne elaborado la Dirección de Regulación, siguen trayendo cola. El análisis de los datos y de las conclusiones del mismo, destapa un número de imprecisiones, ausencias de información económica y supuestos conducentes a la consecución de resultados que eran objeto del estudio: señalar que determinadas tecnologías se benefician del precio que fija el mercado marginal como precio conjunto del mercado. La teoría es que ese precio conjunto del mercado, beneficia a las tecnologías con menores costes porque fruto de ellos tienen más márgenes, incluso apelando al coste del CO2 (que al final, en otro ejemplo de intervención, fue descontado por el Ministerio de Industria a todas las tecnologías, inclusive la hidráulica, y que actualmente se encuentra recurrido en la Unión Europea). El objetivo es una especie de justicia retributiva por tecnologías en lugar de un funcionamiento eficiente del mercado de forma global y agregada.
Según los expertos consultados por Energía Diario, las afirmaciones que realiza se formulan, abstrayéndose de información contable y económica cierta (dado que no dispone de ella), obviando el número de horas de utilización y papel de cada tecnología en el mercado, ocultando la progresiva reducción de los resultados de las empresas eléctricas en el mercado español y utilizando simplificaciones y supuestos que ‘facilitan’ los resultados perseguidos, como en el caso de la amortización del inmovilizado nuclear (que directamente se borra de un plumazo, cuando sigue en los estados contables de las compañías, de acuerdo a sus políticas respectivas de amortización).
Todas las trampas
De hecho, las fuentes consultadas afirman que la Comisión Nacional de Energía, no tiene información suficiente para determinar la rentabilidad de cada una de las tecnologías, en primer lugar, porque los objetivos de un regulador en un mercado no es el control de los costes y, consecuentemente, la propia información que se requiere a las empresas no responde a este diseño. En el caso de la Dirección de Regulación y Competencia (que refrendó el contenido del informe) sólo tiene información contable (que además, curiosamente, no está utilizada en el Informe, dado que no contempla el Inmovilizado Nuclear al considerarlo amortizado, mientras las empresas lo recogen en sus cuentas oficiales formuladas al Registro Mercantil, con sus informes de auditoria). En todo caso, existe alguna información en materia de costes en la Dirección Eléctrica, pero no con toda la diversidad de instalaciones existentes (algo que reconoce el informe, pero que no aborda). De todas formas, la Dirección Eléctrica, no ha participado en la elaboración de este informe complementario, según lo que se ha podido conocer en días pasados. En todo caso, los expertos contables recalcan que resulta paradójico que la información pública que tiene, no la utilice y que, con la que no tienen, realicen estimaciones.
En ese sentido, la solución elegida por los autores del informe es introducir supuestos, simulaciones y estimaciones, a la eliminar la diversidad de instalaciones (es decir, homogeneizarlo por la vía de la tabla rasa), de resolver el desconocimiento de la política de amortizaciones de cada empresa o para introducir generalizaciones de forma que la realidad se amolde al resultado pretendido del estudio. De hecho, en el informe, que tiene dieciséis páginas, consta 15 veces la palabra estimación, seis la palabra hipótesis y 3 la palabra supuesto, lo que confirma el marcado carácter de estudio del mismo.
Pero de facto, lo que hace el informe de la Comisión Nacional de Energía con esta construccion es amplificar, sobre la base de estos supuestos académicos esa ‘presunta rentabilidad” partiendo de estimaciones de evolución de mercado, desconociendo los costes fijos de las instalaciones, los costes de extensión de vida de las centrales, de hacer equivalentes todas las energías, estimar sin conocer los costes de los contratos de suministro de combustible y obviar la información económica-contable que tienen las empresas en materia de inmovilizado nuclear pendiente de amortizar. El resultado es ‘exagerar’ la rentabilidad comparativa de tecnologías, sobre términos semejantes a un problema matemático, y no sobre la contabilidad de costes real de las empresas. Algo que incluso ya se está difundiendo entre analistas nacionales e internacionales, como estrategia de la Administración para abordar el problema tarifario acumulado desde una posicion de fuerza.
La falacia de los 4000 millones de euros.
Este es el resumen de las principales críticas y supuestos que incorpora el informe:
– Afirma que el Inmovilizado Nuclear esta amortizado. Falso. En primer lugar, el informe, contiene datos erróneos referidos a las inversiones en inmovilizado nuclear. Mejor dicho, no los contiene. Realiza el “supuesto” de que ya todo este inmovilizado está amortizado desde 1998. Consecuentemente, el resultado de la tecnología nuclear es anormalmente alto para engordar esos 4.000 millones de euros.
– Estima costes de tecnologías que utilizan combustibles en su generación, sin conocer los costes de los contratos de suministro. En segundo lugar, y referido a las tecnologías que utilizan combustibles para generar energía, la Comisión Nacional de Energía, no cuenta con información sobre los precios de los contratos de suministro de los mismos. De facto, esta ausencia, elimina la posibilidad de poder ‘calcular’ o estimar un resultado para estas tecnologías y hacer comparativas con el resto.
– La hidráulica: simplificación en los tipos de centrales y utilización muy escasa en horas anuales. En lo que se refiere a la energía hidráulica, otro de los caballos de batalla del informe, el informe fija unos parámetros de rentabilidad muy altos, debido a lo que se denominan windfall profits (beneficios caídos del cielo), pero oculta que la utilización en horas de estas tecnologías es muy baja al año y por tanto su producción, muy baja comparativamente. Además, elimina de los supuestos las centrales de bombeo (a menos diversidad de centrales, más claridad). Por ejemplo, mientras que una central de ciclo combinado o térmica podría trabajar más de 4.000 horas al año, una central hidráulica, no más de 1.200 horas al año, con lo que la “rentabilidad” por su utilización hay que valorarla de forma conjunta. Y, es que, cualquier comparación, en este sentido, es parcial, cada tipo de tecnología tiene un papel en el sistema: unas son energías de base y otras ‘punta’ para la cobertura de necesidades puntuales del sistema.
Y, que, por ejemplo el mismo informe no recoge el caso contrario, las instalaciones de ciclo combinado (gas), que fijan el precio de mercado y están en situación de pérdidas o de rentabilidad muy reducida por la evolución de los precios del gas.
Todo ello, sin contar que un mercado conjunto, un sistema es un modelo conjunto e integrado, de forma que cada empresa generadora configura su mix de generación atendiendo a un modelo estratégico y al mercado. Imagínense que una empresa de fabricación de automóviles tuviera tres factorías y pusiera un precio diferente al vehículo en función de la procedencia de la factoría. Los “datos” del informe que reflejan un coste de 3 euros por MW en la hidráulica y 8 en la nuclear son considerados como ‘irreales’ e ‘imposibles’, siendo los que han servido de base para estimar las abultadas cifras de beneficio de las eléctricas, que no se corresponde con la realidad contable del mercado español.
Lo que resulta paradójico es que el órgano regulador refrende un informe así, incurriendo en estas imprecisiones, máxime si la segunda derivada es que el regulador principal (Ministerio) tome cartas en el asunto y, que fruto de ello, se cuestione el mercado como mecanismo de funcionaimiento del sector eléctrico. En realidad, se trata de un supuesto de pizarra, santificado como informe, con tantas certezas en materia de información económica, como la que tenía Estados Unidos, sobre la tenencia por parte del gobierno iraquí de armas de destrucción masiva.