Debate sin aliento

Recuperado el período de sesiones, esta semana entramos en la fase de tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley aprobado a finales de diciembre del año pasado y que se debatirá mañana en el Congreso. Recordemos que este Real Decreto Ley incorporaba varias medidas urgentes del sector eléctrico orientadas a rebajar el montante general de la factura eléctrica: la elevación del techo de déficit tarifario para 2010, un conjunto de pasos necesarios para garantizar la habilitación para la continuar con la titulización del existente, la creación de una tasa a la generación por el uso de la red de distribución, la asunción de la prolongación del bono social a cargo de las eléctricas y, en el caso de la energía solar fotovoltaica, el establecimiento de un límite de horas primadas a cambio del aumento de la vida útil de las instalaciones. Este límite entraría en vigor con el Real Decreto Ley y se aplicaría a todas las instalaciones en funcionamiento.
Como se puede comprobar por los medios de comunicación especializados, el punto que ha levantado mayor controversia y polémica son los cambios en algunos de los parámetros del modelo retributivo de la energía solar fotovoltaica, habiéndose producido una ofensiva importante desde las asociaciones fotovoltaicas en este mes, tanto en la negociación parlamentaria, con aproximaciones muy directas a los grupos nacionalistas, como en lo mediático. La campaña publicitaria salvaje, de corte fuertemente belicista y de trazo muy grueso contra la norma y contra el propio Ministro de Industria, Miguel Sebastián ejemplifican la artillería y los duros combates que se están produciendo en el campo de operaciones, de forma que a Sebastián le hacen responsable de todos sus males y de que, resultado de esta norma, llegue una hambruna a los titulares de estas instalaciones por la reducción de sus rentas, con unos comunicados de fuerte contenido emocional-financiero. La recién creada Anper y la Plataforma Legal Fotovoltaica han liderado esta reacción incendiaria. De hecho, mañana a las 15:30 está convocada una multitudinaria concentración en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, a la que acudirán propietarios, usuarios y asociaciones fotovoltaicas.
En este sentido, la controversia sobre la posible retroactividad de la norma hoy ya está en un número importante de bufetes de abogados de Madrid. Hay que recordar que los estudios de rentabilidad que sirvieron de base para fijar la retribución de esta tecnología, sí incorporaban límites de horas con primas a estas instalaciones, aunque en la actualidad se está liquidando muy por encima de esas estimaciones iniciales (una media de 1.700 horas frente a 1.200).
Por las fuentes judiciales consultadas, no existe consenso sobre las posibilidades jurídicas del recurso a la norma una vez aprobada, y de hecho, la utilización de la figura del Real Decreto Ley pone muy complicado al sector un proceso judicial posterior, lo que ha abocado a estas asociaciones a echar el resto en esta fase, redoblando su agresividad y conformando una reacción inusitada en la sociedad española. Por eso el objetivo principal en la estrategia de las mismas es la retirada del Real Decreto Ley y que se tramite como Ley.
La minoración final de la retribución a la tecnología solar fotovoltaica, fruto de estos cambios en los parámetros, según las estimaciones y el ejercicio de compensación entre reducción de horas y mayor número de años, es en conjunto menor a otros cambios retributivos operados en otras tecnologías en los últimos años. Razonablemente, los titulares de estas instalaciones quieren mantener el volumen de sus rentas, en el contexto de la situación de crisis y el resto de ajustes que se están produciendo en la economía española, en los salarios, en el empleo o, de forma más concreta, caída de la demanda, recortes en los componentes de las tarifas eléctricas y en los costes regulados que los consumidores soportan. Por su parte, asociaciones y entidades financieras destacan la existencia de problemas de seguridad jurídica y los mensajes que se derivan de estos cambios.
No solamente es que aspiren a mantener sus rentas, es que probablemente lo precisan para atender a sus compromisos. La clave de este problema y quién está detrás, es el modelo de financiación y apalancamiento sectorial lo que, asociado a la forma en que se ha articulado la promoción de los parques y distribución de la plusvalía generada, lleva a que los titulares finales de la explotaciones tengan muy pocos márgenes para poder asumir la carga financiera asociada o las posibilidades de periodificar de forma diferente los pagos que se derivan de su endeudamiento.
Hay que recordar que el volumen de primas a la energía solar fotovoltaica ha ido creciendo exponencialmente al aumento de la capacidad (concentrada en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-la Mancha y Andalucía) y que ha sido una constante la existencia de un importante volumen de nuevos proyectos «en cola» en el Ministerio: todo un símbolo de una retribución atractiva y, seguramente, desmedida, en la que ha operado por igual el interés de las Comunidades Autónomas y la indolencia continuada del Ministerio de Industria en su labor de vigilancia de estas primas. Un despiste, un mirar hacia otro lado, una molicie, que ha llevado a una situación insostenible y de consecuencias finalmente letales para el sector. El hecho es que Sebastián se ha encontrado en la fase final de este proceso, tardando en reaccionar, probablemente por las propias presiones autonómicas, por los intentos de consenso, las dificultades de negociación por la atomización del sector y por la utilización de fórmulas excesivamente indirectas en un primer momento que tratasen de evitar lo inevitable principal: frenazo en nueva capacidad y reducción de los parámetros de la retribución.
En otro orden de cosas, pero muy relacionado, sigue enfangado el proceso de inspección sobre las instalaciones fotovoltaicas iniciado por la Comisión Nacional de Energía y cuyos resultados se vendieron sobradamente desde este organismo antes de cazar el oso. Además, existen en un cierto limbo legal, procesos de repotenciación de instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, que han aumentado la producción, las primas y, en consecuencia, la rentabilidad de las instalaciones más que proporcionalmente. Hay quienes sostienen, incluso desde dentro del sector fotovoltaico, que la reducción del montante de primas que se derivaría de identificar las consecuencias de las irregularidades de las inspecciones sería suficiente como para ofrecer el sacrificio de la parte que les toca de una reducción del montante total de primas incorporado en la factura eléctrica.
España se debate por tanto, entre ajustar una retribución que tiene como restricción su dependencia financiera y la necesidad de controlar un modelo despendolado, a la vez que abaratar el suministro tras haber tenido un modelo de subvención pensado para una época de vacas gordas, incluyendo desorden y descuido. Por su parte, el Banco de España ya pone su atención en los activos fotovoltaicos financiados que figuran en los balances de las entidades financieras. Estemos atentos.