Una subida necesaria e insuficiente

La subida del precio de la electricidad fue el argumento recurrente en los medios de comunicación ayer. Evidentemente se apiñaron tres tipos de argumentos: el primero, el que señalaba que se trataba de la mayor subida en 28 años, al que se le podría añadir todos los argumentos del tipo, que la luz habría acumulado subidas de un 44% desde que comenzó la crisis; el segundo, la atribución de la subida al déficit tarifario acumulado (poniendo más énfasis en qué gobierno tiene más responsabilidad dependiendo del partido político emisor, es decir, quién puso más, Aznar o Zapatero, que decía la canción) y, finalmente, en tercer lugar, quienes atribuyen la misma a las primas a las renovables y su peso en el recibo de la luz. Un signo de que el debate es demagógico es que hasta Esperanza Aguirre se apunta a opinar.
Por reacciones, los consumidores están que braman y utilizan adjetivos de trazo grueso respecto a la subida: intolerable y desproporcionada, incitando a una respuesta ciudadana a través de las Asociaciones. Además en sus argumentaciones, utilizan las declaraciones unipersonales del Presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer contra el mercado eléctrico y los lamentables documentos emitidos por la CNE, el Informe de Costes y Precios y derivados, opúsculo de un sector ideológico retroprogresivo de la energía, nostálgico del franquismo y de la intervención paternal de precios, costes y retribuciones, que cuestiona el mecanismo de formación de precios a través del mercado, la liberalización del sector energético y las Directivas Europeas respecto al mercado de la energía, con argumentos teóricos, de presunta ‘justicia redistributiva intertecnológica’ (¿?) y sin información económica, financiera, contable y de los mercados y sus dinámicas.
En todo caso, es bueno recordar que los precios del mercado de generación en España hoy soy de los más bajos de Europa, mientras que las tarifas finales crecen sustancialmente y escalan posiciones en nuestro entorno gracias a los costes regulados (sobre los que estos colectivos, por cierto, no dicen ni pío, seguramente porque les molan más al ser discrecionales). Y, finalmente, para alimentar el mito de que África empieza en los Pirineos, en pocos países occidentales, cuando llegan las facturas pasadas y se ha estado mirando hacia otro sitio, aparecen cuestionamientos al mercado y enmiendas a la totalidad en los mecanismos de formación de precios por parte, primero, de algunos representantes institucionales poco responsables y, después y por extensión, de quien se apoya en sus argumentos.
Además, de forma paradójica, los medios de la derecha sociológica acuden a los criterios intervencionistas antiempresariales y antiliberales, de trazo y números gordos: las eléctricas distribuirán 4.500 millones de euros y siguen alimentado la idea de que el precio de la electricidad debe ser un precio intervenido políticamente como hizo Rodrigo Rato. En todo caso, estas cifras de dividendos se profieren de forma global, sin referencias a su volumen, margen de ingresos, rentabilidad, etc… Oportunamente se efectúa sin comparación. Y, es más, no se profundiza en si los resultados de nuestras compañías, fuertemente internacionalizadas, proceden del mercado español o son consolidados incluyendo sus filiales internacionales (a lo mejor nos podrían pagar el déficit tarifario los consumidores extranjeros). En un país con una concepción empresarial, que oscila entre el mayo del 68 y la guitarra o, en sentido contrario, modelo caciquil y en la capacidad de intervenir en su gestión o en sus nombramientos, todo alimenta a la hora de laminar los argumentos que nos recuerdan que hay que pagar las deudas pasadas y que hay que pagar el suministro energético al precio que cuesta. Por cierto, los accionistas, grandes y pequeños, ¿no son ciudadanos?
Uno a uno, de todos estos argumentos se podría decir lo siguiente:
Se trata de la mayor subida en 28 años: probablemente sea así, ¿y qué ha pasado con todas las decisiones precedentes tomadas en esos años y acumuladas de gobiernos de uno y de otro signo evitando y conteniendo artificialmente la subida para engañar a los españoles? Recordemos que nuestro país, sin tener fuentes de energía propia, se ha endeudado para pagar un suministro para evitar absorber que los consumidores asumieran ese precio. Franco hizo lo mismo, acumuló las subidas de los costes energéticos: el voluntarismo político no puede impedir que los precios al final se tengan que pagar.
El déficit. En segundo lugar, el déficit tarifario español es consecuencia de un conjunto de decisiones iniciadas por el Partido Popular y su política de ajustar los precios de la electricidad a la inflación (¿qué razón existe, si no política, para que el precio de un suministro o un bien o servicio se aleje de comportamientos de oferta y demanda, para seguir la senda administrativa de la decisión política del IPC? ¿Quedan liberales en el Partido Popular? ¿A eso se refiere en su caso Esperanza Aguirre?). Estas decisiones han ido sumándose a la política tarifaria de Zapatero, en sus seis años y medio de mandato y que, en su conjunto, han determinado un problema embalsado que había que afrontar irremediablemente. En todo caso, esta tarifa, con tener una subida considerable (para nuestras tradiciones) sigue siendo insuficiente.
El peso de las renovables en la tarifa: evidentemente nuestro país tiene que cumplir con unos criterios de eficiencia energética y generación limpia en 2020. La inversión en energías renovables y generación limpia es y ha sido necesaria, pero en su desarrollo han influido no sólo criterios económicos y medioambientales, sino intereses asociados a los mismos que han cebado la bomba y han disparado la factura desorbitadamente. Por tanto, lo primero es atajar el origen de los excesos en estas tecnologías garantizando su sostenibilidad económica y medioambiental. Se debe reflexionar sobre el coste y el volumen de determinadas tecnologías con primas muy altas, incorporando la posibilidad de una moratoria y de un frenazo en seco en la autorización de nuevas instalaciones, hasta que la demanda crezca, con sustanciales rebajas en las primas. A ello hay que incrementar los efectos de otra modalidad de subvención, el consumo obligatorio de carbón nacional para la producción de electricidad y el efecto sobre el resto de instalaciones de generación.
En todo caso, hay que volver insistir en por qué hoy que tenemos precios baratos en el mercado de generación (gracias a la abundancia, exceso de capacidad y diversificación tecnológica), siguen creciendo desbocadamente los precios para el consumidor: por la deuda, por la retribución del transporte y por las primas a las renovables. Es decir los costes regulados. Todo eso, se le debe explicar bien a los consumidores para que tengan una idea precisa y no ideológica de la razón de esta subida.
Conclusiones: La subida realizada es importante respecto a nuestra tradición de no hacerlas para no alborotar a los ciudadanos, haciendo un uso político de las mismas (tanto por parte del Partido Popular como del PSOE). La energía o cualquier suministro no sigue en su comportamiento de precios la senda del IPC. El voluntarismo político o la negación de la realidad acaba por aparecer. Los dos partidos son responsables de la situación actual: ninguno de ellos se puede desimplicar o hacer bandera política de la misma. La subida aprobada es insuficiente y seguramente se deberán producir más subidas de esta índole, lo que implica asumir con menos escándalo el problema, intentando objetivizar causas y responsables de las mismas en sus debidas proporciones. Nos hemos endeudado para no pagar la luz en su momento y hoy no caben excusas de mal pagador. El precio de la energía en el mercado mayorista en España es bajo. Los precios y tarifas a los ciudadanos empiezan a ser altos por los costes regulados (deuda, transporte y primas) y hay que ponerlos en observación en lugar de censurar el mercado. Se puede invertir en renovables pero con más ojo, más atención y menos despilfarro pensando en la factura energética global. Se debe pensar el mix energético futuro de forma que sea sostenible económica y medioambientalmente. La subida para los beneficiarios del bono social es neutra y la absorben las empresas. Un calendario creíble de subidas para la adecuación de la deuda tarifaria y el desfase existente no estaría mal. La no subida engaña a los ciudadanos, les hace consumir más y aumenta la deuda y las subidas futuras que tarde o temprano llegarán. La no subida no es una opción ya.
El Gobierno ha aguantado este primer envite y hay que confiar en que aborde el problema con determinación hasta su ajuste completo. Había preparado, en parte, el camino en la opinión pública con el decreto de Navidad contra las empresas eléctricas. Pero necesita una política energética que no tiene y, por su parte, el Partido Popular, además, de hacer bandera política y demagógica del problema, debe garantizar el mercado, la liberalización del sector y presentar sus propuestas para solucionarlo en lugar de inflamar a la opinión pública y ejercer de Don Tancredo. Es un partido de gobierno que debe ser responsable con soluciones y propuestas acordes con su capacidad de ser alternativa de gobierno.
En todo caso, hoy corresponde apoyar al Ejecutivo en una decisión que era irremediable y que, seguramente, es consecuencia de muchos errores políticos previos, inclusive de información, comunicación y concienciación.