Parar la sangría

El gobierno aplica esta medida con el fin de empezar a atajar el galopante déficit de tarifa en la medida que las primas forman parte de los denominados costes regulados que se incluyen en el montante global del coste del suministro eléctrico. En todo caso, parece muy razonable que el déficit de tarifa se estudie desde una perspectiva de integración de todos los componentes que participan del suministro eléctrico. De facto, la medida supone dejar sin efecto el Plan de Energías Renovables aprobado por el anterior Ejecutivo y revisar el calendario de cumplimiento que estaba construido de forma lineal. Queda también por revisar la composición del mismo según tecnologías y primas aplicables, de forma que se consiga la máxima potencia renovable con los menores recursos, dado que la composición por tecnologías era muy onerosa para la tarifa, es decir, para el recibo que pagan finalmente los ciudadanos.
Por otra parte, la caída de la demanda, junto con el exceso de capacidad del parque de generación español dan margen al Ejecutivo para cumplir los objetivos de producción renovable comprometidos con la Unión Europea (superados en el PER), algo que parece que se agudiza si cabe con las nuevas previsiones de recaída y recesión de la economía española. Como inconveniente, la medida empezará a tener efectos a medio plazo frenándose el ritmo de entrada de nueva producción subvencionada y no se produce una rebaja de los costes regulados actuales. De hecho, los costes que están «esperando entrar en el recibo» son enormes dado el volumen de proyectos preasignados pendientes de entrar en operación. La medida, por tanto, puede ser insuficiente.
Esta decisión tiene una controversia entre quienes defienden un sistema de subvenciones e incentivos a ritmo galopante, aunque se incida en aumentar el exceso de capacidad instalada y la realización de inversiones ineficientes desde el punto de vista global de la consideración del sistema eléctrico y del coste del suministro. Para ello, ideológicamente, los sectores más radicales planteaban más costes regulados sobre la base de la expropiación de tecnologías y la ruptura del mercado de generación. Por su parte, más cautas, las asociaciones sectoriales renovables han centrado sus críticas en los efectos sobre el empleo. Las empresas eléctricas la han valorado bien, en la medida que el déficit de tarifa es financiado por las propias empresas hasta su titulización y por las dificultades que se aprecian para la adecuación de los precios de kilowatio a la realidad de los costes.
Semanas atrás ya había insistentes rumores que incorporaban el término «moratoria» en el lenguaje del sector renovable dentro de los planes del Ejecutivo. Faltaba por reconocer cuál iba a ser el formato final de la misma, sobre todo porque el término se acuñó en su momento con la moratoria nuclear que consistió en achatarrar las instalaciones que el gobierno ordenó construir en los años 80 por errores de cálculo en la demanda y hubo que abordar la compensación a las empresas titulares de las inversiones realizadas y abortadas en su momento. Una versión así hubiera sido mucho más invasiva, además de tener connotaciones negativas desde el punto de vista de la seguridad jurídica o haber sido necesario incurrir en indemnizaciones.
Con esta medida, el Gobierno tapona una herida que producía una sangría en los costes regulados que no tenía fin y, lo que es peor, que tampoco tenía mucho sentido. Era urgente y requería un Real Decreto Ley. Ahora, a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos.